El doble discurso minero: promesas en fotos, demoras en los escritorios

Mientras los funcionarios posan en ferias internacionales con ejecutivos de primer nivel, el Ministerio de Minería de Catamarca se convirtió en un laberinto donde los expedientes duermen años. La provincia que promete desarrollo es la misma que ahuyenta a los inversores con trámites eternos.

El contraste es tan marcado que ya tiene nombre propio entre los operadores del sector: la máquina de impedir. Una estructura que, según denuncian empresarios y apoderados, trata con rigor a las pequeñas y medianas empresas pero allana el camino a los gigantes como Rio Tinto y Zijin-LIEX.

La promesa de los 60 días que se convierte en dos años

El Código de Procedimientos Mineros, reformado en 2020 durante la gestión de Raúl Jalil, establece un plazo de 60 días para que el Ministerio de Minería emita la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desde que una empresa presenta su Informe de Impacto Ambiental (IIA). Sin embargo, el promedio real ronda los dos años.

El caso de la reactivación de Bajo La Alumbrera es un ejemplo elocuente. Minera Alumbrera Ltd., controlada por Glencore, y su concesionaria YMAD presentaron el 11 de diciembre de 2025 la novena actualización del IIA para la etapa de explotación. En la audiencia pública del 17 de abril en Andalgalá, que duró cerca de 11 horas, el informe recibió observaciones formales del municipio, del intendente Eduardo Córdoba y de la comunidad. La ministra Olga Teresita Regalado ordenó una nueva versión.

La empresa hizo las correcciones y el 30 de abril de 2026, Regalado firmó la resolución que aprobó el informe y la DIA, publicada en el Boletín Oficial el 8 de mayo. Casi cinco meses de trámite para un proyecto con dos décadas de aprobaciones ambientales previas. Además, el Gobierno comprometió a la minera a un aporte extraordinario de 5.500 millones de pesos para obras viales y dos tomógrafos.

Pampa Exploración: un año y medio sin respuesta

Menos conocido pero más alarmante es el caso de Pampa Exploración, que obtuvo un permiso de exploración de la estatal CAMYEN sobre el antiguo proyecto Filo de las Vicuñas, en Tinogasta. La empresa presentó su IIA a principios de 2025 y, un año y medio después, sigue sin respuesta. Para el ministerio, el trámite está en plazo.

La demora tiene nombre y apellido: la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM), el organismo que evalúa cada informe antes de que la ministra firme la DIA. Un pequeño empresario la define como “el gran filtro”, integrado por “chicos macanudos, pero tapados de expedientes y temerosos de mandarse macanas”.

En el centro de la crítica aparece Mercedes Pereyra, estudiante avanzada de Ingeniería en Minas de la UNCA, que figura como técnica de la DIPGAM y es quien aconseja aprobar o rechazar los proyectos. “Es muy buena persona, pero demora una eternidad para aprobar”, señaló el empresario, que atribuyó el problema a la falta de formación del equipo.

El miedo a firmar y la falta de criterio

El temor a decidir es una constante en la estructura ministerial. “Aquí está en juego mi firma”, repite la ministra Regalado ante cada expediente de peso. Ese exceso de precaución se traslada hacia abajo. “A Teresita y Velazco les falta criterio práctico. Tienen una formación profesional sólida, pero carecen de sentido común para resolver”, planteó el empresario, en referencia a la secretaria de Desarrollo Minero, Antonella Velazco.

El cuestionamiento central no es solo la lentitud, sino la parcialidad. Mientras a las pymes se las somete a un escrutinio eterno, los proyectos de litio de Rio Tinto y Galan Lithium avanzan sin sobresaltos. La sospecha de connivencia con los grandes jugadores se refuerza con un dato: el director de la Policía Minera, Luciano Morcos, trabaja en la consultora R&R Mediciones, cuyo dueño es Carlos Regalado, hermano de la ministra.

El episodio de los catorce mineros varados en la Puna, cuatro al borde de la muerte tras tres noches a -15°, evidenció la inacción de la Policía Minera. El temporal estaba anunciado desde la semana anterior.

Salta y San Juan, el espejo que duele

Mientras Catamarca demora, sus vecinas avanzan. El secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo, aseguró que esa provincia tiene 34 proyectos en exploración avanzada y que ningún expediente permanece más de cuatro semanas en la Secretaría. San Juan concentra el mayor volumen de inversión bajo el RIGI: 13.473 millones de dólares, seguida por Salta y recién en tercer lugar Catamarca, con 1.531 millones.

“En lugar de haber 100 empresas explorando en Catamarca, no llegamos a la docena. Los inversores se decepcionan y se van a Salta o Jujuy”, resume un apoderado de varias empresas mineras.

La provincia parece haber construido su propia versión de la “máquina de impedir”, el concepto que Emilio Perina acuñó en 1981 para describir al Estado que frena el progreso. Mientras tanto, las autoridades siguen posando para la foto con ejecutivos angloparlantes y prometiendo empleo de calidad. El doble discurso está a la vista: hablan maravillas de la minería, pero mantienen un equipo que solo sabe frenarla.