El doble frente judicial de los abogados ambientalistas: de Comodoro a Malvinas

La misma organización que pelea en la Justicia por el pasivo ambiental que dejó la explotación petrolera en Comodoro Rivadavia ahora apunta a otro objetivo: frenar el proyecto offshore Sea Lion, en aguas cercanas a las Islas Malvinas. La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, junto al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), presentó una acción preventiva de daño ambiental y soberano de incidencia colectiva contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas.

No se trata de una misma causa, sino de una misma estrategia: usar las herramientas judiciales para intervenir sobre los efectos de la actividad petrolera. En un caso, frente a un daño ya acumulado durante décadas; en el otro, antes de que una nueva explotación comience a generarlo.

De un daño ya hecho a uno que intentan evitar

En Comodoro, el amparo cuestiona el acuerdo por el cual la Provincia liberó a YPF de responsabilidades sobre los pasivos ambientales históricos. La presentación exige que la empresa mantenga sus obligaciones de recomposición. En Malvinas, en cambio, el planteo es preventivo: sostienen que el proyecto avanza sobre territorio que consideran argentino y sin autorizaciones del Estado nacional.

Por eso piden que la Justicia ordene abstenerse de realizar obras, perforaciones, movimientos del lecho marino y tendido de tuberías, y que impida el inicio de la extracción de hidrocarburos. La demanda suma además un frente financiero: que se frenen contratos y desembolsos destinados al proyecto, y que se informe de la existencia del litigio a organismos financieros y bolsas internacionales.

“Necesitamos frenar los créditos”

En diálogo con Actualidad 2.0, por radio Del Mar, la abogada Romina Araguás explicó que el objetivo no termina en una orden judicial contra las operaciones. “Necesitamos frenar los créditos”, sostuvo, en referencia al financiamiento que requiere un proyecto offshore de esta magnitud. La estrategia busca alcanzar a los bancos y organismos que puedan aportar los recursos para su ejecución.

La demanda solicita que una eventual resolución favorable sea comunicada a organismos internacionales y a las empresas involucradas. Los impulsores creen que la vía judicial argentina puede abrir una discusión en ámbitos internacionales.

La crítica al anuncio de Milei

Araguás también cuestionó el reciente cambio de posición del Gobierno nacional sobre la explotación de hidrocarburos en Malvinas. Sostuvo que existen herramientas legales para intervenir y que no fueron utilizadas hasta ahora. Mencionó la llamada “Ley Solanas” (26.659), que establece sanciones a empresas que exploten recursos sin permiso del gobierno argentino, y recordó que ya hay una denuncia penal contra un proveedor que, según indicó, participa tanto en Vaca Muerta como en Sea Lion.

Además, puso en duda el carácter del anuncio presidencial. “Se ve que hay un cambio de paradigma”, planteó, aunque interpretó que la decisión responde “más a una política de campaña que a una acción soberana”. Para los demandantes, la discusión no es solo ambiental: el escrito plantea un “doble” daño, sobre los ecosistemas marinos y sobre la soberanía argentina en el área.

Una primera definición, en los próximos días

La presentación se realizó ante el Juzgado Federal de Río Grande. Según Araguás, la jueza ya dio intervención al fiscal, que deberá dictaminar sobre la competencia y el carácter colectivo de la acción. Los demandantes esperan además una definición sobre la medida cautelar solicitada para intentar detener el avance del proyecto mientras se sustancia la causa. Por eso, anticipó que podría haber “alguna novedad durante los próximos días”.

Así, mientras en Comodoro el reclamo busca que YPF —o, en su defecto, el Estado nacional— repare los daños ambientales, en Malvinas la misma organización intenta que la Justicia intervenga antes de que una nueva explotación petrolera llegue a producirlos.