El escándalo de los 309 mil millones: la Legislatura bonaerense, bajo la lupa por sus gastos sin control

La Legislatura bonaerense se convirtió en la más cara del país, con un gasto de casi 309 mil millones de pesos en 2025. El dato, revelado por un informe de la Fundación Libertad, reavivó el debate sobre la necesidad de una reforma política que ponga fin a los privilegios y la opacidad en el manejo de los fondos públicos.

El proyecto para transformar la Legislatura en unicameral, presentado por La Libertad Avanza, volvió a poner el tema en la agenda. Pero más allá de la iniciativa, lo que realmente preocupa es el derroche de recursos en una provincia que no llega a cubrir necesidades básicas en salud, educación y seguridad.

¿Cuánto cuesta cada legislador?

Según el informe, los 138 legisladores bonaerenses (92 diputados y 46 senadores) le cuestan a la provincia más de 2.233 millones de pesos por año a cada uno. Ese número se eleva a 2.735 millones en Tucumán, la provincia más cara en este rubro, seguida por CABA (2.662 millones) y Chaco (2.492 millones).

En todo el país, los 1.199 legisladores provinciales representan un gasto anual de 1.182 millones por persona, equivalente a 98 millones mensuales. Son cifras que contrastan con los salarios de los docentes, médicos y trabajadores estatales, que reclaman mejoras salariales.

Los ñoquis y el caso Chocolate

La opacidad en la Legislatura no es nueva. Los módulos, unidades de dinero que se otorgan a cada legislador para contratar empleados, han sido una puerta giratoria para la designación de ñoquis. El caso más resonante fue el de “Chocolate”, un funcionario que cobraba unos treinta sueldos en un cajero automático de La Plata.

Además, los subsidios que antes se repartían por el plenario ahora son asignados por cada legislador, sin rendición de cuentas. Una práctica que se mantiene desde hace décadas y que nadie parece dispuesto a modificar.

¿Por qué nadie impulsa la unicameralidad?

El proyecto de La Libertad Avanza no es el primero. Desde hace años, bloques minoritarios intentan eliminar el Senado, pero nunca contaron con el apoyo de las mayorías peronista y radical. Tampoco se trató durante la reforma constitucional de 1994, y solo una modificación de la Carta Magna podría habilitar ese cambio.

Mientras tanto, la Legislatura sigue gastando millones en edificios anexos, alquileres y despachos para legisladores y asesores. Un dispendio que contrasta con la falta de recursos en áreas críticas como la justicia y la seguridad.

El reclamo por la transparencia y la austeridad es histórico, pero las autoridades de ambas cámaras mantienen un mutismo absoluto. Un silencio que, como reza el aforismo, “el que calla, otorga”.