El Estado entró al juicio de la Cooperativa 127 Hectáreas y ahora todo puede cambiar de juez

El conflicto por el loteo trunco de La Meseta dio un vuelco inesperado: el fiscal de Estado de Neuquén, Raúl Gaitán, pidió que la causa civil contra la Cooperativa 127 Hectáreas deje de tramitarse en ese fuero y pase a la justicia procesal administrativa, un ámbito donde se discute la actuación de organismos públicos. El planteo podría redefinir quién responde por los lotes que nunca se escrituraron.

La presentación, firmada el 26 de agosto, se apoya en el artículo 5 de la Ley 1305 —que declara improrrogable la competencia administrativa— y en el artículo 79 del Código Procesal Civil, que excluye de los juzgados civiles las cuestiones vinculadas con la responsabilidad del Estado. Gaitán citó además una serie de fallos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en casos similares, como reclamos por escrituración contra las municipalidades de Neuquén y Centenario, y advirtió que si la jueza rechaza su planteo llevará la discusión directamente al TSJ.

Qué dice y qué no dice el escrito

El fiscal aclaró en dos oportunidades que su presentación no implica reconocer los hechos ni los derechos que invocan las partes, ni la autenticidad de la documentación presentada. Su planteo se limita a definir quién debe decidir: según su postura, determinar si existe responsabilidad de los organismos públicos corresponde al fuero administrativo.

La cooperativa, en cambio, leyó el escrito como un respaldo a su tesis. "El fiscal de Estado y el municipio reconocen en la causa civil que esto corresponde al ámbito contencioso-administrativo porque hay organismos del Estado que firmaron convenios que son públicos", sostuvo el secretario de la entidad, Gustavo Aguirre. Sin embargo, esa interpretación va más allá de lo que dice el texto de Gaitán.

Todo comenzó cuando un grupo de adherentes demandó a la cooperativa por cumplimiento de contrato en el fuero civil. Al contestar, la entidad sostuvo que la intervención de la Municipalidad y del IMUH era imprescindible para que la sentencia fuera válida, y advirtió que si resulta condenada iniciará acciones de regreso contra esos organismos. La jueza hizo lugar al pedido y el 13 de agosto citó a ambos como terceros. Así fue como el expediente llegó a la Fiscalía de Estado.

Un loteo con sello oficial

La documentación presentada por la cooperativa —que refleja la versión de una de las partes— permite reconstruir el origen del proyecto. En abril de 2020, en plena pandemia, la entidad obtuvo de Camuzzi Gas del Sur la factibilidad de gas para el predio de La Meseta, y meses después firmó un primer convenio con el IMUH y la Subsecretaría de Comisiones Vecinales.

En marzo de 2021, la subsecretaría empezó a derivar carpetas de postulantes: según la cooperativa, eran vecinos inscriptos en el registro municipal de vivienda y seleccionados por el propio Municipio. Una nota oficial de octubre de ese año contabilizó 1.387 carpetas entregadas y cerca de 100 pendientes. El Municipio también organizó reuniones informativas en barrios como Hibepa, Gregorio Álvarez, Confluencia, Gran Neuquén Sur, Villa María y Valentina Sur.

La pieza clave era la incorporación de las tierras al ejido urbano. En mayo de 2021 el Ejecutivo municipal impulsó un expediente para declarar de interés la ampliación del ejido, y el 17 de junio el Concejo Deliberante aprobó la Declaración de Interés 025/2021 con 15 votos a favor. El 24 de septiembre de 2021 se firmó el convenio más importante entre la Municipalidad, el IMUH y la cooperativa, que establecía el trabajo conjunto para urbanizar el predio "previa incorporación de las tierras al ejido urbano". Ese mismo día, el IMUH anunció en sus redes que esas tierras "próximamente serán anexadas al ejido municipal".

Ese anuncio nunca se concretó. La ampliación requería una ley de la Legislatura provincial y, según la cooperativa, el lote de La Meseta fue "cortado" y quedó afuera del ejido. Aguirre explicó que presentaron un proyecto de ampliación, pero la Legislatura consideró que no era viable avanzar porque se trataba de una sola cooperativa la que lo reclamaba.

La causa penal que avanza en paralelo

La versión de la cooperativa choca de frente con la de la fiscalía penal. El juez de garantías Luciano Hermosilla tuvo por formulados los cargos de estafa reiterada contra tres integrantes de la entidad —además de Jorge Salas, quienes ocupaban la secretaría y la tesorería— y declaró el proceso como causa compleja, otorgándole a la fiscalía seis meses para completar la investigación antes de presentar la acusación para un juicio oral.

Para la fiscal Rocío Rivero, la cooperativa nunca fue dueña de los terrenos que vendió y cobró, y los lotes estaban fuera del ejido de la capital. Además, sostiene que se brindó información falsa sobre la incorporación de los lotes al ejido urbano y sobre la propiedad del loteo. Lo que la cooperativa presenta como un incumplimiento del Estado, la fiscalía lo interpreta como parte de un engaño.

"La acusación habla de un ardid, un engaño, en donde una persona captaba gente, otra hacía los papeles y otra cobraba", resumió Aguirre, quien cuestionó la solidez de la investigación. Según la cooperativa, tras los allanamientos de 2025 ya les fueron devueltos dos vehículos y parte de los elementos secuestrados. En la audiencia de formulación de cargos, el juez rechazó la inhibición general de bienes y el embargo de los vehículos pedidos por la acusación.

La causa penal también condiciona el dinero. Según Aguirre, los adjudicatarios pagaban mediante transferencias a una cuenta de la cooperativa en el Banco Credicoop, que permanece inmovilizada por una medida dispuesta en la causa penal. "La plata se bancalizaba automáticamente y está en una cuenta de alrededor de 400 millones de pesos, que pierden valor anualmente", afirmó.

Los otros frentes civiles

El expediente con intervención de la Fiscalía de Estado no es el único. En abril, la jueza María Eliana Reynals declaró la caducidad de instancia en otro juicio por cumplimiento de contrato iniciado por 48 adherentes en marzo de 2025. Según la resolución, los demandantes no hicieron ningún movimiento durante más de 200 días ni respondieron al pedido de la cooperativa. La jueza les impuso las costas y reguló honorarios que, según estimaciones de la entidad, podrían significar entre 18 y 26 millones de pesos para cada demandante. La caducidad no implica una decisión sobre el fondo del reclamo.

La cooperativa informó además que la justicia levantó embargos civiles en al menos tres causas, entre ellas la que hoy tramita con intervención de la Fiscalía de Estado, donde se liberaron 165 millones de pesos. En otro expediente, el levantamiento de un embargo por 415 millones quedó firme tras pasar por el TSJ.

Cinco años después del anuncio de que las tierras serían "próximamente anexadas" al ejido, el loteo sigue sin concretarse, el dinero continúa congelado y las respuestas dependen de al menos dos tribunales distintos. El propio TSJ, en uno de los fallos citados por el fiscal, reconoció que las disputas sobre qué juez debe intervenir suelen demorar los procesos. Mientras tanto, las familias que en 2021 fueron derivadas por el Municipio para acceder a un lote en la meseta siguen esperando.