El fallo que sacó de la causa a los hermanos Caputo y el mensaje que apuntó al periodismo

El ministro de Economía, Luis Caputo, reaccionó con dureza este lunes tras el sobreseimiento de sus hermanos Flavio, Hugo y Rosana en la causa que investigaba un presunto financiamiento familiar a Revolución Federal. A través de sus redes sociales, el funcionario apuntó contra el kirchnerismo por lo que describió como una “persecución ridícula”.

“Años gastando plata de los contribuyentes (Arca, IGJ, Policía, etc) en la persecución más ridícula de la historia”, escribió Caputo, después de que la Justicia descartara cualquier vínculo entre sus hermanos y el grupo antikirchnerista que había sido señalado en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.

El ministro también apuntó contra “la complicidad de una buena parte del periodismo” y sostuvo que la oposición buscó “hacer daño” para “sacar algún rédito político”. “En el medio, las personas no importan. Lo importante es hacer daño. Así opera el kirchnerismo cuando está en el poder. Usa todo el aparato estatal para perseguir y dañar a los que ellos decidan”, sentenció. Y remató: “Lo curioso es que para algunos, lo preocupante son los ‘modos’ de este gobierno”.

Los argumentos que inclinaron la balanza

El juez Marcelo Martínez de Giorgi fue el encargado de fundamentar el sobreseimiento. Los hermanos del ministro, dueños de la firma Caputo Hermanos, eran investigados para determinar si habían financiado de manera encubierta a Revolución Federal, agrupación procesada por “incitación a la violencia colectiva” por liderar marchas contra el kirchnerismo y repartir amenazas públicas contra dirigentes opositores.

De acuerdo con los argumentos que el propio Caputo compartió, el magistrado sostuvo que la obra por la que sus hermanos contrataron a Morel “existió y fue real”. Remitos, facturas, transferencias e informes de AFIP y de entidades bancarias comprobaron que el edificio Espacio Añelo se construyó y que los muebles encargados se fabricaron, entregaron e instalaron en ese lugar.

Para el juez, la secuencia comercial —búsqueda de proveedores, presupuestos, facturación y pagos— responde a un orden compatible con un trabajo genuino y no con una maniobra para canalizar fondos hacia la agrupación. A eso sumó que el vínculo entre Rosana Caputo y el líder del grupo era anterior a la creación de Revolución Federal, en mayo de 2022, lo que debilita la hipótesis de un pago encubierto por activismo. Tampoco halló pruebas de que la familia conociera la militancia de Morel al momento de contratarlo ni de que los desembolsos estuvieran condicionados a su actividad política.

Sin sobreprecios y con una recalificación clave

El fallo también descartó que hubiera sobreprecios: el Cuerpo de Peritos Contadores no logró determinar un aumento real en los valores facturados, ya que comparaba productos hechos a medida con otros estandarizados, parámetros que consideró no equiparables.

A esto se agregó un dato procesal que, según el juez, le resta sustento a la teoría de un financiamiento organizado: en cámara, Revolución Federal fue recalificada como un grupo de menor entidad, encuadrado en el artículo 212 del Código Penal —incitación a la violencia colectiva— y no en el 213 bis, que tipifica la asociación ilícita.

Con esos elementos, Martínez de Giorgi concluyó que no existían indicios suficientes para sostener la imputación y dispuso el sobreseimiento de los tres hermanos por inexistencia del hecho investigado.

El trasfondo político que nunca se fue

La causa había sido impulsada en parte por la querella de Cristina Kirchner, que buscó unificarla con el expediente que terminó con las condenas a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el ataque a la expresidenta.

Pese a que nunca se probó que el grupo tuviera relación con el atentado, el kirchnerismo argumentó que Sabag Montiel y Uliarte habían participado de una de las marchas más recordadas de la agrupación, dos semanas antes del intento de magnicidio. También remarcaron que dos integrantes, Gastón Guerra y Sosa, estuvieron tres o cuatro días antes del ataque en el departamento de Ximena de Tezanos Pinto, vecina de la expresidenta cuando esta vivía en Recoleta.

Sin embargo, la Justicia mantuvo siempre ambas líneas de investigación por separado. Por sus amenazas y actos violentos, el fiscal Gerardo Pollicita había pedido llevar a juicio oral a cinco integrantes de Revolución Federal, entre ellos Morel y Leonardo Sosa. El grupo se expone a penas de entre 3 y 8 años de prisión.