El exfiscal que firmó un informe médico con manchas y la celda helada del exjefe penitenciario: la Justicia chaqueña cerró la cuenta

El Tribunal Oral Federal de Resistencia volvió a condenar a dos hombres que ocuparon cargos públicos durante la última dictadura cívico-militar. Se trata del exfiscal federal Roberto Domingo Mazzoni y del exjefe penitenciario César Pablo Casco, quienes recibieron penas de 14 y 13 años de prisión respectivamente en un juicio abreviado.

La resolución la dio a conocer la jueza subrogante Emilce Rojas este miércoles 21 de octubre. Ambos imputados habían asumido expresamente su responsabilidad por los hechos y delitos que les imputaron durante la audiencia realizada el 6 de octubre, asistidos por la Defensa Oficial. La acusación fue leída por los fiscales y acompañada por las querellas de las subsecretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia del Chaco.

En esa misma instancia, las víctimas y sus familiares manifestaron su conformidad con la realización del juicio abreviado, por considerar que constituía una forma de reparación.

Con esta sentencia, la provincia del Chaco acumula la decimocuarta condena por crímenes de lesa humanidad desde la reapertura de las causas en 2004.

Qué se le imputó al exfiscal Mazzoni

Mazzoni fue condenado por encubrimiento por infracción del deber de denunciar delitos, omisión de dar cuenta de una detención ilegal y omisión de promover la persecución y represión de delincuentes. Los hechos tuvieron como víctimas a Aníbal Ponti, Hugo Barúa y Eugenio Domínguez Silva.

En el caso de Ponti, el exfiscal no investigó las reiteradas denuncias de quien había declarado haber sido torturado en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Brigada de Investigaciones. Ante la presentación de un hábeas corpus, Mazzoni concurrió a la Brigada junto con el médico policial y fue considerado responsable de su participación en un informe médico inexacto, que atribuyó las lesiones de la víctima a simples manchas provocadas por la falta de higiene.

También se lo encontró responsable de haber dado tratamiento judicial como mayor de edad a Eugenio Domínguez Silva, pese a que según la normativa legal vigente era menor. Domínguez Silva había denunciado ante Mazzoni diversas torturas, pero el entonces funcionario no impulsó ninguna investigación. En febrero de 1978, cuando el joven se encontraba a disposición del Juzgado Federal, fue retirado ilegalmente de la Alcaidía y ocultado en la Brigada de Investigaciones ante la visita del Comité Internacional de la Cruz Roja.

En cuanto a Hugo Barúa, Mazzoni fue condenado por no haber investigado sus denuncias sobre las torturas sufridas en la Brigada de Investigaciones, así como por la falta de atención médica cuando contrajo tuberculosis durante su detención en la Alcaidía.

La sentencia también modificó la calificación legal de la resolución del año 2019 en los casos de Mirta Clara y Gregoria Pérez, de acuerdo con lo dispuesto por la Cámara Federal de Casación Penal. Las conductas quedaron encuadradas como tormentos psicológicos agravados en lugar de apremios ilegales.

En ambos casos, las detenidas políticas habían acudido al despacho de Mazzoni para denunciar las torturas padecidas. Según los hechos acreditados, el entonces funcionario las amedrentó: en uno de los casos llamó a la Brigada de Investigaciones para consultar si debía devolver a la detenida al centro clandestino; en el otro, la apuntó con un arma de fuego.

La celda de confinamiento y los baños de agua helada

César Pablo Casco fue condenado como autor del delito de tormentos agravados por haber sido cometidos contra una persona perseguida política, en perjuicio de Carlos Raúl Aranda.

La sentencia lo responsabilizó por ordenar un castigo contra Aranda en la Unidad Penitenciaria Federal N.º 7 (U7). La víctima fue alojada durante 30 días en una celda de confinamiento, desnuda, sometida a baños de agua helada dos veces por día en pleno invierno y con una alimentación mínima.

Los antecedentes que ya pesaban sobre ambos

No es la primera vez que ambos exfuncionarios se sientan en el banquillo. En 2019, en la causa conocida como Complicidad Judicial y Servicio Penitenciario Federal, el Tribunal Oral Federal de Resistencia los había condenado a 11 años de prisión por diversos crímenes de lesa humanidad.

En 2021, en el juicio Caballero III, Casco recibió una condena de tres años y seis meses de prisión. Tres años después, en 2024, Mazzoni fue sentenciado a cinco años y seis meses por presenciar una sesión de tortura en su condición de funcionario judicial, en el marco del juicio Complicidad Judicial II.

Catorce sentencias en dos décadas

Desde la reapertura de las causas por crímenes de lesa humanidad en 2004, el Tribunal Oral Federal de Resistencia y el Juzgado Federal N.º 1 dictaron 14 sentencias en la provincia.

Los juicios Caballero I, Caballero II y Caballero III, que juzgaron crímenes cometidos en la Brigada de Investigaciones, la Alcaidía Policial y la Unidad Penitenciaria Federal N.º 7, tuvieron sentencias en 2010, 2018 y 2021, respectivamente. Las causas que investigaron las responsabilidades por la Masacre de Margarita Belén se resolvieron en 2011, 2013 y 2022.

En 2019 se dictaron sentencias en los juicios Ligas Agrarias y Complicidad Judicial I. Luego llegaron las causas Conscriptos, en 2022, y Complicidad Judicial II, en 2024. También se sustanciaron los juicios abreviados Aníbal Muñoz, en 2025, y Complicidad Judicial III, en 2026.

Por último, el Juzgado Federal dictó sentencias por el derecho a la verdad en los casos de Pablo Martinelli, en 2023, y Carlos Tereszecuk, en 2025.