El duro comunicado de los trabajadores sociales contra el uso político de los casos de niñez

El Colegio Profesional de Trabajo Social de la provincia emitió un comunicado en el que fijó postura frente al reclamo que un grupo de familias mantiene en una carpa, pidiendo por la revinculación de cuatro menores que fueron separados de sus hogares por situaciones de riesgo.

Desde la institución señalaron que quienes intervienen a diario en contextos de vulneración de derechos trabajan con escenarios complejos, marcados por la pobreza, la exclusión social y distintas formas de violencia.

En ese marco, remarcaron que las medidas de protección y los procesos de revinculación deben sostenerse en “evaluaciones profesionales rigurosas, intervenciones interdisciplinarias, acompañamientos territoriales y, fundamentalmente, en el respeto por los tiempos, las necesidades y el interés superior de cada niñez y adolescencia”.

El texto advierte que una revinculación no es un trámite que pueda acelerarse por presiones, intereses o urgencias políticas. Recuerda que la separación de un niño o adolescente de su ámbito familiar ocurre después de situaciones que implicaron vulneración de derechos y que requirieron la intervención del sistema de protección.

Por eso, sostienen que estos procesos solo deberían avanzar cuando existan “condiciones adecuadas y seguras” y se hayan cumplido las pautas fijadas por los equipos que intervienen.

Críticas al uso político de los casos

Uno de los pasajes más duros del documento apunta contra la exposición pública de estas situaciones. “Nuestras familias no necesitan un reel. Necesitan viviendas, trabajo, salarios dignos, acceso a la salud y la educación, políticas de discapacidad, acompañamientos profesionales y recursos que permitan construir proyectos propios de vida dignos”, expresaron.

La referencia apunta directamente a la legisladora libertaria Natalia Gracianía, a quien acusan de haber montado un escenario político sobre el tema sin estar interiorizada de los casos y de aportar confusión.

El Colegio Profesional manifestó su rechazo a “el uso de las situaciones de vulnerabilidad de las niñeces, adolescencias y familias con fines de exposición pública, rédito político o campaña electoral”.

En la misma línea, remarcaron que las situaciones de vulneración de derechos no pueden convertirse en contenido para las redes sociales, ni las historias de vida de las familias pueden utilizarse como escenario político.

Finalmente, el organismo planteó que si existe una preocupación real por los procesos de revinculación y los derechos de las infancias, esa preocupación debería traducirse en decisiones concretas, recursos y políticas públicas que fortalezcan los sistemas de protección integral.

“Los procesos de revinculación no pueden quedar sujetos a las urgencias ni a las necesidades de las personas adultas. Los tiempos de las niñeces y adolescencias no son los tiempos de la política”, concluyeron.