El Estado abandona un proyecto millonario tras una década de litigio: ¿Qué pasó con el centro logístico que iba a potenciar el comercio?
Una decisión judicial pendiente podría haber costado miles de millones al erario público. ¿Cómo evitó la provincia un desembolso astronómico y qué pasó con la obra que prometía revolucionar el comercio local?
El gobierno provincial decidió retirarse de un pleito judicial que podría haberle costado más de $5.500 millones, dejando sin efecto la expropiación de un terreno destinado a un Centro de Transferencia Multimodal de Cargas. La medida se tomó ante la imposibilidad financiera de concretar la obra, que ya no figura en los planes vigentes.
La expropiación fue dispuesta en junio de 2014 mediante la Ley N° 8.691, durante la gestión del entonces gobernador José Alperovich. El objetivo era destinar unas 120 hectáreas en Cevil Pozo a este centro logístico, incluido en el Plan Quinquenal de Obras Públicas de aquel momento.
Sin embargo, tras más de diez años de trámites, el actual Ejecutivo consideró inviable el proyecto. En un decreto firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y refrendado por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, se sostiene que la falta de fondos evidencia la imposibilidad de cumplir con la finalidad de utilidad pública que justificó la expropiación.
¿Por qué el Estado optó por el desistimiento?
El caso judicial, caratulado como “Provincia de Tucumán c/ Emilio Salvador Luque s/ Expropiación”, tiene una sentencia de primera instancia que condenaba a la provincia a pagar más de $1.313 millones. Luego, la Cámara Civil y Comercial Común modificó el monto a $910.044.033,78 más intereses.
Actualmente, la causa se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán debido a un recurso de casación interpuesto por la Provincia. No obstante, el Estado decidió retirarse antes de que la adquisición del dominio quede firme, aprovechando que la normativa permite el desistimiento mientras no haya sentencia firme, toma de posesión y pago de la indemnización.
Según las estimaciones de la Dirección Judicial de Fiscalía de Estado, persistir con el litigio podría obligar a la provincia a afrontar la suma de $5.500.742.209,35. El decreto argumenta que continuar el proceso para obtener un bien cuyo destino no podrá concretarse “resultaría contrario al uso racional y eficiente de los recursos públicos”.
¿Qué implicaba el proyecto del Centro Multimodal de Cargas?
En abril de 2023, el entonces ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós, supervisó los avances del proyecto junto a otros funcionarios y representantes de entidades como el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. Fabián Soria, ministro de Obras y Servicios Públicos en ese momento, había comentado que se estaba finalizando la primera etapa del proyecto ejecutivo.
Soria describió el polo logístico como un concepto de puerto seco que incluiría transporte aéreo, ferroviario y terrestre. Afirmó que impulsaría la marca Tucumán y sería “uno de los legados más importantes” de la gestión de Juan Manzur y Osvaldo Jaldo, con empresas de gran envergadura e internacionales.
Sin embargo, el gobierno actual se excusó de no poseer los fondos necesarios para avanzar con la infraestructura, señalando que la obra no está prevista en la planificación vigente del Ministerio de Obras Públicas. Basándose en el Dictamen Fiscal N° 384 del 18 de marzo de 2026, el gobernador autorizó a la Dirección Judicial de Fiscalía de Estado a desistir del proceso y tramitar el recupero de las sumas depositadas, una vez cubiertos los gastos correspondientes.
El fundamento final radica en la “imposibilidad del Estado Provincial de cumplir con la finalidad de utilidad pública prevista”, priorizando la estabilidad financiera sobre un proyecto que ya no forma parte del plan de trabajos actual.