El documento británico que respalda a las empresas en Malvinas y la advertencia que esconde

El gobierno del Reino Unido publicó este martes una guía oficial titulada “Doing Business with the Falkland Islands” (“Haciendo negocios con las Islas Malvinas”), disponible en el sitio gov.uk. Se trata de la primera respuesta oficial de Londres después de que el presidente argentino Javier Milei anunciara un endurecimiento de las sanciones contra empresas vinculadas a la pesca y al petróleo en el archipiélago.

En lo central, la guía afirma que “el Gobierno del Reino Unido apoya toda actividad económica legítima en las Islas Malvinas y celebra el interés y la participación continuos del sector privado”. Está dirigida a las empresas que desarrollen actividades comerciales, que suministren bienes o servicios al archipiélago, o que participen de cualquier modo en el desarrollo de su economía, incluida la explotación de sus recursos naturales.

Soberanía y autodeterminación

Como siguiente punto clave, la guía se refiere a la soberanía de la isla y la autodeterminación de sus habitantes. El documento reafirma la postura histórica de Londres: “El Gobierno del Reino Unido no tiene ninguna duda sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas y las áreas marítimas circundantes. No discutiremos la soberanía a menos que y hasta que los isleños así lo deseen”.

A la vez, remarca que está “comprometido con apoyar el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a la autodeterminación”, y cita como base legal el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas y los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales.

Hidrocarburos y rechazo a la jurisdicción argentina

La guía sostiene que “el Gobierno del Reino Unido apoya el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, para su propio beneficio económico”, y aclara que esa actividad en la plataforma continental “está regulada bajo la legislación de las Islas Malvinas”, en línea con la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.

Sobre los reclamos argentinos, es categórica: “Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Malvinas ni a aplicar su legislación interna dentro de las Islas”, ni sobre las empresas o particulares que operen vinculados a ellas. También minimiza el efecto de las sanciones que reactivó Milei: señala que esas medidas “no han impedido que los habitantes de las Islas desarrollen una economía exitosa”.

Asesoramiento legal y respaldo de la FCDO

El texto advierte que algunas empresas podrían recibir comunicaciones o amenazas de acciones legales de las autoridades argentinas, y en ese caso recomienda que “obtengan asesoramiento jurídico independiente sobre sus circunstancias particulares”.

La Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) pone además a disposición un contacto directo y se compromete a “dejar clara su posición directamente ante cualquier empresa que busque garantías”, incluso si la presión sobre esa firma se produce en un tercer país.

La postura argentina

La guía británica se conoció poco después de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmara este martes que el Gobierno ampliará las denuncias contra las empresas y también contra particulares que lleven a cabo actividades en las Islas Malvinas que atenten contra la soberanía argentina.

“Se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías. El gobierno nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para sancionar e impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos y la soberanía de la Argentina sobre las islas”, aseveró el funcionario en conferencia de prensa.

Por estas horas, la Casa Rosada define el borrador de una nueva ley que defienda la soberanía argentina en las islas y refuerce las sanciones a las empresas que operen en Malvinas sin autorización argentina.