El duro cuestionamiento de los empresarios al Gobierno por el nuevo decreto que cambia la reforma laboral

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) salió a cruzar al Ejecutivo por el Decreto 612/2026. Denuncian que la medida desvirtúa uno de los ejes centrales de la reforma laboral y que vuelve a imponer cargas que las empresas no eligieron.

Según la entidad, el decreto firmado por el Gobierno contradice el espíritu de la ley que buscaba liberar a los empleadores de aportes obligatorios a estructuras gremiales o cámaras. El malestar surge porque, con la nueva reglamentación, se reintroduce un mecanismo que, en los hechos, mantiene el financiamiento forzoso.

¿Qué establece el decreto que generó el rechazo?

La norma establece que las contribuciones que los empleadores se comprometan a realizar en el marco de convenios colectivos deberán destinarse exclusivamente a obras sociales, asistenciales, previsionales o culturales para los trabajadores. Sin embargo, CADAM considera que esto no resuelve el problema de fondo.

El reclamo central es por los aportes al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). Hoy, por cada empleado de comercio, las empresas deben pagar una contribución, aunque el trabajador no reciba capacitación alguna. Ese sistema recauda más de $30.000 millones al año, que se reparten entre ciertas cámaras, incluso si las compañías no quieren asociarse.

“No queremos que se nos obligue a financiar estructuras que no nos representan. Una cosa es que una empresa decida asociarse voluntariamente y aportar a una cámara o institución que defiende sus intereses, y otra muy diferente es imponerle una contribución mediante una negociación colectiva en la que no participó”, sostuvo la entidad.

El recorrido de la reforma: de la voluntariedad al tope

CADAM recordó que el proyecto original de la reforma laboral establecía que los aportes a cámaras serían estrictamente voluntarios. Pero en el tratamiento legislativo eso cambió: primero se postergó la voluntariedad hasta enero de 2028 y, finalmente, el texto sancionado fijó un tope del 0,5% de las remuneraciones.

Así, se pasó de la voluntariedad a un límite porcentual, y ahora el decreto introduce una nueva condición: que esos fondos vayan solo a obras sociales o asistenciales. Para los empresarios, esto termina de consagrar un sistema que no respeta la libre decisión de las empresas.

“Si el objetivo de la reforma era terminar con cargas laborales y costos que no responden a una decisión libre de las empresas, no puede ocurrir que, después de sancionada la ley, se vuelva a introducir por vía reglamentaria un mecanismo que genere precisamente ese efecto”, advirtieron.

El debate queda instalado: mientras el Gobierno insiste en desregular la economía, los empresarios ven en este decreto un paso atrás en la prometida reforma laboral.