El doble juego de Clarín y Manzano: medios para conquistar servicios públicos

Dos de los grupos empresarios más poderosos de la Argentina, Clarín y Vila-Manzano, acaban de dar pasos clave para quedarse con servicios públicos esenciales, mientras sus medios de comunicación funcionan como una herramienta para presionar por tarifas y legitimar sus negocios.

La pregunta parece obvia pero no lo es: ¿los medios de comunicación existen para informar o para servir de trampolín hacia otros negocios mucho más rentables? Esta semana, dos gigantes locales confirmaron que su verdadero negocio no está en el periodismo.

Por un lado, el Grupo Clarín avanzó en la fusión de Telecom y Telefónica para controlar las telecomunicaciones. Por el otro, el Grupo Vila-Manzano, ya dueño de Edenor, compró Metrogas y su socio Mauricio Filiberti está listo para quedarse con el agua de Aysa.

El poder detrás de los medios

Detrás de esta movida están Daniel Vila y José Luis Manzano, dos mendocinos con una historia ligada al poder político. Manzano, ex ministro del Interior de Menem, quedó inmortalizado por su frase “yo robo para la corona”. Hoy, su grupo controla medios como América TV, A24, radios y portales, pero su verdadera fortuna proviene de servicios regulados por el Estado.

En 2020, el consorcio Manzano-Vila-Filiberti se quedó con Edenor, la distribuidora eléctrica más grande del país. Ahora, con la compra de Metrogas, suman el gas a su imperio. Y con Filiberti como único proveedor de cloro para Aysa, el agua parece el siguiente paso.

“Las operaciones de Metrogas y Telecom-Telefónica no pueden leerse sólo como negocios privados: expresan una nueva ronda de concentración cruzada entre infraestructura esencial, telecomunicaciones y medios, con efectos directos sobre la competencia, la libertad de expresión y la calidad democrática”, advierte Luis Lozano, doctor en Derechos Humanos y profesor de la UBA.

La ley que prohíbe este negocio

Esta situación no es nueva ni casual. La Ley de Medios Audiovisuales, en su artículo 25, prohíbe expresamente que los dueños de medios tengan acciones en empresas de servicios públicos. La norma, que resistió los intentos de derogación durante el gobierno de Mauricio Macri, establece que una licencia de radio o TV es incompatible con ser accionista de una concesionaria de servicios públicos.

Martín Becerra, investigador del Conicet y la UBA, explica: “La propiedad cruzada entre empresarios de servicios públicos y medios de comunicación es problemática porque reduce la posibilidad de acceso a la información sobre el funcionamiento de esos servicios públicos en la población”.

La historia se repite

Esta estrategia no es nueva. En los años 90, Carlos Menem entregó Canal 13 al Grupo Clarín después de “sanearlo”. El propio Héctor Magnetto, CEO de Clarín, celebró la privatización en una entrevista con Bernardo Neustadt, donde dejó claro que la relación entre medios y poder es “no fácil”.

Hoy, con la gestión de Javier Milei, la historia se repite con Metrogas. Las tarifas de gas en AMBA subieron un 2.185% y las de electricidad un 568%, según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-CONICET. Y justo antes de la venta, Metrogas volvió a repartir dividendos después de 25 años.

“Todo su recorrido solo es explicable a partir de la privatización de los recursos públicos”, sostiene el politólogo Iván Schuliaquer. “Si el Estado argentino fuera propietario de la electricidad, del gas y de las telecomunicaciones, como pasa en Uruguay, estos actores no serían tan poderosos”.