El drama oculto de los deudores: el acoso en las cobranzas se disparó y ya preocupa a las autoridades

Las denuncias por hostigamiento en el cobro de deudas crecieron de manera alarmante en Argentina. En menos de tres años, los reclamos por acoso se triplicaron, según un informe oficial que enciende las alarmas sobre las prácticas de estudios jurídicos y agencias de cobranza.

El relevamiento de la Dirección de Defensa al Consumidor revela que los casos pasaron de 393 en 2024 a 1.064 durante 2025. Y la tendencia no se detiene: solo hasta el 31 de mayo de 2026 ya se registraron 1.237 presentaciones, una cifra que supera con creces los números de años anteriores.

El informe detalla que las víctimas denuncian amenazas de visitas a sus trabajos, llamados insistente durante la noche o en feriados, difusión de datos personales y hasta simulaciones de acciones judiciales inexistentes. Todo con un único objetivo: intimidar al deudor para que pague.

¿Quiénes están detrás de estas prácticas?

Los principales señalados son los estudios jurídicos y las agencias de cobranza que compran carteras de deudores a bancos y entidades financieras. Estas empresas utilizan métodos cada vez más agresivos, amparándose en la desesperación de quienes no pueden afrontar sus compromisos.

El contexto económico, con una inflación que erosiona los ingresos y un mercado laboral cada vez más precario, potencia la vulnerabilidad de las familias. El endeudamiento crece y con él, la cantidad de personas expuestas a estos abusos.

Prestamistas informales: la otra cara de la violencia

Pero el problema no se limita al sistema financiero formal. El informe también advierte sobre el avance de los prestamistas informales, que operan en barrios populares con métodos mucho más violentos.

Un caso testigo es el de una mujer que solicitó un préstamo de $800.000. Pese a devolver $1.100.000 en menos de un mes, continuó siendo presionada para pagar una suma similar. Las amenazas incluían que una banda ingresaría a su vivienda para llevarse sus pertenencias.

Los especialistas consultados coinciden en que estas situaciones encuentran un caldo de cultivo en la caída del poder adquisitivo, la pérdida de empleo formal y las barreras para acceder al crédito bancario tradicional.