El expediente de las 16 escuelas: la Justicia define si los sobreprecios llegan a juicio oral

La jueza de garantías Karina Breckle tiene en sus manos una decisión que puede cambiar el rumbo de una causa por presuntos sobreprecios en la reparación de 16 escuelas de la Cordillera de Chubut. Cuatro defensores pidieron que se declare nula la acusación de la Fiscalía, y ahora la magistrada deberá resolver si el expediente avanza hacia un juicio oral o se cae.

Los abogados Gladys Olavarría, Miguel Moyano, Romano Cominetti y Nelly García cuestionaron la pieza acusatoria presentada por el fiscal general Omar Rodríguez. Entre sus observaciones, apuntaron a la descripción de los hechos y al rol que se le atribuye a cada imputado, y sostuvieron que se vulnera el derecho de defensa.

¿Qué dice la Fiscalía?

Rodríguez no dejó pasar los planteos y rechazó cada uno de los cuestionamientos. Para el fiscal, las defensas intentan disfrazar de meras irregularidades administrativas lo que en realidad serían delitos penales. En ese sentido, fue contundente: “Los delitos de corrupción se entremezclan con normas administrativas con el objetivo de enmascarar delitos penales”.

Además, el fiscal apuntó contra las relaciones de los imputados con el poder político de la provincia: “En esta provincia se direccionaban las obras públicas por las relaciones y los vínculos, por razones de amistad o militancia”. Y agregó que los acusados tenían contactos con ministros y diputados, aunque aclaró que no están imputados porque no alcanzaron las pruebas.

¿Cómo se destapó la investigación?

La causa nació a partir de contrataciones directas realizadas por los ministerios de Infraestructura y Educación para refaccionar instalaciones de gas, baños y otros sectores en establecimientos educativos de la comarca andina. Las escuelas alcanzadas están en El Maitén, Cushamen, El Hoyo, Epuyén, Lago Puelo, Ñorquinco y Cholila.

Según la acusación, los proveedores Juan Manuel Cottet y Osvaldo Ponce de León habrían armado los presupuestos oficiales y las memorias descriptivas de los trabajos. El supuesto mecanismo consistía en invitar a otros oferentes a participar de las compulsas, aunque se sabía de antemano que no se presentarían. Así, Cottet o Ponce de León quedaban como únicos postulantes.

Las pruebas incluyen mensajes de WhatsApp secuestrados de los teléfonos de los imputados, que para la Fiscalía mostrarían acuerdos previos sobre cómo repartirse las obras, y también modificaciones en fechas y formatos de documentos.

La escuela que quedó en el centro de la escena

Uno de los casos que más atención generó es el de la Escuela N° 93 de El Maitén. En 2022, ese establecimiento fue escenario de una intoxicación con monóxido de carbono que afectó a alumnos y docentes. La denuncia penal la presentó el entonces gobernador Mariano Arcioni.

En el banquillo de los acusados están Edgardo Campos, Mónica Martínez Carpio, Maximiliano García, Leonardo Chacón, Claudio Márquez, Gustavo Barauna y Rocío Silva Preciado, todos funcionarios públicos al momento de los hechos, además de Cottet y Ponce de León.

La Fiscalía calificó las conductas como defraudación por administración fraudulenta en modalidad de delito continuado, en concurso ideal con negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las penas solicitadas van de dos a tres años y seis meses de prisión efectiva, más inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Ahora, la jueza Breckle deberá expedirse sobre los planteos de las defensas. Si los rechaza, el caso podría llegar a un juicio oral y público ante un tribunal mixto. Si los acepta, la acusación podría caerse y la causa, frenarse. La decisión es inminente.