El disparo en la cabeza no fue el final: qué resolvió la Justicia con el acusado

La muerte de José Mariano Rivera, quien agonizó ocho días en terapia intensiva tras recibir un balazo en la cabeza, cambió por completo el escenario judicial para el hombre acusado de dispararle. La Justicia dejó atrás la figura de tentativa y ahora lo investiga por homicidio consumado, con una consecuencia inmediata: deberá seguir detenido, pero ya no en su casa.

La audiencia se concretó este miércoles, después de que se confirmara el deceso de Rivera, herido el 12 de octubre en Centenario. La fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, junto a la asistente letrada Agustina Jarry, pidió que el imputado —identificado con las iniciales H.E.A.C.— pase a prisión preventiva por dos meses. El juez Luciano Hermosilla aceptó el planteo.

El ataque

Todo ocurrió en la calle Santa Teresa de Jesús, a metros de la intersección con Cuba, en Centenario. Según la reconstrucción de la Fiscalía, el acusado y Rivera habían protagonizado una discusión previa. Luego, la víctima se retiraba del lugar a bordo de una camioneta Toyota Hilux junto a un amigo cuando H.E.A.C. comenzó a perseguirlo a pie.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el imputado habría efectuado al menos tres disparos contra el vehículo. Uno de los proyectiles impactó en la región parietal derecha de la cabeza de Rivera, que perdió el conocimiento y el control de la camioneta. El rodado terminó estrellándose contra el paredón de una vivienda.

La gravedad de la herida obligó a un traslado de urgencia al hospital de Centenario y, por su estado, luego fue derivado al Hospital Castro Rendón de Neuquén capital. Rivera permaneció internado en terapia intensiva durante varios días. El 20 de octubre se constató su muerte cerebral y posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Qué cambió con la muerte de la víctima

Hasta ese momento, H.E.A.C. estaba imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, porque Rivera seguía con vida. Con el deceso, la fiscal Inaudi reformuló los cargos y solicitó que el hecho se investigue como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor. La nueva calificación se encuadra en los artículos 79, 41 bis y 45 del Código Penal.

En la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la investigación reúne elementos que respaldan la hipótesis acusatoria. Mencionó registros de cámaras de seguridad que muestran al imputado corriendo detrás de la camioneta y haciendo movimientos compatibles con la ejecución de disparos. También se secuestraron durante los allanamientos prendas de vestir que coincidirían con las observadas en las filmaciones.

Sin embargo, el arma que habría sido utilizada en el ataque todavía no fue encontrada. Otro punto pendiente es la autopsia: al momento de la audiencia no se había realizado debido a las intervenciones vinculadas con la ablación de órganos de la víctima.

La defensa no se opuso a la reformulación de los cargos. Por eso, el juez Hermosilla tuvo por modificada la imputación, que ahora contempla el homicidio consumado y el agravante por el uso de un arma de fuego.

Por qué pidieron la prisión preventiva

Además de cambiar la calificación legal, la Fiscalía solicitó que el acusado deje la prisión domiciliaria que cumplía y pase a una unidad de detención bajo el régimen de prisión preventiva. Inaudi fundamentó el pedido en el agravamiento de los cargos y en el aumento de la pena que podría recibir en caso de ser condenado. También advirtió sobre el riesgo de fuga.

Entre sus argumentos, señaló que el imputado tiene un arraigo precario en el país y que pesa sobre él una orden de expulsión que todavía podía apelar. A esto sumó que no había sido localizado durante los primeros allanamientos de la investigación.

La fiscal también planteó una dificultad concreta para sostener la medida vigente: la propietaria de la vivienda donde H.E.A.C. cumplía la prisión domiciliaria comunicó, el día anterior a la audiencia, que ya no quería alojarlo. Ante la falta de otro domicilio disponible, el Ministerio Público Fiscal consideró que no estaban dadas las condiciones para mantener la detención bajo esa modalidad.

La defensa, por su parte, aclaró que la pérdida de la vivienda no se produjo por un incumplimiento de las condiciones impuestas al acusado. Según explicó, la decisión de la propietaria estuvo relacionada con lo ocurrido y adelantó que intentaría conseguir otro lugar donde pudiera cumplir la medida.

La resolución del juez

Tras escuchar a ambas partes, el juez Luciano Hermosilla resolvió que el acusado pase a prisión preventiva por dos meses. Para decidir, consideró que la muerte de Rivera y la modificación de la calificación legal incrementaron el riesgo de fuga. Así, hizo lugar al pedido de la fiscal Inaudi y de la asistente letrada Agustina Jarry.

El plazo dispuesto mantiene el período establecido originalmente el 16 de octubre, cuando se había ordenado la medida cautelar en el marco de la investigación. La causa continuará con la nueva imputación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, mientras la Fiscalía avanza con la investigación para reunir y analizar las pruebas relacionadas con el ataque ocurrido en Centenario.