El drama de los repartidores: trabajan hasta 15 horas y no tienen seguro

La situación de miles de repartidores rosarinos llegó nuevamente al Concejo Municipal de esa ciudad de Santa Fe, con un reclamo concreto: actualizar la normativa que regula la actividad ante un escenario que los trabajadores describen como de creciente precarización laboral.

El planteo fue presentado durante una audiencia en la comisión de Producción y Empleo, donde representantes del sector denunciaron que la ordenanza vigente quedó desactualizada frente al avance de las plataformas digitales y las nuevas modalidades de trabajo.

La presentación fue realizada este martes junto a los concejales justicialistas Pablo Basso, Mariano Romero y María José Poncino, quienes días atrás impulsaron una propuesta para modificar la ordenanza 7.042 y su complementaria 8.026/26, con el objetivo de incorporar beneficios y generar mejores condiciones para una actividad que mueve una parte importante de la economía local.

¿Cuántos repartidores hay en Rosario?

El pedido surge en un contexto complejo: los trabajadores aseguran que el rubro crece de manera sostenida mientras la demanda disminuye y los ingresos se deterioran. Estiman que en Rosario trabajan entre 8.000 y 9.000 repartidores, aunque reconocen que no existe un registro oficial debido a la informalidad predominante y a la dinámica itinerante de la actividad. Solo una plataforma, señalaron, tendría alrededor de 2.500 trabajadores activos.

“La realidad es que nuestro sector es cada vez más grande y movemos gran parte de la economía de la ciudad. Sin embargo, estamos en una situación de precarización permanente y la ordenanza vigente no se cumple”, afirmó Nicolás Martínez, titular del Sindicato de Cadetes de Rosario.

El dirigente cuestionó además que la regulación actual, vigente desde hace dos décadas, continúe bajo la órbita de Tránsito cuando, según planteó, debería pasar al área de Desarrollo Económico y Empleo.

Los trabajadores también reclamaron la creación de una mesa conjunta para participar en la elaboración de una nueva normativa local que contemple las plataformas digitales y las actuales formas de empleo.

Los principales reclamos

Entre los principales reclamos figuran la falta de cobertura social, ausencia de seguros ante accidentes y robos, creación de espacios seguros para espera y descanso, y mayores controles sobre las empresas que operan mediante aplicaciones.

“No tenemos obra social y las empresas no se hacen cargo de ningún seguro contra robo o accidentes, que tenemos a diario. A nosotros nos controlan, pero no ocurre lo mismo con quienes deben tributar y pagar impuestos y cargas sociales”, cuestionó Martínez.

El referente sindical sostuvo además que el deterioro económico y la pérdida de empleos generaron una mayor competencia dentro del sector. Según explicó, mientras años atrás una jornada de entre ocho y nueve horas permitía alcanzar ingresos razonables, hoy la situación es distinta.

“Hay más personas y menos trabajo, también porque hay menos ventas y consumo. Por eso hoy se ven compañeros trabajando hasta 14 o 15 horas por día”, señaló.

Martínez indicó además que actualmente un envío promedio ronda los $ 2.500, aunque advirtió que el volumen de pedidos disminuyó mientras aumentaron los costos de mantenimiento de motocicletas y bicicletas, cuyos gastos de seguros y funcionamiento quedan exclusivamente a cargo de cada trabajador.

La propuesta desde el Concejo

Desde el Concejo, el edil Pablo Basso explicó que la intención es reformular una ordenanza aprobada en 2006 para adecuarla a una realidad completamente diferente.

“Intentamos actualizarla para contemplar las nuevas modalidades que surgieron en la actividad y darle ordenamiento a una situación que se desbordó”, explicó.

Según detalló, la propuesta presentada el 7 de mayo incorpora nuevas categorías de vehículos más allá de los motorizados tradicionales y establece beneficios para quienes se registren formalmente.

Entre las medidas impulsadas aparecen la gratuidad para la renovación de licencias, líneas crediticias para casos de robo de vehículos, acceso a programas de capacitación y nuevas obligaciones para las empresas.

El proyecto también exige a las firmas contar con locales habilitados en Rosario, informar la cantidad de trabajadores que prestan servicios, garantizar seguros laborales y cumplir con requisitos básicos exigidos para cualquier actividad económica.

Basso sostuvo además que, mientras el municipio avanza en relevamientos para ordenar la circulación en áreas comerciales con alta concentración de repartidores, el debate debe enfocarse en una perspectiva más amplia.

“Quienes circulan con estas mochilas no salen por gusto ni por moda; representan a empresas que también tienen responsabilidades”, concluyó.