El duro reclamo de una diputada salteña por el fin de un subsidio de $78 mil: “Hay asfixia”

La diputada provincial Socorro Villamayor salió al cruce de la decisión del Gobierno nacional de discontinuar el plan Volver a Trabajar, que beneficiaba a 52.739 salteños. La legisladora aseguró que la quita del subsidio de $78.000 mensuales “asfixia” a las familias más vulnerables y reclamó que se revise la medida.

En una entrevista con Qué Pasa al Mediodía, Villamayor explicó que la Cámara de Diputados de Salta aprobó una declaración para pedir la intervención de los legisladores nacionales y del presidente de la Nación. El objetivo: que se revea la situación de los beneficiarios del programa, que alcanzaba a casi un millón de personas en todo el país.

¿Qué incluía el plan Volver a Trabajar?

El programa ofrecía capacitación y formación durante dos años, con la meta de lograr la inserción laboral o el acceso a un empleo formal. Además, los beneficiarios recibían una ayuda económica mensual de $78.000.

Villamayor cuestionó que se mantenga la capacitación pero se elimine el aporte económico. “Si continúan con la capacitación, es un reconocimiento de que la formación y capacitación de dos años no fue efectiva”, sostuvo.

“La asfixia” sobre las familias vulnerables

La legisladora vinculó la situación de los beneficiarios con el aumento de los gastos cotidianos y el deterioro del poder adquisitivo. Mencionó el costo de los servicios, el transporte y los medicamentos, entre otros.

“Que además le quites esta ayuda, es mucho ya, es mucho, o sea la asfixia, o sea hay asfixia”, afirmó durante la entrevista. También señaló que la situación económica afecta las posibilidades de conseguir trabajo y mencionó el cierre de 300 empresas en la provincia, mientras que otras atraviesan procesos de concurso.

¿Cuánto representa la ayuda para Salta?

Villamayor estimó que mantener la prestación para los beneficiarios salteños costaría alrededor de 2 millones de dólares, una cifra que comparó con el presupuesto nacional. “En un presupuesto nacional de 158 billones de pesos, es decir no les mueve el amperímetro y sí afecta a ese número de personas”, afirmó.

Además, explicó que el dinero recibido por las familias vuelve a circular en la economía local mediante compras y gastos cotidianos, como alimentos, transporte y compras en comercios de barrio. Cuando una familia deja de contar con ese ingreso, también se resiente la actividad económica de los pequeños comercios.

47 diputados respaldaron el pedido

Villamayor informó que 47 diputados provinciales firmaron la declaración para solicitar que se revise la decisión nacional. La legisladora también cuestionó las respuestas recibidas de los diputados vinculados al oficialismo nacional, ya que no obtuvieron información concreta sobre cuántos beneficiarios habían conseguido efectivamente incorporarse a un empleo formal.

También planteó dudas sobre el nuevo sistema de vouchers de capacitación que quedaría disponible para quienes fueron dados de baja. “Los vouchers que van a dar tampoco están especificados”, sostuvo, y agregó que la oferta disponible en la página oficial no alcanzaría a cubrir a todos los beneficiarios que quedaron fuera del programa.

El pedido a los legisladores nacionales

La diputada remarcó que la intención de la declaración es pedir la intervención de los representantes salteños en el Congreso, independientemente de su pertenencia partidaria. “Estamos siendo voz de personas que hoy sienten ese ahogo”, expresó.

Villamayor sostuvo que el planteo busca evitar que el reclamo quede atravesado por una discusión partidaria y apuntó a que los legisladores nacionales puedan llevar la situación al Gobierno nacional. “Está claro que hay una decisión política del Gobierno nacional, ¿están en su derecho de hacerla? Sí, pero también es cierto que hay un sector que de continuar con esa ayuda económica no les modifica Nación y hoy es un momento de crisis en el país”, afirmó.

La discusión ahora queda centrada en si el Gobierno nacional mantendrá su decisión o si, a partir del reclamo de legisladores y beneficiarios, podría revisar el esquema de asistencia económica.