El exvicegobernador de Córdoba escuchará su condena por el choque de Altas Cumbres: la fiscalía pidió 3 años y 10 meses

El juez Santiago Camogli dará a conocer este martes el fallo por el siniestro vial de octubre de 2022 en el que murió la docente Alejandra Bengoa y dos adolescentes quedaron con secuelas gravísimas. El exvicegobernador, exlegislador y exfuncionario nacional Oscar González llega al final del juicio con un pedido de pena de la fiscalía y otro muy distinto de las querellas.

La cita es a las 12 en los tribunales de Villa Dolores. Será la conclusión de un proceso que, más allá de la sentencia, tendrá apelaciones y otras derivaciones judiciales abiertas.

Toda la atención está puesta en la pena que reciba González y en los argumentos que sostengan la decisión del magistrado.

Los pedidos que están sobre la mesa

La fiscal Analía Gallaratto reclamó tres años y diez meses de prisión efectiva y diez años de inhabilitación para conducir. Mantuvo así la acusación por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Por su edad, González no iría a la cárcel.

Las familias de las víctimas, en cambio, pidieron diez años de prisión. Sostuvieron que el hecho debía encuadrarse como homicidio simple con dolo eventual, una calificación que el tribunal rechazó.

La defensa del exhombre fuerte del peronismo cordobés, a cargo del abogado Miguel Ortiz Pellegrini, fue por otro camino: solicitó la absolución y responsabilizó de la dinámica del siniestro a Bengoa.

Qué dicen los peritajes

El corazón del debate estuvo en reconstruir los segundos previos al impacto frontal entre el BMW X1 que conducía González y el Renault Sandero en el que viajaban Bengoa, su hija Marina y Alexa Miranda, una amiga de la adolescente.

El peritaje accidentológico oficial y la reconstrucción virtual presentados en el juicio ubicaron el punto de colisión en el carril por el que circulaba el vehículo de las víctimas. El especialista Ramiro Ojeda explicó que esa conclusión surgía de las marcas de arrastre, las deformaciones de los autos y las trayectorias reconstruidas.

La defensa planteó otra hipótesis: que Bengoa había intentado sobrepasar a un camión y que el impacto se produjo mayoritariamente sobre su propio carril. En su alegato, Ortiz Pellegrini cuestionó al especialista que elaboró la reconstrucción virtual y exhibió imágenes para respaldar su versión. La presentación generó objeciones de familiares de las víctimas, que consideraron que se usaba material ajeno al peritaje oficial.

De cómo se lean esas pruebas depende la atribución de responsabilidad penal. La fiscalía sostuvo que la maniobra de González causó el choque; la defensa buscó instalar dudas sobre la reconstrucción y trasladar la responsabilidad a Bengoa.

Las consecuencias del impacto

Bengoa, de 56 años, murió en el siniestro. Miranda quedó parapléjica y Marina sufrió lesiones de extrema gravedad. Las dos jóvenes siguen con rehabilitación y tratamientos médicos.

Los familiares de las víctimas reclaman una respuesta judicial proporcional a las consecuencias del choque. En noviembre de 2025, Camogli había rechazado un pedido de suspensión del juicio a prueba que contemplaba un ofrecimiento de $340 millones para resarcir a las víctimas.

Las demandas civiles promovidas por las víctimas alcanzaban, a septiembre pasado, unos $78.000 millones. La mayor es la de Alexa, y detrás se ubican las de Marina y Vega.

Un caso polémico desde el primer día

Desde las horas posteriores al choque, el caso quedó atravesado por la polémica. González conducía un BMW X1 que había sido secuestrado en una causa judicial y entregado a la Legislatura de Córdoba. El vehículo circulaba con una patente clonada, lo que abrió interrogantes sobre los controles y las condiciones en que se usaba un bien bajo custodia estatal.

También quedaron registradas imágenes del retiro de bolsos del vehículo después del accidente. Ese episodio derivó en investigaciones judiciales federales por supuesto lavado de dinero, una causa que ya se cerró.

Lo que sí continúa es la investigación federal sobre el patrimonio del exlegislador, donde se analiza su presunto enriquecimiento ilícito y la falsificación de declaraciones juradas.