El DNU que reordenó el poder: los 9 sectores que quedaron sin protección

El decreto de necesidad y urgencia 70/2023 no fue solo un ajuste. Según el análisis de El Destape, el gobierno de Javier Milei avanzó con una norma que retiró protecciones legales, redujo la intervención del Estado y amplió la libertad de contratación y comercialización en beneficio de los sectores más fuertes de la economía.

El texto, redactado por abogados externos coordinados por Federico Sturzenegger —un economista que ni siquiera tenía contrato con el Estado como asesor—, fue concebido como una reforma constitucional encubierta. La pregunta que sobrevuela es quién perdió derechos y quién ganó ventajas que se multiplicaron en más ingresos, más patrimonio y más poder de mercado.

A continuación, un repaso por los cambios y consecuencias que dejó el DNU en nueve frentes clave.

1. Consumidores: sin red frente a las empresas

El decreto derogó la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y el Observatorio de Precios. Con esas herramientas fuera del tablero, el Estado perdió capacidad para intervenir ante desabastecimiento o distorsiones de precios, y desaparecieron las reglas que limitaban la ocupación de góndolas por parte de los grandes proveedores.

Supermercados, fabricantes y cadenas ganaron libertad para fijar condiciones de venta. Las empresas con más escala y poder de negociación refuerzan su ventaja sobre los pequeños productores. El resultado: un consumidor más expuesto a los abusos del mercado.

2. Inquilinos: la estabilidad pasó al propietario

La derogación de la Ley de Alquileres eliminó el plazo mínimo legal de tres años, la actualización anual obligatoria y otras condiciones protectoras para los contratos nuevos. Ahora los propietarios negocian plazos, aumentos, índices y moneda de pago.

Con mucha demanda y pocas viviendas accesibles, la libertad contractual favorece a quien tiene el inmueble frente a quien necesita un techo. Los dueños de varias propiedades pueden ampliar sus ingresos según precios, ocupación y costos. La consecuencia es más incertidumbre contractual y una porción creciente del ingreso familiar destinada a vivienda.

3. Trabajadores: la reforma laboral antes de la ley

El capítulo laboral del DNU fue invalidado por la Justicia, pero varios de sus temas pasaron a formar parte de leyes específicas, como la Ley Bases y la Reforma Laboral. Aun así, hay normas incluidas en el decreto que siguen vigentes, como la eliminación de multas a la contratación de empleo informal, y la informalidad laboral crece de manera sostenida durante el gobierno de Milei.

El perjuicio previsto originalmente incluía ampliación del período de prueba, cambios en indemnizaciones y registración laboral, y restricciones a determinadas medidas de acción sindical. El beneficio buscado: menos costos de contratación, despido y conflicto para los empleadores, con más margen de decisión frente a trabajadores con poca capacidad individual de negociación. Si ese ahorro no se traduce en salarios más altos, más empleo o precios más bajos, engorda márgenes empresarios.

4. Salud: prepagas con precios libres

La modificación de la Ley de Medicina Prepaga y la eliminación de controles sobre las cuotas derivaron en aumentos significativos, deterioro de la capacidad de pago y riesgo de perder la cobertura. Las empresas ganaron libertad para fijar precios y trasladar costos, y una parte mayor del ingreso familiar fluye hacia ellas.

En abril de 2024, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia halló indicios preliminares de coordinación de precios entre grandes prepagas. El Gobierno ordenó recalcular las cuotas de un grupo de empresas que reunía cerca del 75% de los afiliados. Liberar precios en un mercado concentrado expone a los usuarios y obliga al Estado a intervenir después.

5. Producción nacional y pymes: menos protección

La derogación parcial del régimen de Compre Argentino y de promoción industrial, junto con cambios en el comercio exterior, dejó a las pymes sin instrumentos que favorecían a proveedores nacionales en ciertas contrataciones y actividades.

Grandes compradores e importadores ganaron libertad para elegir proveedores. Las compañías con financiamiento, escala y redes internacionales aprovechan la apertura mejor que la pequeña industria. El debilitamiento de los proveedores locales, junto a la apertura importadora, provocó un industricidio de más de 30 mil empresas en la era Milei.

6. Tierras rurales: el límite que detonó la calle

El artículo 154 deroga la Ley de Tierras 26.737, que establecía límites a la propiedad extranjera de tierras rurales y una herramienta de control sobre el territorio. Sin esos topes, los grandes capitales pueden adquirir tierras con riesgo de acumulación en pocos grupos y más dificultades de acceso para el productor chico.

La Corte Suprema primero habilitó y diez días después suspendió de forma provisoria los efectos del artículo 154. En esa ventana de oportunidad, inmobiliarias y particulares pusieron en venta miles de hectáreas en todo el país. El miércoles 14, en la jornada previa a la sesión especial y la marcha convocada para reclamar la derogación del DNU, el gobierno giró a contramano de sí mismo e incluyó un artículo que ratifica los límites de la Ley de Tierras. La intención: desinflar la marcha en contra. La trampa: quienes pretendan saltear la ley cuentan con dos mecanismos posibles, obtener por 350 mil dólares el Pasaporte de Oro que promociona el gobierno, o antedatar operaciones de compra a las fechas comprendidas por la ventana abierta por la Corte.

7. Empresas públicas: negocio llave en mano

La transformación de empresas estatales en sociedades anónimas y la eliminación de ciertas prerrogativas públicas debilitaron instrumentos de gestión con objetivos sociales, territoriales o estratégicos. Activos públicos sensibles y estratégicos, como la provisión de energía y el acceso al agua, pasaron a manos de grandes grupos económicos hiperconcentrados, con ganancias garantizadas por subas de tarifas y condonaciones de deuda otorgadas por el Estado disminuido.

8. Tarjetas de crédito: libertad para la usura

Las modificaciones a la Ley de Tarjetas de Crédito y la eliminación de ciertos límites y regulaciones dejaron a los usuarios más expuestos a tasas, cargos y condiciones contractuales. Las entidades financieras ganaron libertad para fijar condiciones, y los costos financieros pueden operar como una transferencia desde consumidores endeudados hacia bancos y emisoras.

El resultado es más vulnerabilidad para los hogares que financian consumos cotidianos con crédito, sobre todo si sus ingresos no acompañan el costo de la deuda.

9. Producciones regionales: asimetrías en la cadena

La derogación o modificación de normas de actividades como la vitivinicultura, la yerba mate y el azúcar dejó a los pequeños productores sin mecanismos específicos de regulación y coordinación sectorial. Los grandes operadores ganaron margen para organizar producción, comercialización y contratación, y las empresas integradas pueden imponer condiciones a quienes dependen de pocos compradores. El riesgo es que se profundicen las asimetrías dentro de las cadenas productivas.

Con las evidencias y la experiencia a la vista, los diputados tendrán este jueves la oportunidad de darle punto final al DNU, que ya cuenta con derogación parcial del Senado. Quienes no lo hagan, según el análisis, deberán ser considerados cómplices activos y a conciencia de un plan injusto y cruel.