El duro reclamo de las cámaras empresariales contra Santa Cruz Puede: “No convalidaremos que el Estado expulse del mercado”

La polémica en torno a la empresa estatal Santa Cruz Puede S.A.U. sumó un nuevo capítulo. Las principales cámaras empresariales de la provincia salieron al cruce y acusaron a la sociedad de competir en desigualdad de condiciones con el comercio privado.

La Federación Económica de Santa Cruz (FESC), la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG) y la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Río Gallegos emitieron un extenso documento en respuesta a la solicitada del Directorio de la empresa estatal.

En el escrito, las entidades plantearon serios cuestionamientos sobre el rol de Santa Cruz Puede en el mercado y exigieron al Gobierno provincial que garantice reglas equitativas para las pymes.

¿Por qué cuestionan la inscripción como proveedora del Estado?

Uno de los principales ejes del reclamo es la inscripción de Santa Cruz Puede S.A.U. como proveedora del Estado provincial. Según denunciaron, la empresa figura en el Sistema Integrado de Proveedores y Licitaciones de la Provincia (SiPLic) con registro vigente en numerosos rubros que, en su mayoría, son desarrollados por pymes santacruceñas.

Entre las actividades mencionadas se encuentran verdulería, carnicería, panadería, elaboración de pastas, farmacia y droguería, textil, mueblería, informática, gomería, taller mecánico, maderas y viveros.

Las entidades remarcaron que, aunque la empresa estatal no haya resultado adjudicataria en licitaciones, su inscripción genera un conflicto de intereses. “El Estado se presenta como oferente en las compras que ejecuta el propio Estado, que es su único accionista”, señalaron.

Además, cuestionaron la fecha en la que se habilitaron varios rubros y pidieron que se demuestre con documentación que Santa Cruz Puede cumple con los mismos requisitos que cualquier proveedor privado. Pusieron como ejemplo las actividades de droguería y frigorífico.

El 30% de reducción de precios: ¿logro o confesión?

Otro de los puntos que generó controversia fue la afirmación de la empresa estatal sobre una reducción de precios de aproximadamente 30% gracias a su participación en el mercado.

Para las cámaras, esa cifra es una muestra del poder de intervención estatal. “Cuando el Estado se enorgullece de haber forzado semejante caída de precios compitiendo contra el comercio privado, confiesa sin proponérselo la verdadera función de la empresa”, sostuvieron.

También recordaron que las pymes no reciben predios, capital de trabajo ni respaldo estatal para operar. Y marcaron una contradicción con la Ley N° 3.996, que declaró la Emergencia Comercial, Industrial y PyME en Santa Cruz hasta fines de 2026.

Habilitaciones y funcionamiento del predio

Las entidades también apuntaron contra las habilitaciones del predio donde funciona Santa Cruz Puede. Aseguraron que la propia empresa reconoció que algunas autorizaciones estaban en trámite.

Cuestionaron que se utilice el espacio para comercializar productos mientras los permisos no están concluidos. “A un comerciante privado desarrollar una actividad con permisos pendientes podría implicarle sanciones o clausuras”, advirtieron.

Además, reclamaron precisiones sobre las condiciones en las que operan los productores y comerciantes que usan el espacio cedido, y dudaron de la emisión de comprobantes fiscales y habilitaciones municipales.

Asociaciones con privados: ¿transparencia o favoritismo?

Otro de los cuestionamientos apuntó a los 13 emprendimientos que tiene Santa Cruz Puede, de los cuales 11 se realizarían con capital privado. Las cámaras pidieron conocer los criterios de selección de esos socios.

“Sin transparencia en esas decisiones, no hay asociativismo: hay un Estado eligiendo, puertas adentro, quiénes acceden a su capital y quiénes no”, expresaron.

Los fondos y el control estatal

Las entidades también rechazaron que se diga que el Estado no gira partidas para gastos operativos. Señalaron que el debate debe incluir el capital y las inversiones públicas, como el proyecto de producción de granos.

Y remarcaron que el hecho de que Santa Cruz Puede sea auditada por el Tribunal de Cuentas contradice la idea de que actúa como una empresa privada. “Ninguna empresa ni comercio privado es objeto de auditoría por parte del Tribunal de Cuentas”, indicaron.

Un alcance demasiado amplio

Finalmente, las cámaras cuestionaron la amplitud de rubros en los que la empresa estatal está inscripta o proyecta operar: alimentos, carnes, verduras, panadería, pescadería, comidas preparadas, farmacia, gomerías, talleres mecánicos, mueblerías, indumentaria, calzado, viviendas prefabricadas, viveros, librería, imprenta, informática y combustibles domésticos.

Citando las leyes provinciales N° 3.877 y N° 3.956, aseguraron que la empresa no fue creada solo para complementar al sector privado, sino que puede ingresar en múltiples actividades económicas.

“Como entidades representativas del comercio, la industria y los servicios de Santa Cruz, no convalidaremos que el Estado destine recursos públicos a expulsar del mercado a quienes lo sostienen”, sentenciaron.

Por último, exigieron que la empresa estatal “cese en su competencia desleal contra el sector privado” y que el Gobierno garantice “reglas equitativas para que las pymes trabajen, produzcan y generen el empleo genuino”.

El documento lleva las firmas de Guillermo Polke (FESC), Leandro Fadul (CCIARG) y Ricardo López (Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines).