El EPRE salió al cruce: no habrá costos extra para los usuarios por el proyecto de Vicuña

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) garantizó que el megaproyecto eléctrico de Vicuña Argentina no impactará en las boletas de los sanjuaninos. Así lo aseguró tras el fallo que habilitó la iniciativa, y prometió una supervisión estricta.

La polémica por la autorización del proyecto de infraestructura eléctrica en extra alta tensión impulsado por Vicuña Argentina S.A. (VASA) tuvo un nuevo capítulo. El EPRE emitió un comunicado en el que dejó clara su postura: velará para que las obras no generen costos adicionales a hogares, comercios e industrias.

¿Qué dice el proyecto?

La iniciativa, que ya cuenta con el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (Resolución N° 330/2026 del ENReGE, del 28 de julio), busca ampliar la capacidad de transporte de energía hacia el noroeste de San Juan. Según el EPRE, esto permitirá fortalecer el abastecimiento de la zona y acompañar el crecimiento de proyectos productivos y de energías renovables.

Pero el punto clave es el financiamiento. El organismo destacó que VASA asumió el compromiso público de pagar íntegramente las obras, y que supervisará que ese compromiso se cumpla. El objetivo es evitar que la infraestructura minera termine siendo costeada por los usuarios.

Los compromisos de la minera

En una presentación formal ante el EPRE, Vicuña Argentina manifestó su intención de cumplir con la legislación nacional y provincial. Además, se mostró dispuesta a avanzar en un acuerdo bajo el artículo 3° de la Ley Provincial N° 1181-A. Entre los puntos propuestos están el reconocimiento de inversiones en infraestructura preexistente, la posibilidad de que terceros usen la capacidad de transporte sobrante y la entrega de informes periódicos sobre el avance de las obras.

Desde el EPRE indicaron que impulsarán las acciones necesarias para que estos compromisos se concreten y que los beneficios lleguen a todo el sistema productivo sanjuanino.

Atribuciones intactas

El EPRE aclaró que mantiene plenas facultades en seguridad pública de instalaciones eléctricas, calidad del servicio y protección de los derechos de los usuarios. Cualquier conexión de las nuevas obras con la red provincial deberá cumplir con las exigencias técnicas y de seguridad vigentes.

El organismo también consideró urgente crear espacios de análisis técnico para coordinar operaciones, mitigar impactos y formalizar los instrumentos necesarios. La premisa es clara: desarrollo energético, pero sin descuidar la seguridad ni los derechos de los usuarios.