El exfiscal Scapolan, el "gran ausente" de un juicio que destapó robos de cocaína y causas armadas

El Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N°1 de San Martín difundió los fundamentos de una sentencia que sacudió a la Policía de la Provincia de Buenos Aires: condenas de hasta 17 años de prisión para exintegrantes de la fuerza y un nombre que, aunque no se sentó en el banquillo, sobrevoló todo el debate. Se trata del exfiscal de San Isidro Claudio Scapolan, destituido tras el escándalo que expuso la connivencia entre funcionarios judiciales, policías y abogados para fraguar causas, robar cargamentos de droga y liberar zonas.

Los jueces Silvina Mayorga —presidenta del tribunal—, Héctor Sagretti y Daniel Gutiérrez no lo pasaron por alto. En el fallo lo describieron como "el gran ausente de este debate" y remarcaron que su intervención surgió de la prueba, que impartió órdenes y que concurrió a los procedimientos examinados. La causa se había iniciado con una denuncia bajo reserva de identidad, el 14 de junio de 2016, que lo señaló como jefe de una organización policial dedicada a extorsionar mediante el fraguado de causas.

Un veredicto que sacó a la luz una red

El 12 de agosto pasado, el TOF N°1 había leído el veredicto que condenó a 17 años de cárcel a los comisarios Juan José Magraner y Marcelo Di Rosa y al sargento Adrián Baeta. En total, hubo 23 condenados más, entre ellos el exmiembro de la Policía Federal Carlos Maidana, de 59 años, quien fue "imputado colaborador" y en julio pasado fue procesado por el juez federal de Morón Jorge Rodríguez por integrar una banda de boqueteros que intentó robar dos bancos, en Baradero y Morón.

También recibió 12 años de prisión Cristian Esteban Seu, señalado como testigo "trucho" del operativo Leones Blancos. Y dos abogados fueron condenados: Matías Pedersoli (dos años y medio) y Francisco García Maañón (tres años), ambos con prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer la profesión.

El robo de cocaína que cambió la historia

Baeta, de 56 años, era amigo de Diego Xavier Guastini, el contador asesinado en 2019 que era el cerebro financiero de las grandes bandas narco que operaban en el país. Esa relación de confianza le permitió obtener el dato clave para diseñar un operativo que, en diciembre de 2013, derivó en el robo de entre 520 y 560 kilos de cocaína del caso Leones Blancos.

En la presentación de ese procedimiento ante los medios estuvo el entonces gobernador Daniel Scioli, hoy secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, quien recorrió los ladrillos de cocaína secuestrados por el fiscal Scapolan y los detectives bonaerenses. Se informó de la incautación de poco más de 500 kilos, pero el expediente revela que fueron más: entre 520 y 560 kilos robados por el personal policial que intervino.

El alegato que apuntó al exfiscal

Durante su alegato, el fiscal general Marcelo García Berro ya había puesto el foco en Scapolan: "En este juicio quedó plenamente demostrado que reducir la responsabilidad de Scapolan a una mera falsedad documental —como si se tratara de un acto administrativo aislado— constituye una visión errónea y notoriamente insuficiente. La falsedad fue un delito instrumental, funcional a un plan criminal más amplio".

Y agregó: "Scapolan no fue un funcionario engañado ni marginalmente involucrado. Su actuación respondió a una práctica consolidada: anticipaba el dato, programaba los procedimientos con antelación y los oficializaba bajo el rótulo de una falsa 'urgencia', su sello distintivo, utilizada sistemáticamente para legitimar detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales".

El fiscal pidió que se extraigan testimonios para continuar la investigación sobre el exfiscal como integrante de la asociación ilícita, al considerar que su intervención fue "indispensable para el funcionamiento, cobertura y perdurabilidad de la organización criminal, cuyos beneficios se alimentaron del narcotráfico y de la corrupción institucionalizada".

Idas y vueltas judiciales

En octubre de 2021, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado había procesado a Scapolan como jefe de la asociación ilícita y le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir $2000 millones. Scapolan era uno de los funcionarios de mayor confianza del exfiscal general de San Isidro Julio Novo, quien renunció en 2017 tras ser acusado de encubrir a una banda narco.

El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez había fundamentado el pedido de procesamiento: "Se espera de los funcionarios policiales y judiciales una conducta acorde con su rol social, y por ello, la sola idea de que una organización criminal esté conformada por quienes han sido autorizados por el Estado a utilizar el monopolio de la fuerza física legítima intranquiliza, genera conmoción y mina la paz social que aquellos deben garantizar".

En junio de 2022, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento por asociación ilícita, pero confirmó la imputación por presunta falsedad ideológica de documento público en relación con el operativo Leones Blancos. Ese procesamiento está firme. La investigación sigue abierta, aunque fuentes con acceso al expediente indicaron que hace más de tres años que no se realiza una medida de prueba relacionada con el exfiscal.

Scapolan fue destituido por mayoría en diciembre de 2023 por un jurado de enjuiciamiento. La jueza Ana María Bourimborde, que encabezó ese jury, había señalado en su voto: "Con la prueba reunida durante el juicio y con la evidencia incorporada por lectura, considero acreditada las imputaciones formuladas por la acusación contra el agente fiscal Scapolan... se han verificado graves irregularidades en los procedimientos a su cargo, así como también quedó comprobada la incompetencia y negligencia en el ejercicio de sus funciones".

El rol de Baeta y su caída

Adrián Baeta fue encontrado culpable de uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por su comisión en forma organizada y por ser funcionario público encargado de la prevención de delitos. Estuvo prófugo cinco meses, desde julio de 2020 hasta enero de 2021, cuando fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en un complejo de departamentos en Rincón de Milberg, Tigre.

Arroyo Salgado, al procesarlo, había sostenido que su rol no se limitaba al de miembro de la asociación ilícita: "su aporte exhibe claramente un mayor grado de protagonismo y permite ser caracterizado como organizador".