El fallo que conmueve a Diamante: 12 años de prisión para el ex ruralista acusado de liderar una red de cocaína

El Tribunal Oral Federal de Paraná dictó una sentencia que sacude a la comunidad rural de Entre Ríos. Leonardo Roberto Airaldi, expresidente de la Sociedad Rural de Diamante, fue condenado a 12 años de prisión por su rol como organizador y financista de una estructura dedicada al tráfico de cocaína.

La pena, conocida este jueves, resultó inferior a los 14 años que había solicitado el Ministerio Público Fiscal, que lo señaló como una pieza clave en una organización que operó entre junio de 2019 y marzo de 2024 en Paraná, Diamante y otras localidades del litoral.

¿Cómo operaba la red según la acusación?

De acuerdo con la investigación fiscal, la organización utilizaba establecimientos rurales vinculados a Airaldi para recibir cargamentos de cocaína. Las avionetas aterrizaban en pistas clandestinas dentro de esos predios, y también se valían de lanchas para el traslado y la distribución de los estupefacientes por vía fluvial.

Los fiscales José Ignacio Candioti y su equipo destacaron como agravantes el uso de aeronaves, el despliegue de medios violentos y la utilización de recursos provenientes de la actividad agropecuaria del acusado como fachada para las maniobras ilegales.

La Fiscalía también había solicitado el decomiso de la estancia “El Mirador”, ubicada estratégicamente sobre la costa del río, al considerar que el establecimiento formaba parte de la logística de la organización.

La detención y otra causa en curso

Airaldi permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, desde donde siguió parte del proceso de manera remota. Su situación judicial se complica aún más porque enfrenta otra investigación por un presunto plan para atentar contra autoridades judiciales y políticas, entre ellas el fiscal Candioti y el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

El fallo pone fin al juicio oral que tuvo a Airaldi y a otros acusados frente al tribunal. Para los demás imputados, la Fiscalía había requerido penas de entre tres y siete años de prisión.

Los pedidos de pena para el resto de los acusados

Candioti y el auxiliar fiscal Podhainy desarrollaron los fundamentos sobre la responsabilidad del resto de los juzgados, valorando la prueba que acreditó su intervención con distintos grados de participación en el transporte, distribución y comercialización de drogas.

Para los considerados coautores, solicitaron: Juan Andrés Erbes, 7 años de prisión; Sebastián Agustín Armocida, 6 años y 4 meses; y Roberto Fabián Coronel, 6 años. Para los partícipes secundarios, pidieron 4 años y 6 meses para Joel Schonfeld y 3 años y 3 meses para María Soledad Touzet, esta última evaluada desde una perspectiva de género.

En tanto, para Walter Olivero, Cristian Sánchez y Marino Martínez, identificados como los “eslabones más débiles”, requirieron 3 años y 2 meses de prisión para Olivero y 3 años de ejecución condicional para los otros dos.

Además, se recordó que Armando Marcelo Balcaza, José Nicolás Godoy, Emanuel Enrique Cuello y Carlos Schumacher no llegaron al debate oral porque celebraron acuerdos de juicio abreviado, mientras que Jimena Irupe Burne accedió a una suspensión del proceso a prueba.

El alegato del MPF: “Dirigía una organización”

Al exponer los fundamentos del pedido de condena, el fiscal general José Ignacio Candioti sostuvo que la responsabilidad de Airaldi quedó acreditada con la prueba incorporada al debate.

“Este Ministerio Público Fiscal tiene por absolutamente acreditado, luego de este extenso debate de casi cuatro meses, que se ha probado fehacientemente y sin lugar a dudas que Leonardo Airaldi dirigía una organización dedicada al comercio de estupefacientes integrada por una pluralidad de personas”, afirmó al comenzar su alegato.

El representante del MPF explicó que la investigación se inició en 2019, cuando el Juzgado Federal de Paraná encomendó a la Prefectura Naval Argentina tareas de inteligencia a partir de denuncias de vecinos que vinculaban a Airaldi con el narcotráfico en un campo de su propiedad.

“Los vecinos fueron concretos diciendo que había una pista de aterrizaje clandestina y ahí llegaba el estupefaciente”, indicó. Esa información fue corroborada con drones, que identificaron un camino aplanado de entre 200 y 250 metros dentro del predio, y con fotografías de movimientos de aeronaves.

Candioti también mencionó la presunta “cobertura policial” con la que contaba el acusado. La propia Policía de Entre Ríos informó al juez federal que Airaldi tenía “una protección dentro de la misma fuerza”. La Policía Federal, en la causa acumulada de Santa Fe, advirtió que el acusado gozaba de “una cobertura de ciertas áreas de fuerzas policiales en la zona de Diamante que le permitían desplazarse a lo largo de muchos tramos ruteros, sin riesgo de ser detenido”.

“Hubo dos sólidas investigaciones, una realizada por la justicia federal de Paraná y otra por la justicia federal de Santa Fe, con la intervención de distintas fuerzas de seguridad, y ambas llegaban a la misma conclusión y vinculaban a Airaldi con una organización dedicada al comercio de estupefacientes”, resaltó.

Por su parte, el fiscal Uriona sostuvo que la prueba demostró que Airaldi impartía directivas, ejercía control territorial y recurría a mecanismos violentos para sostener la actividad ilícita. Un ejemplo de su rol fue su intervención en el almacenamiento de 29,5 kilos de cocaína hallados en una vivienda de Puerto Gaboto, Santa Fe.

El lenguaje codificado: “maples”, “novillitos” y “lomos”

Los fiscales también destacaron el valor probatorio de las intervenciones telefónicas y los mensajes de los celulares secuestrados. Según sostuvieron, esas comunicaciones revelaron el funcionamiento de la organización y el lenguaje codificado que utilizaban para referirse a las operaciones.

Uriona explicó que usaban expresiones vinculadas a actividades lícitas para encubrir el tráfico de drogas. “Es lo que ocurre en todas las investigaciones de narcotráfico. Siempre estas palabras tienen que ver con actividades lícitas que realiza esa persona y tienen una finalidad obvia de confundir ante eventuales investigaciones e intervenciones telefónicas”, afirmó.

Así, en las conversaciones aparecían términos como “lomo”, “carne”, “novillito”, “maple”, “maple con pelo” y “huevos”. Los investigadores interpretaron que “los maples van a llegar a Gaboto” aludía al traslado de estupefacientes, y que “novillito lastimado” se refería a un ladrillo de cocaína dañado que incluso fue fotografiado.

También mencionaron una conversación de 2022 donde uno de los involucrados decía haber cobrado 10 millones de pesos “por salir a pescar”. Sobre eso, Candioti sostuvo que “es indudable que están hablando de comercio de tóxicos”.

Uriona concluyó que del análisis integral de las comunicaciones surgía con claridad el rol de Airaldi: “era el que daba las directivas”, lo que corroboró su condición de organizador y financista.