El duro golpe de una jueza a la ley que baja la edad de imputabilidad: qué hará La Libertad Avanza

La Libertad Avanza anunció que impulsará el juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, por haber suspendido por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

El presidente del partido en territorio bonaerense y diputado nacional, Sebastián Pareja, fue el encargado de anticipar la medida y cargó contra la magistrada: "Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política".

Según explicó el dirigente libertario, la decisión de Pascual busca "frenar una ley votada democráticamente por el Congreso" que, dijo, "viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando".

Qué frenó la jueza y por qué

La medida cautelar dictada por Pascual no declaró la inconstitucionalidad de la Ley 27.801, que redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. Lo que hizo fue suspender provisoriamente su aplicación en territorio bonaerense, al considerar que la Provincia no cuenta con la infraestructura, los lugares de alojamiento adecuados, los recursos ni el personal especializado necesarios.

La resolución salió a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, con el patrocinio de la abogada Patricia Liguori, en favor de adolescentes privados de su libertad.

En su fallo, la magistrada planteó si el Estado puede ampliar el universo de adolescentes sometidos al sistema penal "sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables para cumplir los estándares constitucionales y convencionales que rigen toda privación de la libertad durante la adolescencia".

La respuesta de LLA: juicio político

Para el espacio libertario, la postura de Pascual es "política y antidemocrática". Pareja fue más allá y vinculó el fallo con la inseguridad en la Provincia: "Ellos no piensan en las condiciones materiales cuando se trata de las víctimas, sólo protegen a los delincuentes", disparó.

Y agregó: "La crisis que atraviesa la Provincia de Buenos Aires en términos de seguridad responde justamente a ese modelo".

La denuncia contra la magistrada deberá presentarse ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados provincial, el órgano encargado de impulsar los juicios políticos.

Mientras tanto, Pascual convocó para el 16 de septiembre a las 10 a una audiencia con funcionarios provinciales, quienes deberán informar qué medidas adoptaron para aplicar la ley, cuáles están planificadas y en qué plazos podrían ejecutarse.