El fallo de la Corte que abrió la puerta a que extranjeros compren tierras en Neuquén y Río Negro

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el martes 29 de septiembre que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata no tenía legitimación para promover el amparo que frenaba el artículo 154 del mega DNU 70/2023, la norma que derogó la Ley de Tierras Rurales. La decisión del máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y, con ella, cayó la medida cautelar que suspendía la derogación.

El fallo generó un fuerte repudio en amplios sectores de la sociedad. Frente a las críticas, la Corte emitió un comunicado para «despejar dudas» y mitigar la «promoción de discursos de odio y descalificación en las redes sociales». En ese texto, los magistrados aclararon que «la controversia referida a la Ley de Tierras, es decir, el artículo 154 del DNU 70/2023 y la vigencia de la ley 26.737, no ha sido resuelta en este caso».

Qué dicen los especialistas sobre el fallo

El abogado y profesor de Derecho Constitucional Pedro Caminos afirmó a través de su cuenta de X que, en términos jurídicos, «la Corte no avaló el DNU». Explicó que el tribunal no resolvió si es constitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales, sino que dejó sin efecto la sentencia anterior por una cuestión procesal. Sostuvo que el Congreso conserva la facultad de expedirse sobre el megadecreto y rechazarlo, y que la Corte podría pronunciarse sobre el fondo si se le presenta un caso judicial válido, promovido por alguien con legitimación.

El doctor en Derecho de Neuquén Pablo Gutiérrez Colantuono recordó que la Cámara Federal de La Plata había reconocido la legitimación del CECIM y, al analizar el fondo, declaró inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023. La Corte Suprema, en cambio, sostuvo que el CECIM no estaba legitimado y, por ese motivo procesal, dejó sin efecto la sentencia. Subrayó que el máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo, aunque su decisión eliminó el freno judicial que pesaba sobre la derogación. «La primera consecuencia es que hoy cualquier extranjero no tiene límite alguno en cuanto a la posibilidad de adquirir estas tierras que estaban protegidas», enfatizó.

Gutiérrez Colantuono también interpretó el comunicado aclaratorio como una reacción a la crítica pública: según el letrado, el tribunal habría buscado evitar que su decisión perdiera legitimidad social. Recordó la reacción social frente al fallo del «2×1» para condenados por delitos de lesa humanidad. «Hay un impacto social, una crítica negativa hacia esa decisión que tomó la Corte, porque a través de un tecnicismo termina de una manera indirecta viabilizando la ejecución de ese decreto», recalcó.

El politólogo, abogado y profesor de Derecho Constitucional en la UBA Ezequiel Singman cuestionó el fallo por sus implicancias concretas. «Desde el punto de vista jurídico, la Corte tomó una decisión que está dentro de su competencia. ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Tiene facultades? Sí», explicó, aunque aseveró: «Es una decisión formal, pero que tiene aspectos políticos importantes». Reprochó que los jueces Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz se atuvieran al aspecto procesal y que, además, escogieran no pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del DNU. «La Corte dice al CECIM, ‘ustedes no pueden litigar’ y la medida cautelar cae. En consecuencia, el decreto está vigente y el decreto deroga la Ley de Tierras. Así, el efecto es que no hay Ley de Tierras», señaló.

Para Singman, la Corte no es un actor ajeno a la política. «Haga lo que haga, opine o no opine, se demore o no se demore, diga o no diga, todo eso siempre tiene efectos», sostuvo.

El debate sobre la legitimación del CECIM

En el fallo, el máximo tribunal resolvió que el CECIM La Plata no acreditaba la legitimación necesaria para impulsar un amparo que frenara la derogación de la Ley de Tierras Rurales. Para Gutiérrez Colantuono, la Corte entendió que el reclamo fundado en la defensa de la soberanía no alcanzaba para configurar un derecho de incidencia colectiva que los exveteranos pudieran representar en esta causa.

Singman distinguió entre esa legitimación procesal y el lugar que ocupa el CECIM en el país. «Es un actor que está, por la historia de la Argentina, ampliamente legitimado, son aquellos que fueron a dar la vida por el país en Malvinas», afirmó. Y planteó la pregunta: «¿Si ellos no están legitimados, quién lo está?». Su objeción no desconoce que los tribunales exijan un caso concreto para intervenir, sino que, bajo ese criterio, podría resultar difícil identificar quién estaría habilitado para cuestionar judicialmente la derogación.

El referente del CECIM, Hugo Robert, expresó esa contradicción desde la experiencia de quienes fueron enviados a Malvinas. Recordó que el Estado les pidió «poner el cuerpo por la soberanía» y calificó de «grosero» que ahora se les niegue la posibilidad de llevar un planteo vinculado a la Justicia. «Este fallo de la Corte no va en contra del CECIM, va en contra del pueblo argentino», enfatizó. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Robert se percató de una paradoja: «Hoy por hoy, el único territorio que un extranjero no puede comprar en la Argentina son las Islas Malvinas, territorio que es nuestro, pero que está usurpado, porque el gobierno usurpador no permite la compra de tierras por parte de extranjeros».

Cómo afecta a Neuquén y Río Negro

Al entrar en vigencia el artículo 154 del DNU 70/2023 dejan de operar las restricciones de la ley a la compra de tierras rurales por extranjeros. Para Matías Oberlín, historiador e integrante del Observatorio de Tierras, en la Patagonia el riesgo se concentra en territorios donde la propiedad extranjera ya tenía una presencia significativa antes de esta nueva apertura.

