El excombatiente que se cansó de que todos miren a la Corte: «Nos hace falta más valentía como sociedad»

El abogado constitucionalista y excombatiente de Malvinas Armando Aquino Britos salió a pegarle a los poderes que, a su juicio, son los verdaderos responsables del deterioro institucional argentino. Lo hizo en una entrevista con el programa La Otra Campana, emitido en simultáneo por LT7 Radio Corrientes y LT25 Radio Guaraní de Curuzú Cuatiá, y tomando como disparador una columna de su autoría publicada en EL LIBERTADOR.

La conversación con los periodistas Gustavo Adolfo Ojeda y Facundo Sagardoy arrancó con el fallo reciente de la Corte Suprema por el planteo de veteranos de guerra contra el artículo 154 del DNU 70/2023, el mega decreto que tocó cientos de leyes.

Cómo leyó el fallo de la Corte

Aquino Britos explicó que el máximo tribunal desestimó la demanda sin meterse en el fondo del asunto. La razón: los excombatientes no acreditaron una «legitimación concreta y puntual», criterio que ratifica que la soberanía le interesa a toda la ciudadanía, pero su defensa judicial queda en manos de los órganos del Estado.

El jurista admitió que, aunque él discrepa con esa doctrina restrictiva, el fallo es coherente con la línea que la Corte viene aplicando en causas parecidas, como las que impulsaron el Colegio de Abogados de Buenos Aires o la Gobernación de La Rioja.

Pero ahí no está el problema, según su mirada. El verdadero eje de su advertencia apuntó a dónde se dirige la crítica. «El Poder Judicial no está llamado a gobernar, sino a ejercer el control de constitucionalidad y velar por la supremacía de la Carta Magna», subrayó.

En ese sentido, calificó de «cobardía o desconocimiento» la costumbre de apuntarle a la Corte Suprema. Para él, es más fácil pegarle al eslabón más débil de la representación republicana —un órgano sin debate político ni posibilidad de réplica— que reclamarle a los que gobiernan y legislan.

El desborde del Ejecutivo y la pasividad del Congreso

Cuando tuvo que señalar responsables, Aquino Britos apuntó directo al Poder Ejecutivo nacional y al Congreso. Del primero denunció un «desborde temperamental e institucional atroz», con la pretensión de gobernar al margen de las previsiones constitucionales.

Como ejemplo mencionó el DNU 70 —que abarca más de 700 artículos y deroga o modifica cerca de 400 leyes— y el DNU 941, que le da a la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) amplias facultades de detención sin control judicial previo ni reglamentación clara.

Contra las cámaras parlamentarias fue igual de duro. A su juicio, el Congreso incumple sus deberes esenciales de control amparándose en la Ley 26.122 y «resignando mansamente» sus competencias exclusivas.

«Es inadmisible que el propio Congreso contemple con indiferencia cómo otro poder se atribuye sus facultades normativas. O existe una ignorancia supina de sus obligaciones o una abierta complicidad», disparó durante la emisión radial.

También cargó contra el sectarismo de sectores políticos que aplauden cualquier medida del gobierno solo por oposición a gestiones anteriores, y pidió superar las antinomias del pasado para dejarles instituciones fuertes a las próximas generaciones.

Qué significa «armarse» en tiempos de paz

Desde su doble condición de veterano de guerra y profesional formado en la universidad pública, Aquino Britos vinculó el patriotismo con una lectura moderna de la Constitución. Recordó al jurista Carlos Fayt y su reflexión sobre la democracia ateniense: en tiempos de paz, el compromiso patriótico no se mide en el campo de batalla sino en la participación activa en la vida pública.

Por eso revalorizó el artículo 21 de la Constitución Nacional, que consagra la obligación ciudadana de armarse en defensa de la Patria y de la Carta Magna. En el contexto actual, sostuvo, «armarse» significa pertrecharse de garantías, derechos y herramientas legales para interpelar con firmeza a los poderes constituidos.

La diferencia entre hospitalidad y soberanía

Consultado por los debates legislativos sobre la compra de tierras por parte de extranjeros, el exconvencional constituyente marcó una distinción categórica entre el principio de hospitalidad del artículo 20 de la Constitución y la defensa de la integridad territorial.

Garantizar igualdad de derechos civiles a los extranjeros no implica, según su postura, que el Estado deba abdicar de su poder de imperium ni comprometer la soberanía sobre zonas estratégicas o de frontera.

«Una cosa es ser generosos con los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino y otra muy distinta es permitir que, a través del poder económico, se adueñen de nuestro territorio», remarcó.

Para cerrar, lanzó una advertencia sobre el rumbo del sistema político: si el Ejecutivo sigue concentrando atribuciones legislativas extraordinarias ante un Congreso que no pone límites, el país no solo se alejará del modelo republicano, sino que terminará «consagrando una monarquía ni siquiera constitucional».