El escándalo de las pensiones truchas en Salta que ya tiene 5.000 casos bajo la lupa

El fiscal federal Carlos Amad destapó una olla que hierve desde hace años: en el departamento Anta, al menos 5.000 pensiones fueron otorgadas de forma irregular, y el Estado pierde unos $3.200 millones por mes. La causa, que ya tuvo repercusión nacional, vuelve a sacudir a Salta con nuevas revelaciones.

En diálogo con el programa 'Somos la Mañana', Amad confirmó que la investigación se centra en esa zona salteña, donde se detectaron la mayor cantidad de beneficios bajo sospecha. Pero no solo apuntan a los que cobraban: hay una red que incluía a médicos, secretarios y otros involucrados en la confección de certificados.

¿Cómo armaban el fraude?

Uno de los puntos más sensibles es la documentación. Según el fiscal, se fabricaban certificados médicos falsos y se inventaban enfermedades que los beneficiarios ni siquiera padecían.

“Iban a otros consultorios privados para fraguar consultorios privados. Había casos donde no había nada, otros donde aparecían casos de chagas o diabetes y eso aparecía en el stand del Estado, te pagara y te pagaban”, expresó Amad.

Así, personas que figuraban con Chagas o diabetes sin tenerlas lograban cobrar una pensión. La Justicia ahora intenta reconstruir cómo se armaban esos expedientes, quiénes participaban y durante cuánto tiempo operó el mecanismo.

El agujero millonario que sangra al Estado

El impacto económico es devastador: $3.200 millones mensuales que se esfuman de las arcas públicas. Para avanzar, los investigadores ya sumaron documentación, testimonios y el apoyo de Gendarmería Nacional.

Mientras tanto, se intenta determinar qué pasó con esas pensiones: algunas fueron suspendidas, otras están bajo auditoría y hay beneficios que se siguen pagando hasta que se defina su situación.

¿Hasta dónde llega la madeja?

Por ahora, el foco está en Anta, pero la investigación podría expandirse. La causa tiene una prórroga de un año, con vencimiento el 19 de agosto de 2027, para profundizar las pruebas y establecer responsabilidades.

Este nuevo dato vuelve a poner en el centro del debate cómo se otorgaron miles de beneficios y qué controles existieron. La clave será determinar judicialmente quiénes integraron el circuito irregular y cuál fue el verdadero perjuicio al Estado.