El expediente oculto del DNU de Milei: dos tuits y fallos de 1930 para expulsar extranjeros que critiquen al país

El Gobierno de Javier Milei usó dos publicaciones en redes sociales y fallos judiciales de hace más de 90 años como únicos fundamentos para modificar la ley de Migraciones por decreto. El expediente, al que accedió El Destape, revela que la "ciberpatrulla" del Ministerio de Seguridad no encontró ningún complot internacional, sino apenas dos posteos, uno de ellos de un brasileño que se disculpó.

¿Qué dice el DNU?

El decreto publicado esta semana agrega como causal de expulsión o impedimento de ingreso al país "haber dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último; haber realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales".

La redacción es tan amplia que podría aplicársele al propio Milei, quien tiene un extenso historial de ataques a otros argentinos, tal como se desprende de sus propias publicaciones.

La Ley de Residencia 2.0

El expediente se armó en apenas dos días: comenzó el martes 28 y terminó en el decreto publicado el jueves 30. Todo para algo que no era ni necesario ni urgente: revisar las redes sociales y decidir quién puede entrar o quedarse en la Argentina.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones que lidera Sebastián Pablo Seoane, impulsó el proyecto. Como único respaldo jurídico citaron fallos de la Corte Suprema de 1932, firmados por los mismos jueces que habían convalidado el golpe de Estado de 1930, como Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna.

Esos fallos avalaron la deportación de anarquistas y socialistas bajo la Ley 4.144, conocida como Ley de Residencia, impulsada por Julio Argentino Roca en 1902. Esa norma, utilizada durante medio siglo para perseguir opositores, permitía expulsar extranjeros "cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público". Fue derogada recién en 1958.

El informe de "ciberpatrullaje"

El documento que justifica el DNU se titula "Reporte Movimiento Antiargentina" y fue elaborado por la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, a cargo de Santiago González Bellengeri. En su introducción, admite que se detectaron "mensajes de odio y violencia extrema" contra la Argentina a partir del 19 de julio, pero solo encontraron dos casos.

El primero es un posteo de X del usuario "Gian del 56%", quien compartió un video de cuatro segundos donde alguien tira una camiseta de Messi al piso. El segundo es de un brasileño, "@joaobuenocantor", que publicó en Instagram: "Perderam as Malvinas, perderam o Diego e perderam a copa". El propio usuario borró el mensaje y pidió disculpas, reconociendo que había actuado con bronca e impulsividad.

Con estos dos posteos, los espías del Ministerio concluyeron que "podría inferirse que determinados actores se encontrarían realizando ataques de odio contra nuestro país", como si hubieran descubierto un complot internacional. Además, recomendaron intensificar el espionaje en redes, algo que viola la Ley de Inteligencia.

El área jurídica del Ministerio de Seguridad consideró que estos hechos "acreditan la gravedad y entidad suficiente" para recurrir a un DNU. Por dos posteos, sostuvieron que estaba "comprometida" la seguridad nacional. El subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Leonardo Szuchet, dio el visto bueno sin objeciones.

Este expediente, que parece una secuela de La Armada Brancaleone, demuestra que el Gobierno utiliza cualquier excusa para avanzar con su estrategia racista y espiar a la población desde el Ministerio de Seguridad.