El drama de los originarios que se esconden en el monte por miedo a la policía

El conflicto entre comunidades originarias y las fuerzas de seguridad en Formosa llegó a un punto crítico. Tras el desalojo en el camino vecinal N° 9002, los pobladores denuncian hostigamiento, detenciones masivas y la destrucción de sus viviendas. En diálogo con Algo Está Pasando, el abogado Agustín D’Ambra reveló detalles escalofriantes.

El letrado, que representa a parte de los aprehendidos, contó que muchos originarios de Misión Nueva Yrigoyen y Tres Palmares están escondidos en los montes porque tienen "terror de que sean golpeados". "Es una locura que tengan miedo de la policía, que debería cuidarlos", sentenció.

La odisea para saber dónde están los detenidos

Una de las mayores preocupaciones es la falta de información oficial sobre el número real de detenidos y su paradero. D’Ambra explicó que, si bien estiman que son unos 60 los detenidos, solo pudieron confirmar la situación de 18 personas junto a la doctora Neme.

"La familia estuvo pidiendo información de dónde están detenidos y no se la daban", relató. Recién cuando la abogada "empezó a hacer visible" el caso, lograron acceder a las planillas y sumarios iniciales.

Silencio judicial y plazos vencidos

La defensa presentó pedidos de excarcelación el jueves por la tarde, pero la jueza Gabriela Plaza aún no resolvió, a pesar de que el Código Procesal Penal de Formosa establece que deben responderse en 24 horas. "Ya pasaron más de 3 días y no recibimos ninguna notificación", denunció el abogado.

Este retraso genera una situación insostenible para las familias, que durante el fin de semana salieron a marchar para exigir respuestas. "La parte de la familia está preguntando constantemente cuándo van a salir esas personas", agregó.

Destrucción y miedo en las comunidades

El relato de D’Ambra describe un escenario de pánico: "Destruyeron las chozas de esta gente". Los originarios que lograron escapar de las detenciones se refugiaron en zonas de monte, donde permanecen ocultos por temor a nuevas agresiones.

La falta de imágenes del procedimiento también llamó la atención. Según el abogado, muchos testigos filmaron lo que vieron pero luego se escondieron, y los teléfonos fueron decomisados. "Algo se alcanzó a filmar, pero esa gente está resguardada por el miedo", explicó.

Reclamos por educación y cargos "armados"

Los 18 manifestantes identificados fueron imputados por "alteración del orden público". Sin embargo, D’Ambra cuestionó la desproporción entre la protesta y la respuesta estatal: "Estaban reclamando el acceso a la educación secundaria en su pueblo y la policía los reprimió por eso".

El abogado aclaró que no están de acuerdo con los cortes de ruta, pero defendió el derecho a protestar de quienes "vienen sufriendo un desgaste constante" tras años de reclamos sin respuestas.

"Muchos levantan la bandera del originario, pero son los que más sufren afectaciones", concluyó, agradeciendo la cobertura mediática que visibiliza su situación.