El fallo que destrabó 27 jubilaciones en Santa Cruz y reavivó la polémica

Una decisión judicial tomada el 3 de julio terminó por destrabar un paquete de 27 jubilaciones en la provincia de Santa Cruz. El dato, que tomó estado público esta semana, reavivó el debate sobre los alcances del Decreto 608/24, firmado por el gobernador Claudio Vidal, y su impacto en los tres poderes del Estado.

Según pudo saber La Opinión Austral, entre los beneficiarios hay funcionarios y trabajadores de la Cámara de Diputados —todos de un mismo color político—, empleados del Poder Ejecutivo y ocho integrantes del Poder Judicial, incluidas las vocales del Tribunal Superior de Justicia Paula Ludueña, Reneé Fernández y Alicia Mercau.

La historia judicial detrás de estas jubilaciones tiene más de dos años de idas y vueltas. Comenzó en junio de 2024, cuando Vidal firmó el Decreto 608/24, que modificó el procedimiento para acceder a la jubilación ordinaria. La norma buscaba acelerar trámites que, según el gobierno, se demoraban durante meses o años.

¿Qué cambió con el decreto?

El decreto estableció que, una vez concedido el beneficio por la Caja de Previsión Social, el empleador debía comunicar el cese de actividades en un plazo máximo de 30 días. Vencido ese término, el cese operaba de pleno derecho, con la baja del haber como trabajador activo y el alta del beneficio jubilatorio.

Además, se podía otorgar una prórroga excepcional de hasta 180 días, por única vez y con fundamentos de servicio. También se fijó un plazo de 30 días para que los empleadores intimaran a quienes reunieran las condiciones para jubilarse, según el artículo 136 de la Ley 1782.

Ese artículo 136 de la ley previsional provincial establece que el empleador debe mantener la relación laboral hasta que la Caja otorgue el beneficio, o hasta un máximo de dos años. La diferencia entre ese plazo y los 30 días del decreto fue el núcleo del conflicto.

El primer freno judicial

El vocal por los trabajadores activos, Cristian Sánchez, fue quien cuestionó la norma desde el inicio. Con el patrocinio del abogado Matías Solano, presentó una medida cautelar ante el Tribunal Superior de Justicia. El 18 de octubre de 2024, el TSJ hizo lugar al pedido y ordenó suspender la aplicación del decreto y todos los actos derivados de esa norma, hasta que hubiera una sentencia definitiva.

“Ningún decreto puede ir en contra de la ley, y acá hay cosas que están en contra de la ley. Esto es anticonstitucional”, afirmó Sánchez en ese momento. La cautelar quedó firme después de que la Fiscalía de Estado intentara revertirla sin éxito.

El giro con la Ley 3947

La situación cambió en agosto de 2025, cuando entró en vigencia la Ley Provincial 3947, que limitó a seis meses la duración de las medidas cautelares contra el Estado. La Fiscalía de Estado, representada por Natalia Linardi, pidió que la cautelar que protegía el decreto fuera adecuada a la nueva norma.

El Tribunal Superior de Justicia se dividió. Cuatro jueces votaron por rechazar el pedido, argumentando que la ley no podía aplicarse retroactivamente a una decisión ya firme. Pero cinco magistrados, entre ellos el presidente Gabriel Contreras, consideraron que el paso del tiempo y el nuevo marco legal justificaban modificar la cautelar.

Finalmente, el 3 de julio de 2026, el Tribunal resolvió por mayoría limitar la vigencia de la cautelar a 15 días hábiles desde la notificación del fallo. Eso habilitó a la Caja a retomar la aplicación del Decreto 608.

Las 27 jubilaciones

Con ese antecedente, la Caja de Previsión Social convocó a una reunión extraordinaria de directorio, de manera sorpresiva, un viernes antes de un fin de semana largo. Allí se trataron los 27 expedientes jubilatorios, incluyendo a las tres vocales del TSJ.

Cristian Sánchez, en diálogo con La Opinión Austral, explicó: “Cuando nosotros hicimos la presentación, ahí, hace un año y medio atrás, pudimos detener este decreto y hoy nuevamente se sale a flote justamente porque el nuevo Tribunal Superior de Justicia lo hace caer. Entonces, la Caja empieza a aplicar automáticamente esto”.