El drama del bebé de Rancul llega a la Legislatura: piden explicaciones por el operativo

El caso del bebé de Rancul que vivía con una familia de contención y fue entregado en adopción tras un fallo del Superior Tribunal de Justicia sumó un nuevo capítulo político. Un grupo de legisladores provinciales presentó un proyecto para que la Subsecretaría de Niñez explique cómo se ejecutó esa medida, en medio de serios cuestionamientos al procedimiento.

La iniciativa lleva las firmas del bloque Comunidad Organizada y de dos diputadas del PRO. Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga, por un lado, y Noelia Viara y Celeste Rivas, por el otro, son los autores del pedido de informes que apunta directamente a la actuación oficial en el momento de cumplir la orden judicial.

Si bien el proceso administrativo habría seguido los pasos que marca la ley, las dudas aparecen en la forma en que se concretó el retiro del niño. Los legisladores quieren saber con precisión qué normas habilitaron esa decisión y si existían protocolos aprobados para un egreso de estas características.

Las preguntas incómodas

El proyecto contiene una larga lista de interrogantes. Entre ellos, si la Dirección General de Niñez tenía facultades para disponer el cese de la permanencia del menor en la familia de contención y qué norma se lo permitía. También indagan si se cumplió con el artículo 18 del Decreto 1296/13, que exige que los protocolos de egreso se dicten con dictamen previo del Consejo Provincial.

Otro punto sensible es el de las notificaciones. Los diputados quieren saber si se avisó a todas las partes involucradas antes del 4 de septiembre, fecha en la que se tomó la decisión del retiro, y de qué manera se hizo. Y si hubo recursos administrativos contra esa medida, en qué fecha se presentaron y qué trámite siguieron.

La ejecución del operativo, ocurrida el 7 de septiembre, también está bajo la lupa. Se pregunta qué autoridad pidió el auxilio de la fuerza pública, con qué fundamento y si se labró un acta de la entrega del niño. Hasta se indaga sobre los medios de transporte utilizados y el personal técnico presente durante el traslado.

Una mirada más amplia

Más allá del caso puntual, los legisladores aprovechan para pedir datos sobre el sistema de familias de contención en toda la provincia. Quieren saber cuántas están inscriptas y activas, cómo se las selecciona y capacita, y qué presupuesto se les asigna este año.

También solicitan un informe sobre la cantidad de chicos que hoy están bajo medidas excepcionales de protección y cuánto tiempo, en promedio, duran esas medidas. Datos que, según los impulsores, resultan esenciales para evaluar si el sistema está funcionando como corresponde.

El pedido llega en un clima de fuerte conmoción por el caso, que trascendió el ámbito judicial y se instaló en la agenda pública pampeana.