El DNU migratorio en la mira: una abogada salteña revela los puntos más polémicos

El Gobierno nacional sacudió el tablero migratorio con un Decreto de Necesidad y Urgencia que reforma la Ley de Migraciones. La abogada salteña Luciana Barrios, especialista en Derecho Público, analizó los cambios y dejó en claro qué puede pasar con los extranjeros.

La medida ya está vigente, pero todavía falta su tratamiento en el Congreso. Mientras tanto, las dudas crecen: ¿cuándo pueden expulsar a alguien? ¿Qué conductas se consideran "declaraciones de odio"? La especialista respondió en el programa Somos la Mañana.

¿Qué dice el decreto?

El DNU introduce nuevas causales para cancelar residencias o impedir el ingreso al país. Entre ellas figuran las declaraciones de odio contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad, la instigación a la violencia y los actos de ultraje contra símbolos patrios como la bandera o el himno.

Sin embargo, Barrios marcó una alerta: el principal desafío será determinar cuándo una conducta realmente encuadra en esos supuestos. "El problema más complejo es cómo se va a constatar qué son declaraciones de odio y cómo se va a encuadrar jurídicamente una conducta", señaló.

¿Crítica u odio?

La especialista fue tajante: expresar una opinión política no implica automáticamente una causal de expulsión. "No es lo mismo no estar de acuerdo con el presidente Javier Milei o con una política del Gobierno que realizar una declaración de odio contra toda la nacionalidad argentina", explicó.

Además, recordó que Argentina ya tiene leyes que sancionan conductas discriminatorias y que cualquier aplicación del DNU debe respetar el ordenamiento jurídico y las garantías constitucionales.

¿Cómo serían las expulsiones?

Barrios aclaró que la Dirección Nacional de Migraciones no actúa sola: necesita el apoyo de fuerzas de seguridad como Gendarmería, la PSA o la Policía Federal. En los traslados aéreos se usa un sistema llamado "carga pública", donde las aerolíneas reservan plazas para estos procedimientos.

El decreto ya rige, pero todavía debe pasar por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y luego por ambas cámaras. La especialista advirtió que no hay plazo obligatorio para que el Congreso se expida, por lo que la discusión podría estirarse por meses.

Mientras tanto, el debate está servido: algunos piden endurecer los controles, otros alertan sobre el riesgo para la libertad de expresión. Lo cierto es que el nuevo régimen ya está en marcha y sus efectos recién empiezan a notarse.