El femicidio de Érika llega a juicio: qué pena pide la Fiscalía para "El Militar"

La causa por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, la joven de 25 años hallada sin vida el 8 de enero en un basural de Manantial Sur, fue elevada a juicio oral y público. El principal acusado, Felipe Sosa, enfrenta un pedido de prisión perpetua por parte del Ministerio Fiscal.

La decisión se conoció tras cuatro jornadas de audiencia de control de acusación y admisibilidad de la prueba, que concluyeron el jueves 17 de septiembre. La jueza avaló el requerimiento fiscal y el expediente quedó listo para el debate.

Quiénes están imputados

La investigación la lleva la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, junto a la auxiliar Carolina Brito Ledesma. Además de Sosa, siguen imputados Justina Gordillo, de 48 años, y Jorge “Chicho” Díaz, de 41, acusados de encubrir el hecho.

Otro involucrado, Nicolás Navarro Flores, de 37 años, ya fue condenado el 29 de julio a tres años de prisión mediante juicio abreviado.

Para Gordillo, la Fiscalía pidió seis años de prisión efectiva por encubrimiento por favorecimiento personal y real, triplemente agravado. El agravamiento se sustenta, según la acusación, en la extrema gravedad del delito precedente, el supuesto ánimo de lucro y su condición de funcionaria pública. Para Díaz, el pedido también es de seis años de cárcel de cumplimiento efectivo, por encubrimiento agravado por la gravedad del hecho que se buscaba ocultar. La querella acompañó ambos pedidos.

La noche del ataque

De acuerdo con la acusación, Álvarez salió de su casa en Gerónimo Helguera al 1700, en San Miguel de Tucumán, el 7 de enero de 2026 cerca de las 3.37. Tomó un Uber hasta la vivienda de Sosa, en Santo Domingo al 1100, en Yerba Buena, donde habría llegado alrededor de las 3.50.

La teoría del caso sostiene que, entre ese momento y las 7, Sosa la atacó con extrema violencia. El acusado se habría valido de una relación asimétrica de poder y de la situación de vulnerabilidad de la víctima. Álvarez sufrió múltiples lesiones en la región cráneo-facial y cervical que le provocaron la muerte por traumatismo cráneo-facial y cervical.

Durante la audiencia, Gallo explicó por qué encuadró el hecho como femicidio. “Nosotros ponemos mucho foco en la especial vulnerabilidad de Érika. Vulnerabilidad como mujer, pero también una vulnerabilidad en la relación con Sosa de tipo económico y social. Sumado también a un problema de consumo problemático que padecía la víctima. Todo eso fue aprovechado por Sosa para generar una clara relación desigual de poder entre ambos”, expresó el fiscal.

Gallo también señaló que del análisis del teléfono celular secuestrado al imputado surgieron expresiones denigrantes contra las mujeres y, en particular, contra aquellas a las que convocaba a encuentros en su domicilio. Para la Fiscalía, esos elementos revelan una cosificación de la víctima. “Él consideraba a Érika un objeto más de divertimento”, afirmó.

El representante del MPF vinculó esa interpretación con la forma en que fue hallado el cuerpo. “Desde nuestro punto de vista, inclusive la forma en que se le da muerte y termina la víctima envuelta en una bolsa en un basural es hasta simbólico y significativo”, sostuvo.

El rol de los encubridores

La acusación contra Gordillo indica que habría mantenido comunicaciones con Sosa desde las 7.32 del 7 de enero y que luego se presentó en su domicilio. Según la teoría fiscal, permaneció allí varias horas y volvió a concurrir durante la noche. Se le atribuye haber colaborado con el ocultamiento del cuerpo, la eliminación de rastros y la desaparición de elementos de la víctima, además de maniobras para ocultar el vehículo de Sosa.

La Fiscalía también sostiene que Gordillo habría ayudado a la fuga del principal acusado hacia la provincia de Buenos Aires: puso a disposición una motocicleta KTM y luego le habría facilitado dinero e información de la investigación para ayudarlo a eludir a la Justicia.

En cuanto a Díaz, la acusación señala que se presentó en la vivienda de Sosa el 7 de enero cerca de las 15.17, a bordo de una camioneta Chevrolet S10 de “Mundo Limpio”. Según la hipótesis fiscal, colaboró con la eliminación de rastros, la desaparición del celular de Álvarez y la limpieza del inmueble. Al retirarse, habría llevado un estuche con armas y municiones que Sosa le habría entregado para ocultarlas: una pistola calibre 40 marca Glock, una escopeta calibre 12, 11 cartuchos calibre 40 y cuatro cartuchos calibre 12.

Qué pruebas se discutirán en el debate

Durante las audiencias, las partes alcanzaron más de 25 convenciones probatorias y se admitieron testimonios, pericias, documentos y evidencia material. El Ministerio Fiscal anticipó que presentará a 77 testigos, entre ellos Navarro Flores, agentes policiales, peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales y allegados a los involucrados.

También se incorporaron pruebas genéticas de ADN, registros de cámaras públicas y privadas, información extraída de dispositivos electrónicos y objetos secuestrados, como las bolsas que cubrían el cuerpo de Álvarez, cuerdas y teléfonos celulares.

Con la apertura a juicio aprobada, el expediente será enviado a la Oficina de Gestión de Audiencias, que deberá sortear el tribunal interviniente y fijar la fecha de inicio del juicio oral.