El dinero que no encuentra dueño: la Justicia reabre el caso contra el exintendente de Laguna Larga

El exintendente de Laguna Larga, Fernando Boldú, volverá a ser investigado por lavado de activos. La Cámara Federal de Córdoba revocó el sobreseimiento que lo había dejado libre y ordenó reabrir la causa para determinar el origen de los 290 mil dólares que le hallaron en una caja de seguridad. La decisión, tomada el 3 de agosto, abre un nuevo capítulo en un expediente que lleva más de una década.

El caso se originó en 2014, cuando una investigación sobre la financiera CBI Cordubensis destapó que Boldú tenía una caja de seguridad con una cifra millonaria de procedencia dudosa. El dinero, en dólares, llamó la atención de la Justicia Federal, que sospechó que podría ser el resultado de maniobras ilícitas vinculadas a fondos públicos.

¿Por qué se cayó la primera imputación?

El fiscal federal Enrique Senestrari imputó a Boldú por lavado de activos en 2022, sosteniendo que los dólares provenían de sobreprecios y desvíos en transferencias nacionales al Eninder, un ente regional con sede en Villa María. Esa hipótesis se apoyaba en una causa que se tramitaba en Buenos Aires, a cargo del juez Daniel Rafecas, donde aparecían nombres de dirigentes nacionales y locales.

Sin embargo, en mayo de 2025, Rafecas cerró el expediente al considerar que no existió delito en las transferencias. Ese fallo impactó directamente en la causa cordobesa: el juez Miguel Vaca Narvaja, que llevaba el caso de Boldú, decidió sobreseerlo el 27 de junio de 2025, argumentando que si no había delito en el origen de los fondos, no podía sostenerse la acusación.

Pero Vaca Narvaja no cerró la puerta del todo: le pidió al fiscal que investigara otras líneas, como la versión de Boldú de que el dinero provenía de una herencia. Esa decisión, que pretendía ser un punto medio, no conformó a nadie.

Las apelaciones que cambiaron el rumbo

El fiscal Senestrari fue el primero en apelar, argumentando que no tenía sentido sobreseer a una persona y, al mismo tiempo, pedir que se siga investigando. "Dictar un sobreseimiento para luego abrir una nueva investigación sobre los mismos hechos y persona genera un riesgo de doble juzgamiento", cuestionó.

La defensa de Boldú también apeló, señalando que el juez ignoró pruebas que demostraban el origen lícito de los fondos. Y la Unidad de Información Financiera (UIF), que se presentó como querellante, sumó su reclamo: consideró que no se analizaron "pruebas fundamentales", como la sospecha de falsificación de un documento sucesorio.

Qué resolvió la Cámara

Los camaristas Eduardo Avalos, Liliana Navarro y Graciela Montessi coincidieron en que el sobreseimiento debía revocarse. En sus fundamentos, señalaron que el lavado de activos es un delito que presenta obstáculos en la investigación, pero que eso no impide avanzar. Además, citaron un precedente que sostiene que "el delito de lavado de dinero puede investigarse e incluso condenarse independientemente del proceso correspondiente al delito previo".

También remarcaron que "el debilitamiento de la hipótesis inicial vinculada a la obra pública no autoriza el cierre del proceso si persisten indicios de otros posibles orígenes delictivos". En consecuencia, ordenaron al juez instructor completar la investigación con celeridad y dictar una nueva resolución.

Mientras tanto, el intendente de Villa María, Eduardo Accastello, que figuraba como autorizado para extraer dinero de esa caja de seguridad, no fue imputado ni investigado, ya que el titular era Boldú.

Así, la Justicia Federal de Córdoba retoma el rastro de esos 290 mil dólares, que tras más de una década de expedientes, aún no tienen una explicación definitiva.