El duro mensaje de Pullaro a la jueza que frenó el régimen penal juvenil

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, salió a cruzar a la Justicia bonaerense después de que una jueza suspendiera por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. El mandatario no solo defendió la baja en la edad de punibilidad, sino que aprovechó para redoblar su apuesta por una política de seguridad con perfil punitivista.

“Garantismo bobo”

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Pullaro calificó como “garantismo bobo” la resolución de la jueza Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, y reclamó que los jueces garanticen el cumplimiento de las leyes.

“Ayer una jueza de Lomas de Zamora suspendió la aplicación del nuevo régimen penal juvenil y le pide explicaciones al gobierno de su provincia. El garantismo bobo que no termina de entender la dimensión del problema y busca excusas para no actuar”, escribió el gobernador.

En la misma línea, sostuvo que “los jueces están para que las leyes se cumplan” y que la normativa debe impedir que quienes cometen delitos queden sin respuesta por su edad. “En Santa Fe sabemos muy bien lo que pasa cuando los menores son impunes con la excusa de su edad. Roban y matan, y el Estado no puede hacer nada para frenarlos”, señaló.

Qué dijo sobre la baja de imputabilidad

El gobernador aseguró que su administración ya se prepara para aplicar la baja en la edad de punibilidad y que cuenta con las herramientas necesarias para hacerlo.

“Nos preparamos para aplicar la baja en la edad de punibilidad. Tenemos tobilleras electrónicas, institutos de menores y, para los casos más graves, tenemos módulos penitenciarios especializados. La ley se tiene que aplicar”, afirmó.

La reforma que ya genera ruido

Las declaraciones de Pullaro se dan en medio del debate por la reforma del sistema penal santafesino, que impulsó su propio Gobierno y que ya cosechó críticas de especialistas, abogados y sectores de la oposición. El proyecto, llamado “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”, fue enviado a la Legislatura en mayo y forma parte de la estrategia oficial contra el delito complejo y el narcotráfico.

Entre los puntos más cuestionados aparecen modificaciones al funcionamiento del sistema acusatorio y una ampliación de las herramientas de intervención durante las primeras etapas de las investigaciones. Desde el derecho penal advirtieron especialmente por la posibilidad de ampliar las facultades operativas de las fuerzas de seguridad y reducir controles que hoy dependen de la intervención judicial.

El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, José Nanni, planteó que algunas modificaciones podrían alterar el equilibrio entre las tareas de investigación y los controles destinados a proteger garantías constitucionales. Según su lectura, la reforma busca devolverle a la Policía atribuciones que fueron limitadas con la consolidación del sistema acusatorio.

También se señaló la posibilidad de avanzar con ciertas medidas investigativas con menores niveles de control judicial y la recuperación de mecanismos vinculados con la declaración informativa. Los críticos sostienen que una ampliación de las facultades policiales debe ir acompañada de mayores controles institucionales, capacitación y mecanismos eficaces para evitar abusos.

El antecedente que pesa

La discusión cobra relevancia por episodios recientes que involucraron a miembros de la Policía santafesina. En paralelo al debate legislativo, nueve policías rosarinos fueron detenidos en el marco de una investigación por un procedimiento ocurrido en mayo de 2024, en el que un hombre sufrió graves quemaduras. La causa avanzó sobre la actuación de los agentes y puso en tela de juicio la versión inicial asentada en el procedimiento policial.