El exintendente de Moreno se declaró culpable de defraudación y ahora la Justicia define su pena
Walter Festa aceptó un juicio abreviado por defraudación a la administración pública. La fiscalía pidió tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua, pero el tribunal aún debe homologar el acuerdo. ¿Qué pasará con su futuro político?
Walter Festa, exjefe comunal de Moreno, aceptó un juicio abreviado por defraudación a la administración pública y espera la homologación del tribunal. El acuerdo con la fiscalía contempla tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La presentación se realizó ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Mercedes, que ahora debe resolver si convalida el entendimiento y dicta formalmente la condena. La aceptación del exmandatario se concretó este miércoles, después de que el Ministerio Público impulsara la salida alternativa para evitar el debate oral, previsto para comenzar el 17 de noviembre.
El requerimiento había sido formulado el 5 de noviembre por el fiscal Guillermo Massaroni. Además de la pena de tres años de ejecución condicional, el escrito incluye reglas de conducta por el mismo lapso y el pago de las costas procesales. También abarca otros delitos que se investigaban en el expediente: incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsedad ideológica.
La causa por los empleados municipales que no trabajaban
La investigación se originó en presuntas irregularidades en las designaciones de personal dentro del Municipio de Moreno durante la gestión de Festa. Según la hipótesis fiscal, existía un mecanismo por el cual se incorporaba a la planta municipal a personas que no cumplían tareas efectivas, mientras que los salarios correspondientes terminaban en manos de un dirigente social.
De acuerdo con la pesquisa, esos fondos habrían sido utilizados para financiar actividades políticas y movilizaciones partidarias. La causa estuvo a cargo de la UFI N° 8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, con la intervención de la fiscal Gabriela Urrutia y la labor investigativa de Walter Velázquez.
Además de Festa, en el expediente figuran la exfuncionaria municipal Lucía Alejandra Vázquez, Fernando Sebastián Adorno, Gisela Alejandra Hauscarriaga, Hugo Rubén Ortiz y Jorge Alberto Vila.
El vínculo con la causa del Movimiento Octubres
El expediente contra el exintendente surgió a partir de otra investigación judicial que apuntaba al Movimiento Octubres por supuestas extorsiones a beneficiarios de programas sociales. La denuncia inicial la presentó una mujer que aseguró que referentes de la organización exigían aportes económicos mensuales a titulares de planes sociales y aplicaban sanciones a quienes no asistían a reuniones o movilizaciones.
La pesquisa derivó en allanamientos y detenciones de cuatro integrantes de la agrupación, entre ellos Hugo Rubén Ortiz. A partir de escuchas telefónicas y otros elementos recolectados, los investigadores avanzaron sobre la presunta existencia de empleados municipales que figuraban en los registros oficiales pero que no prestaban servicios para el Estado local.
La acusación sostiene que parte de los salarios de esas personas habría sido canalizada hacia dirigentes de la organización para sostener actividades políticas. Otro de los puntos bajo análisis fueron una serie de decretos de altas y bajas de personal confeccionados el 5 de abril de 2019, pero con efectos retroactivos al primer día de ese mes. Para la fiscalía, esos documentos podrían haber sido utilizados para encubrir una operatoria diferente de la que formalmente registraban.
Festa enfrenta otra investigación judicial
La situación del exintendente también tiene un capítulo abierto en la Justicia federal. Festa está involucrado junto a su expareja en una investigación por presunto lavado de activos que tramita ante el Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez.
Según explicó a Infobae su exabogado Leonardo Sigal, si el exjefe comunal recibe una condena en ese expediente, la pena de tres años de prisión en suspenso acordada en la causa de Moreno podría hacerse efectiva, de acuerdo con las condiciones legales aplicables.
Por el momento, el acuerdo de juicio abreviado todavía necesita la aprobación del tribunal para convertirse en una sentencia. La resolución judicial marcará un nuevo capítulo en la situación procesal del exintendente, cuya gestión en Moreno quedó bajo investigación por el presunto uso irregular de recursos públicos y su vinculación con estructuras políticas y sociales del distrito.