El escalofriante plan de una alumna de 13 años que conmocionó a Río Gallegos
Una alumna de 13 años amenazó con un tiroteo en su escuela de Río Gallegos y sorprendió con sus mensajes. La Justicia investiga hasta el último detalle.
La viralización de los mensajes de WhatsApp de una estudiante de 13 años, que planeaba un tiroteo en el Colegio Secundario N° 25 de Río Gallegos, puso en alerta a toda la comunidad educativa. La joven, que según las primeras investigaciones sufría acoso escolar, habría intentado conseguir el arma reglamentaria del padre de una compañera.
Los mensajes que encendieron la alarma
“Qué ganas de atravesarles la frente con una bala”, “soñé que hacía un tiroteo en mi escuela” y “voy a genuinamente matar a todos en esta aula” fueron algunas de las frases que la alumna envió por WhatsApp y que generaron conmoción en el establecimiento educativo.
Tras la denuncia de las autoridades, el Consejo Provincial de Educación decidió separar a la joven de las aulas para intervenir con equipos técnicos, mientras la causa quedó en manos del Juzgado Penal Juvenil.
Qué dice la ley para una menor de 13 años
El juez Fernando Zanetta, a cargo del caso, explicó en Radio LU12 AM680 los alcances normativos que condicionan la actuación judicial cuando los involucrados no alcanzan la edad mínima de imputabilidad. En Argentina, la punibilidad comienza a los 14 años, por lo que la estudiante queda fuera de cualquier sanción penal.
“Estamos hablando de una niña de 13 años, por lo que queda totalmente afuera de la aplicación de la nueva ley”, precisó el magistrado.
Sin embargo, Zanetta remarcó que la falta de imputabilidad no frena el expediente: “Por más que estemos ante un joven no punible, el hecho hay que investigarlo hasta lo último porque puede aparecer un joven sí punible o un adulto involucrado”.
La investigación sigue abierta
El objetivo de mantener abierta la causa es determinar si existió la participación o instigación de un adulto o de otro menor que sí sea punible. De confirmarse que la chica actuó sola, la vía penal quedará cerrada de forma definitiva.
En ese escenario, el expediente deberá derivarse formalmente a la Justicia de Familia, los organismos de niñez, las autoridades educativas y el entorno familiar para encarar un abordaje de protección e intervención social.
