El Ejército ya usa Starlink para sus operaciones: ahora Ciberdefensa lo quiere como respaldo y enciende la alarma

El Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCCD) pidió sumar Starlink como respaldo de sus actividades cibernéticas. La idea es evitar que un corte de los enlaces físicos deje sin acceso al ciberespacio a las Fuerzas Armadas. Pero la solicitud abre un frente incómodo: la dependencia de una infraestructura comercial extranjera que, además, opera en las Islas Malvinas y cuyo tráfico en el archipiélago se encamina por estaciones terrestres ubicadas en Chile.

El titular del CCCD, general de brigada Luis Guimpel, fue quien elevó el pedido. Lo hizo con un argumento textual: "contar con la necesaria redundancia para asegurar el acceso al dominio del ciberespacio de manera independiente de las conexiones físicas y su exposición a eventuales cortes, que resultarían en una debilidad en los sistemas propios". El servicio ya está activo en el Ejército.

La premisa de la que parte el memo es correcta: una red militar que depende solo de conexiones físicas queda expuesta si esos enlaces se cortan o se degradan. El problema es otro. En la redacción del documento no queda claro si la opción contempla capacidades específicamente militares o si se trata de contratar un servicio de conectividad comercial estándar.

Una cosa es conectividad, otra es ciberdefensa

El CCCD tiene una misión precisa: proteger las redes informáticas de la Defensa y las infraestructuras críticas asignadas, y garantizar de manera permanente las operaciones militares. Bajo esa órbita, y desde la perspectiva de la soberanía tecnológica, la solicitud resulta por lo menos alarmante.

Usar Starlink para comunicaciones administrativas, conectividad en lugares remotos, emergencias por desastres naturales o despliegue de unidades donde no hay infraestructura convencional es un cosa. Incorporar la red comercial extranjera como redundancia de acceso al dominio del ciberespacio es otra muy distinta: implica actividades estratégicas, operacionales y técnicas, y toca de lleno la soberanía, la resiliencia nacional y la libertad de acción de las Fuerzas Armadas en el entorno digital.

La capacidad de Starlink para desplegar conexiones de alta velocidad en lugares aislados ya está probada. En enero de 2025, a 6.960 metros de altura en el Cerro Aconcagua, miembros del Ejército Argentino comunicaron por videoconferencia en tiempo real la culminación de la escalada al Estado Mayor General, en la sede del edificio "Libertador". Fue un hito de expertise en alta montaña que, de paso, validó la funcionalidad del equipo Starlink en ambientes extremos.

La contratación que da la clave

El 19 de agosto pasado, el director general de Comunicaciones, Informática y Ciberdefensa del Ejército, general de brigada Pablo Gallo, adjudicó a la empresa Elipgo Technology —revendedor comercial autorizado de Starlink— el contrato de provisión de "Servicio administrado de conectividad satelital para la Red Satelital de la Defensa" por $467.687.200. Bajo ese arreglo se encuadraría el pedido de Guimpel.

La especificación técnica de ese contrato es la que enciende las luces. La contratación es para proveer "un servicio de conectividad satelital mediante tecnología de órbita baja (LEO), destinado a proporcionar enlaces de datos que permitan asegurar la continuidad de las comunicaciones en los distintos entornos operativos del Ejército Argentino".

El texto agrega: "El servicio deberá permitir el despliegue de capacidades de comunicación en forma flexible y oportuna, particularmente en escenarios donde la infraestructura terrestre resulte inexistente, limitada o insuficiente".

No quedan dudas: se trata de un enlace satelital redundante para comunicaciones operacionales militares, no meramente administrativas. Y eso abre un interrogante que ya se debate en organizaciones militares de todo el mundo: ¿puede considerarse independiente una comunicación satelital militar cuya infraestructura esencial no controla el Estado que la utiliza?

La OTAN ya busca evitar la dependencia de una sola constelación

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a la que el país aspira a integrarse como socio global, debatió el asunto. En julio de 2026, durante el Foro de Industria de Defensa celebrado en Ankara, ocho países aliados lanzaron el proyecto HALO —Hybrid Alliance Layered Operations in Space— para explorar una mega constelación que integre satélites militares soberanos y bajo control nacional.

El objetivo es mejorar las comunicaciones de alta velocidad, la inteligencia y el seguimiento de misiles, pero también aumentar la resiliencia evitando las limitaciones de depender de una única flota satelital, según el comunicado oficial de la OTAN. La conclusión que asoma es clara: disponer de constelaciones comerciales e integrarlas dentro de una arquitectura más amplia, con múltiples proveedores y capacidades soberanas propias.

En ese rumbo, aunque muy incipiente, se ubica el reciente lanzamiento del primer nanosatélite experimental desarrollado con participación del Ejército y capacidades científicas y tecnológicas nacionales del CITEDEF. El evaluador tecnológico NanoSat fue lanzado a principios de octubre mediante un cohete Falcon 9 de SpaceX, la empresa de Musk. La diferencia es que en este caso la Argentina conserva el control sobre el activo espacial y sobre el desarrollo tecnológico que busca validar, orientado a satisfacer necesidades de la Defensa en comunicaciones, procesamiento de información y servicios satelitales.

Transporte comercial dentro de una red militar

Las Fuerzas Armadas que usan Starlink pueden controlar sus propios equipos, sus redes internas y las capas de cifrado que decidan implementar. Lo que no controlan es la constelación de satélites, el software propietario, los gateways ni la arquitectura global de la red.

La información propia puede protegerse con cifrado, VPN, segmentación de redes, autenticación fuerte y otras capas de seguridad. Esas medidas no eliminan todos los riesgos. Toda información que pase por ese enlace atraviesa infraestructura de un operador privado.

Incluso un correo administrativo aparentemente inocuo genera metadatos capaces de revelar patrones: cuándo se conecta una terminal, desde dónde, durante cuánto tiempo y qué volumen de información transmite. En un escenario militar, esos patrones tienen valor y son objetivo de ciberinteligencia y de Osint (Open Source Intelligence o Inteligencia de Fuentes Abiertas).

La incorporación de Starlink como respaldo en el CCCD debería contemplar una separación estricta que impida que el enlace comercial se convierta en una puerta de entrada a las redes críticas de Defensa.

Malvinas: la cuestión técnica se vuelve geopolítica

El uso de Starlink en las Malvinas enciende otra luz de alarma. El servicio comenzó a operar en el archipiélago en noviembre de 2025, después de que el gobierno británico isleño le otorgara la licencia a la empresa estadounidense para dar conectividad satelital a empresas y residentes.

El tráfico generado por las terminales Starlink instaladas en las islas se encamina hacia infraestructura localizada en Chile. Hay una estación terrestre en Punta Arenas como punto de recepción y posterior interconexión con el punto de presencia de Starlink en Santiago ("Cirion Santiago de Chile - SAN1").

El intríngulis es evidente: la Defensa argentina incorpora Starlink para resolver necesidades de conectividad operacional en su territorio, el mismo sistema desarrolla actividades comerciales en las islas cuya soberanía Buenos Aires disputa con Londres y, a la vez, enruta tráfico por Chile. Un combo que cambia la escala de preocupación hasta para un lego en comunicaciones militares.