El financista del fútbol que no pudo explicar casi $20 mil millones: terminó procesado y con un embargo récord
¿Qué encontró la Justicia en la certificación de fondos que firmó el dueño de Sur Finanzas para que el embargo llegue a los $40.000 millones? El dato que complica al financista del fútbol.
El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte procesó con prisión preventiva a Maximiliano Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y hombre de confianza de Claudio "Chiqui" Tapia en la AFA, en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y evasión impositiva. La resolución, dictada por el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, incluyó un embargo de $40.000 millones sobre sus bienes y otro por el mismo monto contra su madre, Graciela Beatriz Vallejo.
Para el magistrado, el financista ocupó el rol de jefe u organizador de una presunta asociación ilícita. A su madre le atribuyó una participación central en la estructura societaria, financiera y patrimonial del grupo.
La ruta del dinero bajo la lupa
De acuerdo con la investigación, la organización habría operado entre el 21 de septiembre de 2020 y el 1° de diciembre de 2025 con un objetivo claro: poner en circulación fondos de origen delictivo, darles apariencia legal, evadir impuestos y borrar rastros ante los organismos de control y la Justicia.
Sur Finanzas había ganado terreno en el mundo del fútbol a través de créditos otorgados a distintos clubes que, según la acusación, tenían condiciones usurarias.
Uno de los puntos centrales del expediente es la acusación de la fiscal Cecilia Incardona sobre el supuesto lavado de fondos provenientes de una plataforma clandestina de apuestas en línea, cuyos responsables están detenidos.
La maniobra investigada habría utilizado cuentas de personas indigentes para recibir el dinero. Desde esas cuentas, los fondos se repartían entre cuatro integrantes de la organización y luego regresaban al circuito formal a través de Sur Finanzas.
El número que justifica el embargo
Para fundamentar el monto de los embargos, el tribunal señaló que, solo en el tramo correspondiente a la billetera virtual, una certificación de origen de fondos firmada por Vallejo omitió $19.938.054.800 acreditados en enero de 2025.
Según la resolución, el mínimo de la multa prevista para esa operación ascendería a $39.876.109.600. Por ese motivo, el juez consideró que el embargo de $40.000 millones "no resulta desproporcionado" frente a la eventual responsabilidad pecuniaria.
Embargos para todos los investigados
La decisión también alcanzó a otras personas involucradas. El juzgado fijó embargos de $20.000 millones para María Fernanda Sena Argis; de $10.000 millones para Gerardo Salvador Carrozza; y de $5.000 millones para Silvia Torrado, Bárbara Denise Sena Argis y Maite Sofía Lorenzo, en cada caso. Para Sergio Gabriel Da Silveira, estableció un embargo de $4.000 millones.
Entre las sociedades, dispuso medidas por $30.000 millones para Sur Finanzas Group S.A. y Sur Finanzas PSP S.A., respectivamente, y por $10.000 millones para Centro de Inversiones Concordia S.R.L. También quedaron alcanzadas otras firmas relacionadas con la estructura investigada.
Las propiedades que quedan en la mira
El fallo ordenó, además, medidas sobre vehículos e inmuebles con fines de decomiso. Entre las propiedades figuran una vivienda en Saint Thomas Este Country Club, de Canning; unidades atribuidas a Graciela Vallejo; la casa central de Sur Finanzas, ubicada en Seguí 764/768/780, en Adrogué; otro inmueble de la misma calle, al 745; y un lote en Fincas de San Vicente.
Las medidas patrimoniales buscan asegurar los bienes frente a las consecuencias económicas que podría tener la causa. El procesamiento constituye un avance de la investigación sobre la presunta estructura financiera, aunque no equivale a una condena.
