El filtro que deja afuera a China: así funciona la cláusula que blindará el Belgrano Cargas

El Gobierno de Javier Milei puso en marcha la privatización del Belgrano Cargas con una condición que genera debate: las empresas controladas por Estados extranjeros no podrán competir por la concesión de las vías. La medida, conocida como cláusula “anti-China”, busca proteger un activo estratégico para el país.

El pliego de la licitación no menciona a China explícitamente, pero el apodo surgió por el efecto directo que tiene sobre las compañías estatales de ese país. Sin embargo, el alcance es más amplio: alcanza a cualquier sociedad que esté bajo control directo o indirecto de un gobierno extranjero.

¿Qué dice exactamente la cláusula?

La restricción establece que no podrán presentarse empresas cuyo control esté en manos de Estados soberanos extranjeros, ya sea de manera directa o indirecta. Esto incluye organismos públicos, empresas estatales y sociedades vinculadas con esos gobiernos.

El mecanismo funciona como un filtro previo: si una compañía no puede demostrar que cumple con las condiciones, quedará afuera de la competencia. No alcanza solo a las que tienen al Estado como accionista directo, sino también a aquellas donde el control se ejerce a través de otras empresas.

Además, la cláusula contempla restricciones para empresas estatales argentinas, tanto nacionales como provinciales, según lo establecido en la documentación licitatoria.

¿Por qué se la llama “anti-China”?

China tiene compañías con fuerte presencia internacional en infraestructura, transporte, energía y logística. Por eso, la decisión del Gobierno se interpreta como una forma de impedir que un Estado extranjero obtenga el control de un sector estratégico para la Argentina.

Sin embargo, jurídicamente la cláusula no está diseñada exclusivamente contra empresas chinas. También puede afectar a compañías controladas por otros gobiernos extranjeros que quieran participar de la licitación.

El pliego no prohíbe la participación de empresas extranjeras privadas. Una compañía de otro país puede competir siempre que cumpla con los requisitos. El problema aparece cuando detrás de esa sociedad existe control estatal, ya sea porque el gobierno es propietario o porque ejerce el control a través de otras sociedades.

¿Qué se concesiona y cómo se definirá el ganador?

La cláusula forma parte del pliego para concesionar durante 50 años las vías y los inmuebles vinculados con las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. La red actualmente operativa comprende 7.594 kilómetros y atraviesa 16 provincias.

El esquema contempla un modelo de “open access”: el concesionario tendrá a su cargo la infraestructura, pero otras empresas podrán utilizar las vías mediante el pago de un peaje. La licitación no se definirá solo por quién ofrece más dinero al Estado, sino por una combinación de inversiones comprometidas y el peaje que pretenden cobrar.

En términos generales, tendrá ventaja la propuesta que combine mayores inversiones con menores costos de utilización. El Gobierno estima que el proceso puede movilizar alrededor de US$1000 millones en inversiones para las tres líneas y contempla la posibilidad de que determinados proyectos accedan a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Esta no es la primera vez que la administración libertaria utiliza este tipo de restricción. Ya lo había hecho en la concesión de la Hidrovía y en el proyecto AMBA I. La incorporación de esta condición vuelve a mostrar el criterio del Gobierno en las privatizaciones: priorizar la participación privada y, al mismo tiempo, limitar el control directo o indirecto de otros Estados sobre sectores considerados estratégicos.