El documento que la Defensoría llevó a la Justicia para frenar el nuevo cuadro de Zona Fría
La Defensoría del Pueblo de Mar del Plata presentó un amparo colectivo contra el Estado nacional y Camuzzi para frenar los cambios en Zona Fría. Pidió una cautelar y apuntó contra los criterios de exclusión que podrían dejar a miles de usuarios sin el subsidio. ¿Qué pasará con las facturas?
La reforma al régimen de Zona Fría ya fue promulgada por el Ejecutivo, pero la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata no se quedó de brazos cruzados. El organismo presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal para que los usuarios del distrito no pierdan los beneficios tarifarios que venían recibiendo.
La demanda tiene un destinatario múltiple: apunta contra el Estado nacional —a través del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege), el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía— y también contra la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana.
Qué pide la Defensoría
El primer pedido es una medida cautelar que impida aplicar las nuevas restricciones mientras se resuelve el fondo de la cuestión. La intención es clara: preservar las condiciones actuales del beneficio y evitar que los marplatenses tengan que pasar por los filtros del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para conservar la bonificación.
El segundo reclamo apunta al proceso. La Defensoría exigió que el ente regulador no pueda autorizar nuevos cuadros tarifarios sin convocar antes a una audiencia pública, para que los usuarios tengan voz en las decisiones que impactan directamente en sus facturas.
El argumento de la igualdad ante la ley
Uno de los ejes centrales del planteo es la comparación entre regiones. La Defensoría sostiene que la nueva normativa introduce diferencias injustificadas entre zonas con características climáticas similares: mientras los habitantes de Mar del Plata quedarían sujetos a condiciones patrimoniales para mantener el subsidio, en la Patagonia el acceso seguiría siendo automático.
Esa desigualdad, según el organismo, no resiste el principio constitucional de igualdad ante la ley.
Los criterios que encienden la alarma
El escrito también apunta contra los criterios de exclusión de la Disposición 2/2026. Entre los parámetros cuestionados aparecen la posesión de un vehículo de menos de tres años de antigüedad y la titularidad de tres inmuebles.
Sobre este último punto, la presentación advierte que la cuenta puede alcanzarse con facilidad al contabilizar por separado una vivienda, una cochera y una baulera. Para la Defensoría, esos parámetros pueden dejar sin asistencia a hogares cuyos ingresos no reflejan una capacidad económica real para afrontar el costo del servicio.
El mecanismo que quieren declarar inconstitucional
El último pedido es que se declare inconstitucional el mecanismo que permite trasladar directamente a las facturas el costo de adquisición del gas, sin garantizar una instancia obligatoria de consulta pública.
Con el amparo ya en manos de la Justicia Federal, la pelota pasa al tribunal. Si la cautelar prospera, los usuarios de Mar del Plata mantendrán el beneficio tal como lo conocían hasta ahora. Si no, deberán atravesar el nuevo esquema de filtros para conservar el subsidio.