El fallo que frenó la causa Acueducto: por qué las defensas hablan de una "persecución política"
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El fallo que frenó la causa Acueducto: por qué las defensas hablan de una "persecución política"

Un fallo de la jueza Lucero retrotrajo la causa Acueducto y dejó sin imputar a los 11 investigados, entre ellos Sergio Uñac. Los defensores celebraron la medida, pero advirtieron que detrás hay una "persecución política". Qué dijeron y qué falta definir.

La causa que investiga las presuntas irregularidades en la licitación y ejecución del Acueducto Gran Tulum dio un vuelco esta semana: la jueza de Garantías Mónica Lucero hizo lugar al planteo de nulidad presentado por las defensas y retrotrajo el expediente, de modo que los 11 investigados no llegaron a ser imputados, entre ellos el senador nacional y exgobernador Sergio Uñac.

La decisión, celebrada por los abogados defensores, no cierra el caso: ahora el Tribunal de Impugnación deberá resolver dos frentes. Primero, si corresponde apartar definitivamente a Lucero por la recusación que pesa sobre ella y designar un nuevo juez. Segundo, los recursos de apelación que presentaron los letrados por el alcance temporal de la nulidad.

Qué dicen los defensores

En diálogo con Canal 13, Marcelo Fernández —patrocinante de Uñac— y Nasser Uzair —defensor de Ruiz, Caparrós y Sirerol— respaldaron la medida, aunque ambos coincidieron en señalar que detrás de la causa hay intencionalidades políticas.

"Finalmente, en su resolución la jueza reconoció que correspondía hacer lugar al planteo y anular todos los actos en consecuencia desde que se planteó la recusación", sostuvo Fernández.

El letrado advirtió además que queda por definir una fecha clave: "Entiendo que hay una fecha que va a ser motivo de una aclaratoria, al menos, porque el planteo que los doctores Uzair y Ortega han hecho es anterior al 13 de octubre, y ella en su resolución dijo que quedaban nulos todos los actos a partir del 13 de octubre. Creo que es una fecha anterior, pero esa es una cuestión que tiene que ver con un planteo de aclaratoria que me imagino que irán a hacer".

Para Fernández, el fallo marca un quiebre: "Mi impresión es que hoy, en esta causa, por primera vez nos encontramos con una decisión apegada a derecho, que respeta la ley, y eso es absolutamente sano para un sistema democrático y constitucional en el que se discute la presencia de un senador en una causa que, ya lo ha dicho él y nosotros lo venimos sosteniendo desde un principio, no tiene otra finalidad que una especie de persecución política".

Apelación y plazos

Uzair anticipó que apelará porque "hay consignas o ciertos pasajes que no son acordes al planteo que se hizo oportunamente por nosotros". El abogado remarcó que no se llegó a formalizar la imputación: "Si bien se leyeron los hechos, la calificación legal por la que se llega a tratar de investigar a los convocados en esto, entendemos que ha quedado eso paralizado a resultas, en primer lugar, de la recusación que debe resolver en este instante el Tribunal de Impugnación".

Consultado sobre los tiempos procesales, explicó que la definición se divide en dos instancias: "El Tribunal Superior, que es el Tribunal de Impugnación, por el mecanismo que está estatuido en nuestro Código Procesal Penal, debe resolver ahora la recusación oportunamente planteada por nosotros a la señora jueza de Garantías, la doctora Lucero. Y, por otro lado, tendrá que resolver quién es el juez que va a ser sorteado".

En ese marco, Uzair calificó el accionar como "una imputación política selectiva": "Se ha elegido a quienes se quiere imputar y se ha dejado afuera a personas importantes que debían estar sentadas también para la formalización. Como lo dije y lo voy a reiterar, la política se metió en la justicia".

Quiénes son los investigados

Hasta el fallo de este martes, el Ministerio Público Fiscal había atribuido los delitos más graves —negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público— en calidad de autores al senador Sergio Uñac, al diputado nacional y extitular de OSSE Cristian Andino y al expresidente del organismo Sergio Ruiz.

A los expresidentes de OSSE Guillermo Nicolás Sirerol y Juan Carlos Caparrós se les había endilgado la autoría de defraudación por administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público. En tanto, Gustavo Mastelone, Gonzalo Caballero, Juan Antonio Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso habían sido señalados como partícipes necesarios en la defraudación y autores de la violación de los deberes de funcionario público.

La lista de 11 se completaba con el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino, cuya audiencia de formalización iba a realizarse de forma desdoblada porque se encontraba fuera del país. Con el retroceso del expediente al 13 de octubre, todo el proceso de imputación deberá reiniciarse una vez que se defina si Lucero sigue o no al frente de la causa.

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