En Neuquén, Oberlin señaló al departamento Lácar, que incluye a San Martín de los Andes. Advirtió que allí las nuevas adquisiciones podrían profundizar la presión sobre el precio de los terrenos y la vivienda, en una zona donde el acceso al suelo ya es difícil para gran parte de la población local. También identificó a Añelo y Vaca Muerta como áreas capaces de atraer inversiones, aunque indicó que no presenta operaciones recientes verificadas en esos lugares.

Según los datos del observatorio, el departamento Lácar ya supera el 50% de extranjerización, producto de adquisiciones anteriores a la ley, que no tenía efecto retroactivo. En Río Negro, ubica al departamento Bariloche cerca del límite que establecía la norma del 15%.

El geógrafo Marcelo Rojas, trabajador de Parques Nacionales y delegado de ATE, puso el foco en la distribución de esas tierras. Comentó que mirar solo el promedio provincial oculta la concentración en las zonas más codiciadas: las que reúnen bosques, cuerpos de agua y cabeceras de cuenca.

La preocupación alcanza también a las áreas protegidas. El especialista recordó que en los parques nacionales Nahuel Huapi y Lanín existen propiedades privadas preexistentes dentro de sus límites. Explicó que son esas parcelas, y no las tierras públicas de los parques, las que podrían cambiar de dueño.

A la posibilidad de nuevas operaciones, Oberlin sumó otra inquietud: sin las obligaciones de información previstas por la Ley de Tierras, sería más difícil seguirles el rastro a las adquisiciones mientras dure la derogación. «Claramente es un artilugio político para generar una ventana temporal para poder llevar adelante todos los negociados», cuestionó. «Nosotros lo vemos como un atropello a la voluntad popular», enfatizó Rojas y alertó que el tiempo sin restricciones puede dejar consecuencias difíciles de revertir.

Por qué Diputados no trató todavía el DNU 70/2023

La Corte Suprema no se pronunció sobre si es o no inconstitucional el DNU 70/2023 que, entre otras cosas, deroga la Ley de Tierras Rurales. Tal como señalaron Gutiérrez Colantuono y Singman, ahora la decisión recae sobre Diputados. Si en marzo de 2024 el Senado rechazó el mega DNU, ¿por qué no se trató todavía en la Cámara baja? «Porque las veces que lo intentamos no tuvimos los acompañamientos necesarios», respondió el diputado nacional por Neuquén del bloque de Unión por la Patria, Pablo Todero. Señaló que en 2024 hubo convocatorias, pero no alcanzaron el quórum.

Este miércoles 15 de octubre se prevé que la discusión llegue al recinto junto con otros temas como endeudamiento y discapacidad. La oposición irá por el rechazo definitivo, aunque el oficialismo se prepara para buscar su aprobación. Los diputados por Neuquén del bloque de La Libertad Avanza aseguraron que ya «están trabajando de cara a la sesión».

Todero confía en que los legisladores de los bloques provinciales acompañen el rechazo. «Yo creo que el gobierno de la provincia de Neuquén va a acompañar en esto. Hay una declaración de la Legislatura por amplísima mayoría para dar de baja este decreto», afirmó. La diputada nacional por La Neuquinidad, Karina Maureira, comunicó que no dará declaraciones hasta el debate.

La diputada por Río Negro del bloque de Unión por la Patria, Adriana Serquis, señaló que ahora tienen más oportunidad de anular el decreto, ya que después de casi tres años de la presidencia de Javier Milei, el clima social también es otro. «Cuando sale el DNU 70, el gobierno nacional había logrado acuerdos con muchos de los representantes de las provincias con falsas promesas, porque la verdad es que no se han cumplido», aseveró, aunque reconoció: «Al día de hoy, yo no podría garantizar que los votos (para el rechazo) están».

Sergio Capozzi, diputado nacional por Río Negro del bloque Provincias Unidas, consideró imprudente liberar por completo la compra al mercado y defiende establecer límites a la extranjerización de tierras. En cuanto a la votación sobre el DNU 70/2023 no anticipó cómo votará en la sesión, ni comprometió la posición de su bloque, pero sostuvo: «Cuando el Poder Ejecutivo se atribuye tareas legislativas, está haciendo una violación a la división de poderes». Agregó que habían presentado «una propuesta de reglamentar los DNU, delimitarlos y eso tampoco se llegó a debatir».

La dificultad para construir una mayoría no pasa solo por la Ley de Tierras. El abogado Ezequiel Singman explicó que el Congreso debe aprobar o rechazar el mega DNU en su conjunto, abarcando todas las leyes que modificaba, entre ellas la Ley de Alquileres, por ejemplo. Si finalmente se anula, «habría que reconstruir todo lo que pasó desde diciembre del 2023, desde el momento que se dictó. Habría un montón de causas judiciales pidiendo que se retraiga todo».

El doctor en Derecho Pablo Gutiérrez Colantuono remarcó que la Cámara baja tiene ahora «una gran responsabilidad». «Representan al pueblo, nos representan a nosotros. Es el territorio y la tierra lo que está en juego en esta discusión. No es una cuestión procesal o técnica, es un bien de la comunidad», enfatizó.