El drama de la ruta 151 llegó al Congreso: intendentes pampeanos denuncian el desvío de fondos y el abandono total

La ruta nacional 151, el corredor que une Cuyo con la Patagonia, se convirtió en el centro de un escándalo político. Intendentes pampeanos denunciaron en la Cámara de Diputados que los fondos para su mantenimiento fueron desviados y que el estado de la calzada es crítico.

Oscar Gatica, de Algarrobo del Águila, y Mario Rebolledo, de Puelén, expusieron ante la Comisión de Obras Públicas, invitados por el diputado Ariel Rauschenberger. Junto a la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, convocada por Martín Aveiro y Martín Soria, relataron el abandono que sufre una vía clave para el transporte y la economía regional.

Una historia de promesas incumplidas

Gatica repasó la historia de la ruta: “En 2010, 2011, 2012 se terminó la repavimentación de la 143, que viene de Mendoza y se une a la 151. El gobierno de Cristina licitó y adjudicó los tramos pampeanos para 2015, pero con Macri se paró la obra”. Luego, dijo, la empresa adjudicataria tuvo problemas financieros y recién con Alberto Fernández se retomó, aunque la pandemia la detuvo casi dos años. “El plazo era diciembre de 2025, pero con el cambio de gobierno se pararon todas las obras públicas”, agregó, y aseguró que “desde ahí se profundizó el deterioro”.

“Es una burla”

El intendente fue contundente: “Los fondos están. La recaudación se hizo según la legislación, pero no se puso a disposición de Vialidad”. Criticó al Ministerio de Economía por el desvío del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y lo calificó como “una burla”. “A todos los argentinos nos obligan por ley a aportar cada vez que cargamos combustible, pero falta voluntad política para llevar esos recursos a donde deben ir”, sostuvo.

Gatica mencionó que el transporte de arena por las rutas pampeanas aumentó y que “cada vez se va profundizando el deterioro”. “Es indignante la situación que se vive en el interior”, finalizó.

El reclamo en el Congreso

La reunión de la comisión de Obras Públicas, marcada por la ausencia de La Libertad Avanza, visibilizó la preocupación por el destino del ICL. La diputada Victoria Tolosa Paz destacó un amparo colectivo presentado ante la Justicia Federal platense para intimar a Luis Caputo, a Darío Wasserman y a las autoridades de Vialidad Nacional a explicar las partidas no ejecutadas. Los fondos retenidos rondan el billón de pesos, suficientes para recuperar entre 20.000 y 25.000 kilómetros de calzada, según la exministra.

Patricia Mazzitelli, de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), describió el escenario como el “vaciamiento más grave registrado en años”. Detalló que los recursos para rutas cayeron un 85% en términos reales desde 2017, y que el ajuste de mayo redujo los fondos de Vialidad de 396.000 a 296.000 millones de pesos. También cuestionó las 3.300 desvinculaciones de profesionales y técnicos.

Mazzitelli precisó que de los 1.601.364 millones de pesos recaudados por el ICL, solo ingresaron 530.156 millones, quedando un remanente sin ejecutar de 1.071.208 millones. Sobre un total de 3,84 billones recaudados, la ejecución real apenas alcanzó el 2,59%. “De haber invertido todo, se podrían haber construido o mejorado más de 2.000 kilómetros”, estimó. Además, vinculó la falta de mantenimiento con la siniestralidad: el 65% de los accidentes fatales ocurren en tramos con severos desperfectos.

Voces de alerta

Silvia González, de Estrellas Amarillas, alertó sobre el número de fallecidos en siniestros viales y criticó el corte de asistencia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para el traslado de víctimas. Denunció un “apagón estadístico” por la falta de informes oficiales desde 2022 y citó el intransitable estado de la Ruta 152.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, acusó al Gobierno de “financiar la timba pública” con los recursos del ICL y aseguró que esta gestión “va camino a ser la primera en no inaugurar obras viales”. Remarcó que el gravamen a los combustibles subió un 1200%, mientras que los combustibles aumentaron un 500% y la inflación acumulada fue del 300%. “La ciudadanía afronta un doble cobro entre el impuesto y los peajes, sin recibir la contraprestación”, añadió, y anticipó exigencias en el plano parlamentario y judicial.

Katopodis advirtió que el colapso vial pone en riesgo sectores estratégicos como Vaca Muerta y las obras de infraestructura hidráulica contra inundaciones.