El duro revés de Formosa a la Nación: qué decidió el COFEMA y por qué preocupa a las provincias

Formosa se plantó ante el Gobierno nacional y rechazó los cambios a las leyes de Tierras Rurales y Manejo del Fuego. La provincia acompañó la resolución del COFEMA que considera que las modificaciones debilitan la protección ambiental y el federalismo.

En la 5.ª Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), Formosa ratificó su postura en defensa del marco normativo vigente. La ingeniera Natalia Lupia, subsecretaria de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, y la abogada Carina Cabana representaron a la provincia en el encuentro.

¿Qué pasó en la asamblea?

Al inicio, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación intentó postergar el debate, argumentando que excedía las competencias del COFEMA. Pero las provincias rechazaron el planteo por unanimidad y el tema se trató igual.

Formosa expresó su preocupación por las reformas impulsadas a la Ley N.º 26.737 (Tierras Rurales) y la Ley N.º 26.815 (Manejo del Fuego). Lupia sostuvo que los cambios comprometen el marco jurídico ambiental y debilitan herramientas clave para la preservación del territorio y el desarrollo sustentable.

La provincia defendió los principios de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y los presupuestos mínimos, remarcando que cualquier modificación debe respetar el federalismo ambiental.

Finalmente, la Asamblea consensuó la Resolución COFEMA N.º 576/2026, que rechaza el proyecto de modificación. El documento irá al Senado para su consideración.

Los ejes del rechazo

El plenario determinó que flexibilizar los límites de dominio sobre tierras rurales debilita la protección de bienes ambientales estratégicos. Además, advirtió que la reforma pone en riesgo la coordinación federal para preservar ecorregiones, humedales y bosques nativos.

La posición de Formosa se basa en un modelo de desarrollo sustentable: el patrimonio ambiental es un activo estratégico para las generaciones futuras. Por eso, cualquier cambio debe preservar las garantías constitucionales y fortalecer el federalismo.

Lupia enfatizó que las políticas ambientales no son un obstáculo, sino un marco de previsibilidad y equilibrio entre producción y conservación. Reducir estándares implicaría un retroceso en prevención de incendios y ordenamiento territorial.

Además, recordó que las provincias son titulares originarias de sus recursos naturales (artículo 124 de la Constitución), por lo que cualquier reforma debe surgir de un consenso amplio.

Manejo de Fuego: por qué es clave

La Ley 26.815 establece presupuestos mínimos para prevenir y combatir incendios forestales. Impide modificar el uso de tierras quemadas para evitar incendios intencionales con fines inmobiliarios o agropecuarios.

Los plazos de protección varían según el ecosistema: 60 años para bosques nativos, áreas protegidas y humedales (artículo 22 bis); 30 años para zonas agrícolas, praderas y pastizales (artículo 22). Durante ese tiempo, esas tierras no pueden subdividirse ni destinarse a otros usos.

La modificación de esta ley podría fomentar incendios intencionales para habilitar loteos o emprendimientos. Por eso, Formosa ratificó su rechazo y acompañó la posición mayoritaria del COFEMA.