El Estado pagaba $584.563 por una droga que se conseguía a $92.000: quién avisó y qué pasó después

Un dictamen de 300 páginas firmado por el fiscal Franco Picardi y por Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), pide indagar a altos directivos de droguerías que habrían participado de un esquema de supuesta corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante la gestión de Diego Spagnuolo.

La acusación sostiene que las maniobras se desarrollaron al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, y que fueron posibles por acuerdos indebidos entre funcionarios del organismo y actores privados vinculados a droguerías y proveedores de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia, conocidos como PACBI.

La sombra de Suizo Argentina sobre la Andis

Según el dictamen, existió una cooptación de la agencia por parte de Suizo Argentina S.A. La firma recibía información anticipada, controlaba y administraba las compulsas de precios y determinaba los valores de venta de medicamentos PACBI propios y de otras empresas, con sobreprecios y cifras discrecionales que derivaron en un aumento sustancial de los precios.

Los fiscales también señalan que la compañía utilizaba a Génesis S.A. como firma interpuesta para inflar los valores de venta al Estado Nacional. Y que daba órdenes a los responsables de la Andis sobre a qué firmas pagar y a cuáles no, además de qué personas designar dentro del organismo y a quiénes despedir.

Desde Suizo Argentina negaron las imputaciones y los sobreprecios mencionados en el dictamen. Hablan de pruebas incorporadas de manera dudosa y de audios atemporales sobre personas que no tienen vínculo con la firma. Además, destacan que la Andis era solo un cliente entre más de 10 mil con los que trabaja la compañía, y que el 95% de su facturación se produce en el sector privado.

La cifra que surge de ARCA

De acuerdo con Picardi y Rodríguez, durante la gestión de Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini la empresa facturó $124.652.174.118 a la Andis entre mayo de 2024 y agosto de 2025, conforme a la información aportada por ARCA.

“Se puede advertir que la tenencia de información por adelantado en los términos analizados no fue una excepción, sino la regla, lo que da la pauta de las actividades de control y administración que la Suizo Argentina S.A. asumió desde mayo de 2024. En otras palabras, la actividad de la Suizo Argentina S.A. no se agotó en la administración de las compulsas, sino que además era la que controlaba las compulsas de precios de la ANDIS. Así, entre los archivos almacenados en el teléfono mencionado, se identificó otro conjunto de documentos: ya no se trata de planillas que anticipan cómo se comportaría una firma en particular en una compulsa, sino de matrices completas con información de los renglones totales de las compulsas de precios; la participación de cada una de las firmas cartelizadas y los porcentajes asignados por compulsa y acumulados a cada firma”, afirma la acusación.

Las 14 firmas registradas en los Excel

Varias droguerías quedaron señaladas como supuestas partícipes de la maniobra irregular o, al menos, figuran en la facturación analizada. La Suizo Argentina administraba, antes del cierre de las compulsas, los medicamentos de alto costo que cada una obtendría.

En esos Excel se llevaban controles y registros de 14 firmas: Dihemo S.A., Droguería 20 de Junio S.A., Lowsedo S.R.L., Soldist S.R.L., Seguermed S.R.L., Luley S.A., Droguería Meta S.A., Ultra Pharma S.A., Droguería Del Sud S.A., Droguería Disval S.R.L., Hemipharm S.R.L., Medipharma S.A., Droguería Génesis S.A. y Scienza Argentina S.A.

En Droguería del Sud afirmaron que su mercado es en un 99% con el sector privado y que las relaciones con el Estado son prácticamente inexistentes en su facturación.

El lobbista, la clave del SIIPFIS y el pago frenado

Uno de los principales señalados es Pablo Atchabahian, exdirector de la Andis entre 2018 y 2019, que habría trabajado como lobbista de la principal droguería entre julio de 2023 y agosto de 2025.

Según el dictamen, el exfuncionario de Salud indicaba a quiénes pagar y a quiénes no, a quiénes incorporar al sistema SIIPFIS para que puedan cotizar, a qué personal despedir e incluso a quiénes incorporar.

Como ejemplo, se recuerda el caso de Luciana Ferrari, persona de confianza de Atchabahian que trabajaba en Roche S.A.Q.E.I. y que, en clara oposición a los intereses del Estado, se dedicaba a gestionar el SIIPFIS desde el sector privado. Para la misma época en que Atchabahian actuaba como lobbista de Suizo Argentina y Garbellini gestionaba esos intereses de manera directa en la Andis, Ferrari contó con usuario y clave del sistema por lo menos desde el 13 de agosto de 2024, apenas dos meses después del arribo de este último al organismo.

El mismo día que Atchabahian pidió incluir a 20 de Junio, también ordenó frenar y “dormir un pago” a la droguería Dihemo S.A. porque “estaba jugando mal”.

Cladribina: de $92.000 a $584.563

Uno de los elementos más importantes del dictamen es el supuesto pago de sobreprecios. El documento cita el caso de las compras de la Andis para la provisión de cladribina, con 21 órdenes de compra identificadas.

“La lectura de las órdenes de compra permite corroborar que la droga fue comercializada, en líneas generales, a través de su versión “Mavenclad 10 mg 1 comprimido”, del laboratorio Merck. En cuanto a su valor, fue adquirida por ANDIS entre los $281.400 (por ejemplo, en mayo 2024) y los $584.563,51 (por ejemplo, en mayo 2025). Y esta droga era cotizada, en general, por Soldist S.A, Seguermed S.R.L., Dihemo S.A., Génesis S.A. y/o Droguería del Sud S.A., entre otras. Sin embargo, a partir de que Gonzalo Zarbo dio el aviso en su grupo de trabajo sobre la adquisición de cladribina en su versión comercial “Eurit” —del Laboratorio Richmond—, a costo de $92.000 y solicitó que roten, se produjeron en ANDIS, dos compulsas de precios en las que se requirió la provisión de la droga: la Nro. 01-24-07-297, del 29 de julio de 2024 e inmediatamente después la Nro. 01-24-08-298, del 2 de agosto de 2024”, señala el documento judicial al que accedió TN.