El entramado de las pensiones truchas en Anta: de un kiosquero a un diputado
Un kiosquero, médicos, un exgerente sin título y un diputado: así operaba la red que entregó miles de pensiones truchas en Anta. ¿Cómo lograron engañar al sistema?
Una red que funcionó durante años y que tenía de todo: un kiosquero que fotocopiaba certificados, médicos que vendían diagnósticos y hasta un exgerente de hospital que firmaba papeles sin ser doctor. La Justicia Federal de Salta destapó una maniobra que entregó miles de pensiones por invalidez irregulares en dos municipios de Anta.
La magnitud del fraude
El fiscal federal Carlos Martín Amad, que lidera la investigación desde julio de 2024, contabilizó 4.305 pensiones no graciables por invalidez otorgadas de forma fraudulenta en Joaquín V. González y El Quebrachal. Eso representa más del 15% de la población total de esas comunas.
Un informe de Gendarmería Nacional elevó la cifra a nivel provincial: unos 9.000 beneficiarios, sobre un total de 39.715 pensiones por discapacidad vigentes en Salta, no cumplirían los requisitos. El perjuicio al Estado nacional sería de casi $3.240 millones por mes, unos $40 mil millones al año.
La causa tiene 15 imputados por asociación ilícita y fraude al Estado. El miércoles último, el Ministerio Público Fiscal presentó los cargos ante el juez federal de Garantías Nº2, Diego Anzorreguy, quien autorizó un año más de investigación y dispuso la anotación de litis sobre los bienes de los acusados.
Los roles en la organización
Las evidencias surgieron de testimonios, cruces de información y 26 allanamientos realizados en dos tandas: noviembre de 2025 y junio de este año. Así quedó descripta la estructura:
Roberto Morales, exdirector del Hospital Enrique Romero de El Quebrachal, habría emitido y avalado certificados con enfermedades y porcentajes de incapacidad que no se correspondían con la realidad de los pacientes. También habría derivado gente al circuito privado y coordinado la confección de estudios.
César Blanco, médico del mismo hospital y propietario de la Clínica Cristo Rey, ofrecía trámites completos para obtener pensiones, incluso para personas sin enfermedades incapacitantes. Se le atribuye la emisión de certificados apócrifos y cobros por gestiones que debían ser gratuitas.
Uno de los casos más llamativos es el de Oscar Luna, licenciado en comunicaciones que, sin ser médico, se desempeñó como gerente del hospital de El Quebrachal entre 2017 y 2025. Según la fiscalía, firmaba el certificado médico oficial (CMO) con la matrícula del doctor Morales, un documento clave para obtener la pensión.
El bioquímico Luciano Esteban habría alterado resultados de laboratorio para sostener diagnósticos falsos. Los médicos Luis Verón y Diego Ocampo extendían certificados y estudios sin comprobaciones, a cambio de dinero. José Wilson Muñoz Torres y Humberto Brisuela Mendoza completaban el circuito sanitario.
El rol del diputado Orellana
Francisco Gerardo Orellana, actual diputado provincial, es uno de los principales acusados. Durante su gestión como intendente de Joaquín V. González (2007-2011), "avaló con su firma trámites de personas que no cumplían los requisitos", según el fiscal Amad. Además, en épocas electorales, ofrecía pensiones a cambio de votos a familias enteras cuyos integrantes no padecían enfermedades invalidantes.
La pata municipal y el kiosquero
Empleados municipales como Manuel Rodolfo Córdoba, Estela Brizuela y Luis Casares habrían reclutado interesados, cargado documentación fraguada y actuado como nexo entre los políticos, los médicos y la ANSES.
El kiosquero Hugo Massa, con su fotocopiadora a metros del hospital de El Quebrachal, tenía un rol clave: reproducía membretes y firmas para confeccionar certificados apócrifos. También conectaba a los profesionales con los beneficiarios irregulares.
Finalmente, Edmundo Salazar, exjefe de una oficina de ANSES en El Quebrachal, habría facilitado claves de acceso al sistema a personas ajenas al organismo, permitiendo que terceros cargaran documentación entre 2021 y 2024.
