El ex juez Bailaque suma causas, pero la fiscalía ya tiene un plan para sentarlo en el banquillo
Tres causas de corrupción, un mismo ex juez y una decisión que las mete todas en un solo juicio: lo que la fiscalía tiene preparado para Bailaque cambia el escenario para los rosarinos que siguieron el caso, y el dato que lo resuelve no está en la resolución.
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario tomó una decisión que acelera el destino judicial del ex juez federal Marcelo Bailaque: las tres investigaciones por corrupción que lo tienen como imputado se discutirán en un solo juicio oral y público.
La medida la firmaron los jueces Elida Vidal y Aníbal Pineda, y se conoció después de que terminaran las audiencias de control de la acusación en los tres legajos que tramitó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Por qué se unifican las causas
La fiscalía venía pidiendo desde noviembre de 2024, cuando se formalizó la investigación, que las imputaciones se trataran juntas. En febrero de 2026, con las pesquisas cerradas y las acusaciones presentadas, reiteró el planteo: sostiene que existe conexidad objetiva y subjetiva entre los hechos y que la prueba debe valorarse de manera conjunta.
Pineda lo explicó en su voto: “Existe conexidad objetiva y subjetiva entre los hechos investigados respecto de Bailaque en su rol de juez. Los delitos por los cuales se lo acusa se relacionan con hechos en el ejercicio de la magistratura”.
Para el magistrado, correspondía unificar los tres legajos en un único acto de apertura a juicio por la “estrecha vinculación subjetiva, fáctica y procesal” entre ellos y por los principios de razonabilidad, proporcionalidad, concentración y celeridad del sistema acusatorio.
Vidal, por su parte, puso el acento en la economía procesal: “Es la misma persona investigada en tres legajos, debe existir una comunidad de análisis de los elementos que conforman la investigación. Se debe respetar la unidad de reacción penal, porque el proceso es el vehículo para aplicar la norma penal”.
Sigue con arresto domiciliario
En la misma resolución, los jueces prorrogaron por seis meses —o hasta que se abra el juicio oral, lo que ocurra primero— el arresto domiciliario que Bailaque cumple con un dispositivo electrónico de monitoreo.
Pesaron los riesgos procesales que marcó la fiscalía, sobre todo la necesidad de resguardar a testigos, algunos empleados judiciales y otros vinculados al coimputado Santiago Busaniche. También se tuvo en cuenta que, si se acredita la acusación, la pena en expectativa será de cumplimiento efectivo.
Qué le atribuyen
El MPF estimó que pedirá 10 años de prisión para el exmagistrado, más inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y multas. Los delitos que le imputan son prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público, extorsión, concusión, recepción de dádivas y lavado de activos de origen ilícito agravado por su condición de funcionario.
En las investigaciones intervinieron los fiscales Diego Velasco (PROCELAC), Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari (Unidad Fiscal Rosario), Diego Iglesias (PROCUNAR), Matías Scilabra (PROCUNAR Región NEA) y Sergio Rodríguez (PIA).
Las extorsiones y los pagos
Uno de los legajos, impulsado por la PROCELAC, investiga tres hechos de extorsión y recepción de dádivas. También están involucrados el escribano Busaniche, el financista Fernando Whpei y el extitular de la delegación local de la ex AFIP —hoy ARCA—, Carlos Vaudagna.
Según la acusación, entre mediados de 2019 y noviembre de 2024 Bailaque coordinó con ellos una maniobra para impulsar actuaciones judiciales y administrativas contra dos empresarios identificados como C.I. y J.O., con el objetivo de perjudicar la reputación del primero y perturbar su carrera. Para evitar que resultara perjudicado en una causa penal, le exigieron 200.000 dólares, de los cuales entregó 160.000.
Otra imputación abarca de enero de 2019 a enero de 2025, cuando Bailaque era titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario. Se lo acusa de haber recibido pagos mensuales de Whpei a través de la mutual Siempre Joven por un total de 5.719.194 pesos.
En el tercer hecho aparece su esposa, Graciela Martínez Maulion. El MPF sostiene que en agosto de 2020 ambos incorporaron al mercado formal fondos de origen ilícito mediante un contrato de cesión de derechos y acciones sobre un lote en un barrio cerrado de Funes. Habrían pagado 70.000 dólares en efectivo, por debajo del valor real de mercado.
El desvío de fondos de la cooperativa
La segunda acusación que llegará a juicio tiene que ver con su actuación en la intervención judicial de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín. La fiscalía le atribuye haber tomado decisiones contrarias a derecho y haber ocultado deliberadamente su relación con Whpei para favorecerlo.
En diciembre de 2020 dispuso el desbloqueo de los plazos fijos de la cooperativa en distintos bancos para colocarlos luego en mutuales controladas por el financista. En febrero de 2021 mantuvo la intervención y rechazó la constitución como querellantes de los asociados. En abril de ese año firmó un decreto para liberar los fondos depositados: primero autorizó 150 millones de pesos y después otros 1.000 millones, para operar con el Grupo Unión S.A. y la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, entidades ligadas a Whpei.
Las demoras en causas de narcotráfico
La tercera acusación, presentada en noviembre de 2025, se relaciona con su desempeño en investigaciones sobre la organización narcocriminal que lideraba el condenado Esteban Lindor Alvarado. También está imputado el contador Gabriel Mizzau.
Para el MPF, entre 2014 y 2015 Bailaque dictó resoluciones contrarias a derecho frente a las pruebas reunidas y las propuestas de la fiscalía. Esa conducta paralizó las investigaciones y favoreció directamente los intereses de Mizzau, amigo personal del exmagistrado y contador de empresas usadas por la banda.
Las calificaciones y el pedido de pena
El MPF le atribuye a Bailaque, como autor, un concurso ideal de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público; un concurso ideal de extorsión y concusión; recepción de dádivas; y lavado de activos agravado por su condición de funcionario.
Por el conjunto, la fiscalía estimó 10 años de prisión, cinco años de inhabilitación especial para cargos públicos, cinco años de inhabilitación absoluta y multas equivalentes a cinco veces el monto de la operación de lavado y a tres veces el valor de las dádivas percibidas.