El Justicialismo pidió abstención y advirtió que el contrato “carece de transparencia, control institucional y participación territorial”. Qué pasó con los votos que faltaron y los que cambiaron de lado.
La Cámara de Diputados de San Juan dio luz verde al fideicomiso público Aporte DIA Vicuña y su anexo, el mecanismo que permitirá administrar los USD 250 millones que la minera comprometió para obras de infraestructura en la provincia. La votación cerró con 22 votos a favor, siete abstenciones y dos rechazos, en una sesión que dejó ausencias llamativas y cruces por el control de los fondos.
El instrumento fue firmado el 7 de octubre entre el Gobierno provincial y el Banco San Juan, que actuará como fiduciario. Con ese respaldo, queda habilitado el esquema para aplicar el dinero en obras viales, hídricas y de saneamiento.
De dónde sale la plata y por qué volvió a la Legislatura
El origen del aporte es el Acta Compromiso que el gobernador Marcelo Orrego suscribió con Vicuña el 5 de agosto. Ese acuerdo, que ya había pasado por la Legislatura en agosto, fijó una contribución extraordinaria, por única vez y no reembolsable.
Lo que se sometió a votación esta vez no fue el aporte en sí, sino la estructura para administrarlo y distribuirlo, con el Banco San Juan en el rol de fiduciario.
Los que no estuvieron y los que cambiaron de vereda
La sesión tuvo cinco ausencias. La más comentada fue la de Franco Aranda, que en agosto había acompañado el acuerdo con la minera y esta vez no se sentó en su banca. Su faltazo ocurrió después de su acercamiento al peronismo, tras el comunicado de respaldo a Sergio Uñac y Cristian Andino en el marco de la causa del Acueducto. No obstante, fuentes aseguraron que el legislador massista está de viaje hacia San Fernando, a un encuentro de peronismo federal.
Tampoco asistieron los justicialistas Miguel Vega, Fernanda Paredes, Eduardo Cabello y Omar Ortiz. Cabello y Ortiz, cabe recordar, habían votado a favor del convenio con la minera en la sesión de agosto.
En el otro extremo, los dos diputados de Albardón, Pedro Albagli y Cristina López de Abarca, apoyaron el fideicomiso. El caso de López de Abarca tiene un matiz: en agosto había rechazado el convenio con Vicuña y esta vez acompañó el instrumento para administrar los fondos. Con esos dos votos, la representación albardonera respaldó la iniciativa de manera completa.
Las abstenciones y los reparos al contrato
El bloque Justicialista, junto a Marta Gramajo, optó por la abstención. La diputada Marisa López explicó los motivos: “Este contrato de fideicomiso, a nuestro entender, carece de transparencia, carece de control institucional, carece de participación y de representación territorial”, sostuvo.
López sumó otras objeciones: el contrato no obliga a publicar información sobre el destino de los recursos ni prevé un informe periódico a la Cámara sobre las contrataciones. También cuestionó la composición del comité ejecutivo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo, sin lugar para municipios, intendentes, diputados departamentales ni la Cámara Minera. A su entender, el esquema termina priorizando las obras que necesita el proyecto Vicuña y no necesariamente las que benefician de forma directa a las comunidades.
Mario Herrero también planteó reparos institucionales y legales. Señaló que el contrato votado presentaba diferencias con el modelo incluido en el anexo del acta compromiso que la Legislatura había aprobado en agosto. “Lo que debió haberse pedido es una modificación de la ley 2836”, afirmó. Además, cuestionó la intervención de la Cámara en un asunto que, según su interpretación, no requería una nueva aprobación legislativa.
El diputado Jorge Castañeda puso el foco en la falta de participación de los territorios a la hora de definir las obras. Advirtió que las decisiones quedarán concentradas en el Gobierno provincial y sostuvo que los municipios deben tener intervención para fijar las prioridades de cada departamento. “Me voy a abstener, aunque tendría que votar en contra”, expresó, al explicar que no quería sentar un precedente que pudiera afectar a otros departamentos mineros, como Calingasta.
La defensa del oficialismo
Desde el oficialismo, Juan de la Cruz Córdoba respondió a los cuestionamientos y defendió las previsiones de control del contrato. Mencionó la rendición mensual de cuentas que deberá presentar el fiduciario, la posibilidad de pedir informes específicos y la obligación de realizar auditorías externas, independientes y periódicas.
Córdoba también justificó el paso por la Cámara: el contrato fue firmado entre partes distintas a las del acta compromiso, la Provincia y el Banco San Juan.
Leopoldo Soler, de Mejor Nosotros, adelantó su voto afirmativo y defendió la facultad del Ejecutivo para decidir sobre las obras. Puso como ejemplo el puente sobre el río Seco, una obra que consideró importante para Jáchal, aunque no esté directamente vinculada con la infraestructura minera de Vicuña. También valoró que los recursos puedan atender necesidades de distintos departamentos y sostuvo que el fideicomiso es una respuesta a los reclamos por la distribución de los fondos mineros.
El bloque San Juan Vuelve-PTP votó en contra. Con los 22 votos afirmativos, el oficialismo logró la aprobación del instrumento que permitirá avanzar con la administración de los USD 250 millones comprometidos por la minera.