El fallo que devolvió la esperanza: liberaron al matrimonio que cultivaba cannabis medicinal para su hijo con autismo

La Justicia de Tucumán dio un giro inesperado y ordenó la liberación de Mónica Rodríguez y Sergio Amarello, la pareja que había sido detenida por cultivar cannabis para tratar a su hijo de 20 años con un severo cuadro de autismo y epilepsia. El juez Guillermo Taylor revocó el arresto domiciliario y les concedió la libertad bajo medidas de coerción por tres meses.

La decisión se tomó después de que la defensa presentara la documentación que acredita la inscripción de la madre en el Reprocann, el registro oficial que permite el cultivo de cannabis con fines medicinales. Así, el matrimonio podrá continuar con el tratamiento de su hijo, mientras avanza la causa penal que se les sigue por tenencia de estupefacientes.

¿Cómo comenzó todo?

La causa se originó el pasado 12 de agosto, cuando una investigación por un robo en el domicilio de la pareja, ubicado en el pasaje Zenón Santillán, derivó en un allanamiento. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 259 gramos de marihuana, semillas, productos cannábicos, un teléfono celular, una balanza y un arma de fuego calibre 9 milímetros con 587 municiones.

La Unidad Fiscal de Narcomenudeo imputó a ambos por tenencia de estupefacientes, sospechando que la balanza indicaba un posible fraccionamiento para la venta. Sin embargo, la jueza Judith Solórzano descartó la prisión preventiva al no encontrar riesgos procesales y dispuso un arresto domiciliario transitorio de siete días para verificar las autorizaciones sanitarias.

La prueba clave: el Reprocann

En la última audiencia, los abogados Patricio Char y Candelaria Hernández presentaron el certificado oficial que confirma la aprobación del consentimiento informado de Rodríguez en el Reprocann. Ante esta evidencia, la auxiliar de fiscal María Sol Gramajo Parache dio marcha atrás y solicitó medidas alternativas al encierro.

De esta manera, el matrimonio deberá cumplir reglas como fijar domicilio, comparecer ante la Justicia, no acercarse a menos de 200 metros de los testigos y no portar armas de fuego.

La defensa explicó que la madre ya tenía una autorización previa para cultivar hasta 50 plantas y que el trámite actual era una renovación. Además, aclaró que los supuestos intercambios de dinero mencionados en la causa correspondían al pago de insumos para elaborar el aceite terapéutico.

Un debate que trasciende el caso

El abogado Patricio Char remarcó la necesidad de distinguir entre el uso terapéutico y el narcotráfico: “Muchas veces no se cuenta con el Reprocann, pero no se puede desconocer en los casos concretos que, si es probado que se utiliza para salud, como ser un hijo con autismo, no estaríamos frente a un delito. En este caso se suma que su mamá es presidente de una fundación, una persona pública que lucha justamente para que se deje de criminalizar. La ley penal debe probar que hay una finalidad de lucro y no de cuidar la salud de un ser querido”.

La resolución de Taylor marca un precedente en la provincia y reaviva el debate sobre el acceso al cannabis medicinal y la criminalización de quienes lo cultivan por necesidad.