El Estado se desprende de AySA: quién se queda con el agua de millones de usuarios

El Ministerio de Economía adjudicó la licitación para vender el 90% de las acciones estatales de AySA, la empresa que abastece de agua y cloacas a buena parte del conurbano bonaerense y a la Ciudad de Buenos Aires. La operación quedó en manos de un consorcio integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA, que ofertó u$s340.200.000 sin IVA.

La decisión se formalizó este jueves mediante la Resolución 1818/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro Luis Caputo. El texto fija el 13 de noviembre de 2026 como fecha límite para firmar el contrato de compraventa de las acciones.

Cómo se llegó a la adjudicación

En el segundo lugar del orden de mérito quedó otro consorcio, formado por Roggio Roas SAU, Hidrosan Capital SAU, Aguas del Plata Participaciones SA, Benito Roggio e Hijos SA y Central Buen Ayre SA, cuya oferta fue de u$s285 millones sin IVA.

Según la resolución, la Comisión de Evaluación "ad hoc" recomendó adjudicar al primero de la lista y su dictamen no recibió impugnaciones dentro del plazo previsto. El documento sostiene además que las ofertas económicas "resultan razonables" en función de la tasación del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y que se ubican dentro de las proyecciones de esa valuación.

La norma también instruye a la Tesorería General de la Nación a informar al adjudicatario a qué cuenta deberá transferir el pago por el 90% del paquete accionario. Y corrige un error material del modelo de contrato incluido en el pliego: precisa que las acciones adquiridas son 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, de valor nominal de $1.000 cada una y con derecho a un voto por acción, equivalentes al 90% del capital social y de los votos de la compañía.

El camino que abrió la Ley Bases

AySA fue declarada "sujeta a privatización" por la Ley 27.742, conocida como Ley Bases. En julio de 2025, el Decreto 494 habilitó su privatización total, con la venta de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante licitación pública y el remanente en bolsas y mercados del país.

Ya en mayo de este año, la Resolución 704/2026 convocó a una licitación de etapa múltiple, sin precio base, para transferir a un único operador estratégico la totalidad de las acciones estatales. El 15 de septiembre se abrieron las ofertas técnicas de los dos consorcios que se presentaron y ambos quedaron preseleccionados el 5 de octubre. Las propuestas económicas se conocieron el 8 de octubre a través de la plataforma CONTRAT.AR.

Las sospechas que rodean la operación

El proceso quedó bajo la lupa por posibles conflictos de intereses entre empresas del grupo ganador y aportantes a la campaña de La Libertad Avanza. El consorcio encabezado por Rowing S.A. se quedó con el 90% de las acciones por u$s340,2 millones, una cifra por debajo de los u$s500 millones que el Gobierno había anticipado como piso esperado.

Las alertas apuntan a los vínculos de Rowing con Equo Capital, grupo que también reúne a Direct Group y Lógico, dos firmas que aportaron $20 millones cada una a la campaña de LLA en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas de 2025. De acuerdo con la información pública de la Cámara Nacional Electoral, esas contribuciones se hicieron el 28 y el 29 de julio de ese año. El dato fue señalado por Walter Martello, de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

La denuncia de los legisladores

En paralelo, cuatro integrantes de la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones —las diputadas Florencia Carignano y Ana María Ianni, y los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich— presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que se investiguen las condiciones de la licitación y las tasaciones usadas para determinar el valor de AySA.

Los legisladores cuestionaron que los informes de valuación se mantuvieran bajo reserva y denunciaron que el procedimiento habría apartado al Tribunal de Tasaciones de la Nación de su intervención habitual. Según el planteo, esa falta de información impide conocer los criterios con los que se fijó el valor de la compañía y evaluar si la oferta elegida conviene al Estado.

La presentación advierte además que el Tribunal de Tasaciones había señalado limitaciones para aplicar el método de valuación impulsado por el Gobierno, basado en los ingresos esperados, las inversiones comprometidas y los costos operativos, ya que su tarea se concentra en la valoración de activos físicos. La denuncia sostiene que la tasación terminó en manos de una unidad creada para ese fin dentro del BICE y no descarta posibles responsabilidades administrativas o penales.