El fin de una era: La justicia ordenó la liquidación definitiva de un gigante del retail argentino

La agonía judicial de una de las cadenas de electrodomésticos más icónicas del país llegó a su final. El Juzgado Nacional en lo Comercial N°7 decretó la quiebra de Garbarino, poniendo punto final al proceso de salvataje que buscaba, sin éxito, rescatar a la compañía de la desaparición. La decisión, firmada el 4 de marzo por el juez Fernando D’Alessandro, activa ahora la liquidación de todos sus bienes.

El magistrado determinó que no existían condiciones para continuar con el concurso preventivo abierto en 2021. Según la resolución, la empresa no consiguió los acuerdos necesarios con sus acreedores y la única opción de rescate externo se diluyó, dejando la quiebra como el único camino.

¿Por qué fracasó el último intento de salvataje?

El proceso de cramdown, una instancia que permitía a terceros presentar propuestas para quedarse con la compañía, no arrojó resultados. La sociedad financiera Vlinder, único interesado inscripto en el registro, nunca llegó a formalizar una oferta de reestructuración. Al mismo tiempo, la propia Garbarino no logró reunir las adhesiones suficientes entre sus acreedores para aprobar un plan propio.

Ante este escenario de callejón sin salida, el juez D’Alessandro aplicó los artículos 48 y 77 de la Ley de Concursos y Quiebras, disponiendo la apertura del proceso falencial. Este fallo judicial sella uno de los colapsos empresariales más simbólicos del comercio minorista argentino en los últimos años.

Intervención total: qué pasa ahora con la empresa

Con la quiebra decretada, la compañía queda automáticamente desapoderada. La administración de todos sus bienes pasa ahora a manos de la sindicatura designada por el tribunal, que iniciará la identificación y eventual liquidación de activos para pagar a los acreedores.

El juez mantuvo la inhibición general de bienes y ordenó notificar a múltiples registros públicos, incluyendo los de propiedad inmueble, automotor y marcas, para rastrear cualquier activo a nombre de Garbarino. La medida se extendió incluso a la provincia de Tierra del Fuego, debido a la participación accionaria de la empresa en las sociedades industriales Tecnosur S.A. y Digital Fueguina S.A.

Además, el tribunal resolvió inhabilitar para ejercer el comercio a los directivos de la compañía: su presidente Carlos Rosales, la vicepresidenta María Marta Facio y el director Gabriel Rosales. La resolución también impuso una prohibición de salida del país para los tres ejecutivos hasta, al menos, octubre de 2026.

En paralelo, se ordenó cerrar las cuentas bancarias abiertas durante el concurso en el BBVA y transferir cualquier saldo al expediente judicial, prohibiendo cualquier pago o entrega de bienes sin autorización del síndico.

Clausura de locales y reclamos pendientes

Uno de los puntos más concretos de la resolución es la intervención sobre los últimos locales en funcionamiento. El tribunal ordenó constatar y eventualmente clausurar los tres puntos de venta identificados: las sucursales de Avenida Cabildo en Belgrano, de calle Uruguay en el centro porteño y un outlet en Almagro.

La sindicatura quedó autorizada a allanar domicilios y requerir fuerza pública para realizar inventarios y asegurar los bienes que puedan hallarse en esos establecimientos.

Simultáneamente, el juez abrió formalmente el proceso de verificación de créditos. Bancos, proveedores, exempleados y otros acreedores deberán presentar sus reclamos para determinar el pasivo final de la quiebra. El plazo para iniciar ese trámite vence el 24 de junio de 2026.

De líder del mercado a la desaparición

Este final judicial cierra la historia de una empresa fundada en 1951 que llegó a dominar cerca del 30% del mercado de electrodomésticos. En su apogeo, Garbarino tuvo más de 300 sucursales en todo el país, fábricas en Tierra del Fuego y negocios asociados, empleando a más de 5.000 trabajadores.

Una combinación de problemas financieros, caída del consumo y dificultades de acceso al crédito fue deteriorando su estructura. La venta de la compañía en 2020 a Carlos Rosales, quien prometía un rescate, no logró revertir la crisis.

Los informes judiciales revelaron que, hacia el final, la compañía operaba con menos de 20 empleados, apenas tres locales activos y ventas mensuales mínimas, sin capacidad financiera para sostenerse. Con la quiebra ya decretada, comienza la etapa de liquidación judicial para intentar satisfacer, en la medida de lo posible, a los acreedores, aunque el valor económico disponible parece muy limitado.

Así, una de las marcas más emblemáticas del retail argentino queda formalmente fuera del mapa corporativo, cerrando un proceso de deterioro que se extendió durante más de cuatro años en los tribunales.